Una apuesta catastrófica
Con la recogida de firmas contra la reforma del Estatuto de Autonomía, Mariano Rajoy hizo una apuesta que ha resultado ser catastrófica para su propio partido, que prácticamente ha desaparecido electoralmente en Catalunya y País Vasco
Con la recogida de firmas
en mesas extendidas por todas las "regiones" españolas contra la
reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, Mariano Rajoy puso en
marcha una operación que ha marcado la agenda política desde entonces.
La negativa a entrar en cualquier tipo de negociación política y la
decisión de subcontratar la política territorial del partido al Tribunal
Constitucional (TC) acabó, tras la decisión del TC de aceptar la
subcontrata, en la liquidación de la fórmula que se consensuó en 1978
para resolver la integración de las "nacionalidades" en el Estado.
Dicha
fórmula consistía en el pacto entre el parlamento de la "nacionalidad" y
las Cortes Generales y la aprobación de dicho pacto por el cuerpo
electoral destinatario del mismo. Pacto+referéndum. Esta era la
Constitución territorial de 1978 para las "nacionalidades" en general y
para Catalunya muy en particular. Dicha Constitución se respetó
escrupulosamente en la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya de
2006. A pesar de ello, el TC desautorizó el pacto entre los dos
parlamentos y desconoció el resultado del referéndum, haciendo saltar
por los aires la Constitución territorial en la "nacionalidad" catalana.
La sentencia 31/2010 del TC marca una línea divisoria en
la historia de la Constitución de 1978. Si hasta ese momento, con sus
luces y sus sombras, como ocurre con toda constitución, la historia de
la Constitución de 1978 había sido la historia de un éxito, había tenido
muchas más luces que sombras, a partir de ese momento ha ocurrido
justamente lo contrario: el fracaso se ha impuesto de manera inequívoca.
Son muchas más las sombras que las luces. Por eso nos encontramos como
nos encontramos.
La apuesta de Mariano Rajoy ha sido
un caso de libro de error de cálculo. El PP creyó que, con ese ataque
frontal contra la reforma estatutaria catalana, reforzaría su papel como
"partido de gobierno" de España, en tanto que devaluaría el del PSOE.
El PP no tomó en consideración nada más que las ventajas que la
operación le podía reportar, sin calcular los costes que podría tener.
Estos últimos han acabado superando a las primeras.
Inicialmente
no pareció ser así. La operación pareció un éxito rotundo. Tanto en
Catalunya como en el Estado. En el otoño de 2010, a los pocos meses de
que se hiciera pública la STC 31/2010, el PP consiguió deshacer el
tripartito de izquierda que había dirigido Catalunya en las dos últimas
legislaturas, haciendo bajar al PSOE de 37 a 28 escaños y a ERC de 21 a
10, mientras que CiU subía de 48 a 62 y el PP, de 14 a 18. Mayoría
aplastante de derechas frente a la clara mayoría de izquierda de 2006.
Este
éxito inicial de la operación se vería reafirmado en las elecciones
municipales y autonómicas de las 13 comunidades del artículo 143 en el
mes de mayo de 2011 y culminaría con la mayoría absoluta de 186 escaños
del PP en las elecciones del mes de noviembre, 11 de los cuales los
obtendría en Catalunya con representación en las cuatro provincias
catalanas. El cálculo con base en el cual la dirección del PP había
realizado la apuesta no podía parecer más acertado.
La
apariencia de éxito duraría poco. En las elecciones catalanas de 2012,
el PP todavía mantendría el impulso de 2010 y obtendría 19 escaños en el
Parlamento de Catalunya. Pero esos 19 se verían reducidos a 11 en las
elecciones de 2015 y a 4 en las de 2017.
En las
elecciones generales le ha ocurrido lo mismo. En las cuatro provincias
catalanas, el PP ha pasado de los 11 de 2011 a 5 en 2015, 6 en 2016 y 2
en las dos elecciones de 2019.
Esa misma trayectoria
descendente la ha vivido el PP en el País Vasco, a pesar de que la
estrategia del nacionalismo vasco ha sido muy distinta de la del
nacionalismo catalán. Lo de que nadie escarmienta en cabeza ajena no se
ha cumplido en este caso. Más bien es al refrán de las barbas del vecino
al que se ha apuntado el cuerpo electoral vasco.
La
apuesta de 2005-2006 contra la reforma estatutaria catalana, prolongada
hasta 2010 en que se dictó la STC 31/2010, ha sido el clásico ejemplo
del tiro por la culata. El PP no ha desaparecido por completo, pero sí
se ha convertido en un partido marginal en las dos "nacionalidades",
cuya integración en el Estado es el problema constituyente más
importante de la sociedad española.
Y no solamente
eso, sino que ha conseguido que tanto el nacionalismo catalán como el
vasco se fortalezcan y aumenten su representación parlamentaria en los
parlamentos de ambas nacionalidades y en el Congreso de los Diputados,
convirtiéndose en más imprescindibles que nunca para la investidura del
presidente del Gobierno de la Nación o para el éxito de una moción de
censura.
Se trata, además, de un nacionalismo que ha
pasado de ser "muy" mayoritariamente "autonomista" a un nacionalismo
mayoritariamente "independentista". Cuando más importante sería que los
partidos de gobierno de España tuvieran una presencia significativa en
ambas "nacionalidades", está ocurriendo lo contrario. El PP con su
apuesta de 2005-2006 consiguió debilitar al PSOE, pero ha conseguido,
sobre todo, condenarse a sí mismo casi a la irrelevancia.
Corolario
de esta degradación del PP como "partido de gobierno" del Estado ha
sido la fragmentación de la representación política de la derecha
española en las "regiones". La "irrelevancia" en las "nacionalidades" se
traduce en "fragmentación" en las "regiones". Es la debilidad del PP en
Catalunya y País Vasco la que ha acabado conduciendo a la pérdida del
monopolio que había tenido en la representación del conjunto de la
derecha española.
La apuesta de 2005-2006 de Mariano
Rajoy, "porque le dio la gana", no solo ha desatado una crisis que ha
estado a punto de ser existencial y que todavía puede acabar siéndolo
para el PP, sino que ha supuesto y sigue suponiendo el mayor riesgo para
la integridad territorial del Estado. La debilidad del PP y el
correlativo fortalecimiento de Vox es una amenaza muy superior a la
unidad de España que la que representan CiU y ERC. La "caricatura" de la
unidad de España que el PP y Vox pretenden imponer es el mayor riesgo
para la integridad territorial del Estado.
No hay que
dejarse engañar. El PP y Vox gritan tanto y tienen que estar recurriendo
permanentemente a los jueces porque han fracasado políticamente. Cuando
se está fuerte políticamente y se tiene una autoridad reconocida por la
sociedad, no se necesita acudir a los jueces para que te la
proporcionen. La mayoría social en España no está por el 155, sino por
la negociación. No está por subcontratar la política territorial a los
tribunales, sino a favor de la negociación política entre los órganos
constitucionales y estatutarios legitimados democráticamente de manera
directa. A esto último es a lo que hay que dedicarse.
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