Assange, la prensa en peligro
La justicia británica debe denegar la entrega de Assange a Estados Unidos y poner fin a la persecución política. Assange, como periodista, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense
La libertad de expresión,
la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, todos
juntos, derechos esenciales para la democracia, libran estos días una
batalla determinante. Una batalla en la que las sociedades civilizadas
se juegan en gran medida la esencia misma de la democracia, es decir, la
rendición de cuentas de los gobernantes ante sus ciudadanos. Me refiero
al juicio de extradición que comienza en Londres contra el periodista
Julian Assange, a instancias de los Estados Unidos de Norteamérica.
Si
el fundador de la agencia de noticias WikiLeaks fuera entregado a este
país, se habría sacrificado la transparencia de nuestros gobiernos ante
la daga de la seguridad nacional. La prensa mundial quedaría en una
situación alarmante, pudiendo ser procesada por la justicia
estadounidense, sin defensa factible, a su entera voluntad, siempre que
considere que una concreta publicación ha afectado a sus poderosas
instituciones. En ese momento, el ejercicio del poder ejecutivo, por
demás omnímodo en la actual administración, avanzaría por una senda
totalitaria peligrosísima, sin una prensa combativa que fiscalice su
actuación y garantice que los soberanos ciudadanos disponen de
información suficiente sobre sus gobernantes para controlar su
actuación.
Al señor Assange le acusan las autoridades
norteamericanas de cometer 18 delitos, 17 de los cuales se registran
bajo la Ley de Espionaje de 1917, una anacrónica norma para perseguir
espías en el marco de la Primera Guerra Mundial; y uno relacionado con
la supuesta ayuda a la militar Chelsea Manning para manejar las
computadoras desde donde, dicen, salió la información. La petición de
pena es de nada menos que 175 años de cárcel, lo que implica de facto
una cadena perpetua, en unas condiciones de aislamiento casi absoluto,
por aplicación de las denominadas ‘Medidas Administrativas Especiales’
(SAMS, en inglés) no se le permitirá ningún contacto con la familia,
solo con sus abogados que no podrán transmitir mensaje alguno sin
enfrentar cargos criminales. Su crimen, la publicación de los diarios de
guerra de Irak y Afganistán en 2010, los cables del Departamento de
Estado y los archivos de Guantánamo sobre los allí encarcelados. Unas
publicaciones que evidenciaron la comisión de crímenes de guerra,
torturas sistemáticas y demás crímenes internacionales.
Es
necesario recordar que WikiLeaks es una agencia de noticias cuyo valor
añadido fue crear un sistema de cortafuegos en las IPs para garantizar
que cualquier persona, cualquier ‘whistleblower’ del mundo, pudiera
enviar información sobre corrupción o comisión de delitos a la
plataforma, para que se pudieran conocer garantizando el anonimato de la
fuente. Por ello, nadie, ni siquiera el propio Julian Assange, pueden
conocer el origen de la información que publica la plataforma.
Paradójicamente, la Directiva europea sobre los alertadores contra la
corrupción, va en ese sentido.
Sobre la base de esa
innovadora idea que sometía a los poderosos a que sus miserias pudieran
ser conocidas, la agencia de noticias ha publicado información de
diversa índole, como el vertido de residuos tóxicos en Costa de Marfil
por la multinacional Trafigura, los manuales de instrucción de la base
militar de Guantánamo, evidencias de corrupción y ejecuciones
extrajudiciales en Kenya o la censura de Internet en China, entre otros.
La innovación introducida en el mundo de la prensa por WikiLeaks a
través de su fundador, Julian Assange, ha sido galardonada por múltiples
premios internacionales como el The Economist New Media Award en 2008,
el Premio de Nuevos Medios de Amnistía en 2009, la Medalla de Oro de la
Fundación de la Paz de Sydney en 2011, el Premio Global Exchange Human
Rights People's Choice en 2013, el Premio a la Defensa de los Derechos
Civiles Yoko Ono Lennon en 2013, además de las nominaciones para el
Premio Mandela de las Naciones Unidas en 2015 o las nominaciones durante
varios años consecutivos para el Premio Nobel de la Paz.
