Si la aldea gala de Asterix hizo temblar a la Roma de los
césares, no hay por qué extrañarse de que Andalucía le amargue la
fiesta neoliberal a la Unión Europea con un tímido decreto ley. Si
Europa tiembla por una prudente norma para asegurar el cumplimiento de
la función social de la vivienda que promulgaron el día 11 de abril PSOE
e IU como socios del gobierno autónomo, Dios nos libre de elegir
soberanamente políticas más radicales.
Por más que otras izquierdas consideren insuficiente el dichoso
decreto que intenta evitar que la avaricia rompa el techo de las
familias, a Angela Merkel debe sonarle a algo parecido como la
remasterización digital del Manifiesto Comunista, del Dios ni Amo, del
agrupémonos todos en la lucha final.
Así que Alemania, la actual Napoleona europea, ha ordenado a su José
Bonaparte particular que haga lo imposible por derogarlo. No se ha hecho
esperar la carga de los mamelucos y el Gobierno español se ha
apresurado a recurrirla ante el Tribunal Constitucional: a ojo de buen
cubero, por mucho que aplauda UPyD, no recuerdo ningún epígrafe de la
Constitución de 1978 sobre la protección a las cláusulas abusivas de las
hipotecas, pero hay varias alusiones al derecho a la vivienda. Claro
que igual ocurre con la subasta de medicamentos que Andalucía impulsa
para buscar precios más favorables y que los conservadores de las
gaviotas suelen recurrir también para hacer valer el derecho
constitucional de que las farmacéuticas se enriquezcan a costa del
erario público.
¿Alguien recuerda, a estas alturas, la guerra de la independencia? La
Francia imperial apelaba a las ideas de la revolución francesa para
expandirse por Europa y algunos españoles afrancesados aceptaron a Pepe
Botella porque iba a librarnos de los males reaccionarios y ancestrales
de nuestra nación. Sin embargo, la mayor parte del liberalismo español
hizo la guerra como pudo ante los invasores y promulgó su propia
Constitución más o menos democrática, que su propio rey se apresuró a
abolir cuando las huestes del general Murat volvieron grupas hacia los
Pirineos.
La Alemania imperial de hoy se refugia en la contención del gasto
público y en la protección de la banca para expandir el poder legendario
de los nuevos nibelungos y a cambio de unas migajas de empleo juvenil
para que nuestra generación mejor preparada curre a bajo precio para
quienes puedan pagarles. Abracadabra: el hada madrina que iba a
resolverlo todo, se está convirtiendo en la señorita Rockenmeyer
del Estado del Bienestar en nuestro país. Striptease total, sin duda
alguna: Angela manda y Mariano obedece. En contra de su propio pueblo y
en contra del Partido Popular de Andalucía, que no votó a favor pero
tampoco llegó a votar en contra del polémico decreto anti-desahucios a
su paso por el Parlamento.
En el breve lapso transcurrido desde que entró en vigor la
alternativa andaluza para que la gente sin recursos ni siquiera tenga un
techo donde empezar de nuevo, esta norma ha sido mucho más efectiva que
el Real Decreto-Ley 27/2012 de 16 de noviembre: ¿Recuerdan? Se trataba,
en aquel caso, de las “medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios” que el PP aprobó en Consejo de Ministros para
intentar acallar las protestas sociales de las diversas plataformas
anti-desahucios y del 15-M. ¿Cuántas veces se ha hecho uso hasta ahora
de dicho recurso para frenar la perdida irreparable de un hogar, de un
clavo ardiendo en donde aguardar a que escampe el temporal de esta
formidable estafa?
Sin embargo, el decreto andaluz tampoco ha generado una amnistía
general de los desahucios sino que su aplicación hasta ahora viene
siendo muy pormenorizada y excepcional. Como excepcional resulta también
la expropiación temporal durante un lapso máximo de tres años que
afecta a los bancos, cierto es, en un momento en el que intentan
deshacerse de su formidable parque inmobiliario, en un riesgo que
asumieron y que también hemos contribuido a amortiguar con los impuestos
de todos los españoles.
Que nadie se engañe. Ni José Antonio Griñán ni Diego Valderas
pretenden emular a Emiliano Zapata o a los bandidos generosos. Ahora,
eso sí, a pesar de los recortes que también afectan en Andalucía a áreas
tan sensibles como la Educación o la Salud, la Junta ha logrado marcar
la diferencia con el Gobierno central a pesar de que la historia
supuestamente haya muerto.
Seguro que tienen razón quienes sostienen que todos los políticos son
iguales porque unos y otros sólo pretenden gestionar la crisis del
capitalismo sin llegar a derrocar a este sistema. Será así, pero unos
son más iguales que otros. Y hay formas distintas de gestionar el
desastre: en cualquier naufragio no es lo mismo embarcar en las lanchas
salvavidas a todo el pasaje que reservarlas sólo para los viajeros de
primera. Y si Jean Paul Sartre afirmaba, después de mayo del 68, que la
revolución era imposible porque mancharía las moquetas, ahora nos
enfrentamos a la sórdida realidad de que la desesperación patria espera
un milagro y no una sublevación. ¿Cómo habríamos de explicarnos, si no,
que en los últimos tres años de estrangulamiento económico y sucesivas
perdidas de derecho, nadie ha sido capaz de articular una respuesta
contundente, que no violenta, contra el austericidio? De hecho, ni
siquiera veo a las muchedumbres estudiantiles echándose a la calle para
condenar a la denostada Ley Wert o su política de becas, cuyo debate
sigue centrado en las tribunas mediáticas y políticas.
Nadie apuesta en demasía, a estas alturas de la película, por la
flamante Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios que el gobierno
del PP promulgó finalmente el mes pasado, después de fracasar en su
intento de criminalizar a Ada Colau y a los escraches de la Plataforma
Anti Hipotecas y Stop Desahucios. Hizo falta una epidemia de suicidios,
un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una
Iniciativa Legislativa Popular para forzar a La Moncloa a mover ficha
tímidamente: “La ley española sobre los desahucios viola la Directiva
93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas
abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los
bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa
del desalojo”, afirmó la abogada general del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea el pasado 8 de octubre, asegurando al mismo tiempo que la
regulación procesal española, en esta materia, resultaba incompatible
con las directivas comunitarias.
La PAH aseguraba entonces que, desde 2007, se habían producido
alrededor de 400.000 desahucios en nuestro país. El ministro Guindos se
apresuró a resaltar, cuando promulgó su propio decreto, que habría
120.000 beneficiarios potenciales de las medidas que el Gobierno iba a
acometer. ¿Cuántos se han beneficiado hasta ahora? Tampoco en Andalucía
estamos hablando de una cifra superior al centenar. ¿Eso hace temblar a
Europa o es que temen que los gobernantes andaluces hayan caído en la
marmita como Obelix y cuenten con una poción mágica para intentar, al
menos, que si los más débiles no pueden acabar con el capitalismo feroz,
el capitalismo feroz no acabe con ellos?
Curiosa forma de ejercer el patriotismo: aquellos que alardean de la
bandera rojigualda hasta exhibirla en su ropa más que en los estancos,
se inclinan ante las directrices europeas, escritas probablemente en
alemán. A lo mejor, cualquier día de estos, tendríamos todos que volver a
Cádiz y redactar una Constitución que nos sirva en lugar de una que nos
corte las alas.
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