Sin
embargo, Estados Unidos jamás perdonó que WikiLeaks sometiera su
política exterior al escrutinio de la opinión pública mundial. Nunca
aceptó que WikiLeaks evidenciara la comisión de crímenes internacionales
por parte de su Ejército. De hecho, la mayor paradoja norteamericana es
que la persona que reveló esos crímenes se encuentra sometida a
procesamiento ante un Grand Jury en Virginia, mientras que los militares
que cometieron esos crímenes están absolutamente impunes en la misma
jurisdicción norteamericana. Todos recordamos aquel video en el que un
helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad disparaba
indiscriminadamente contra civiles, incluso contra un vehículo con una
familia y niños que iban a la escuela. Esos militares viven
tranquilamente en Estados Unidos, mientras que Julian Assange afronta
175 años de cárcel.
Tampoco perdonó Estados Unidos a
quien, según la justicia de ese país, habría sido la fuente de
WikiLeaks, Chelsea Manning. En febrero de 2012 el Relator de la ONU
contra la Tortura informó que Manning había sido sometida a trato cruel,
inhumano o degradante. Posteriormente condenada y su pena conmutada por
la Administración Obama al terminar su mandato, en la actualidad se
encuentra nuevamente en prisión por negarse a declarar contra Assange.
El
calvario de Assange desde la publicación de los diarios de la guerra de
Irak y Afganistán no puede ser denominado más que de tortura, como ha
sido confirmado también por el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils
Melzer. En 2012 tuvo que refugiarse en la minúscula Embajada de Ecuador
en Londres para evitar una entrega a Suecia, donde se negaban garantías
de no reextradición a Estados Unidos, por una caótica causa sin sentido
alguno que jamás formuló cargos y que se cerró tres veces sin evidencia
alguna. Durante casi siete años Julian Assange vivió sin acceso a la
luz solar ni al aire fresco, con un padecimiento físico y psicológico
indescriptible. Actualmente, ya detenido después de que las presiones
económicas de Estados Unidos al actual Gobierno de Ecuador
fructificaran, su situación es insostenible. En una cárcel de máxima
seguridad, conocida como la “Guantánamo Británica”, con un limitado
acceso a abogados y en una situación de práctico aislamiento.
La
extradición que comienza el 24 de febrero y que culminará el 5 de junio
debe inapelablemente concluir con la denegación de la entrega del
periodista. El peligroso precedente que esta extradición puede suponer
ha sido advertido por la práctica totalidad de los organismos
internacionales del mundo. Ya a comienzos de 2016 el Grupo de Trabajo de
Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
indicó que la situación de Assange era de detención arbitraria,
requiriendo a Reino Unido y Suecia su inmediata liberación e incluso una
indemnización por el daño causado. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 30 de mayo de 2018 libro una opinión consultiva vinculada a
su caso donde indicaba la obligación de garantizar el asilo. Múltiples
relatores de la ONU de mandatos como la tortura, la privacidad, las
ejecuciones extrajudiciales, y demás organismos del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, igualmente se han pronunciado contra esta
arbitrariedad desplegada por Estados Unidos. Además, desde la sociedad
civil, la práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos
han cerrado filas indicando que la prensa libre del mundo está en
peligro con este caso. De hecho, también los medios de comunicación del
mundo han señalado que sus periodistas se encontrarían en peligro con la
entrega de Assange a Estados Unidos.
La justicia
británica debe denegar esta peligrosa entrega y poner fin a la
persecución política. En primer lugar, porque Julian Assange, como
periodista, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de
Estados Unidos, donde se recoge el derecho a la libertad de prensa y a
la publicación de información veraz obtenida de fuentes anónimas. En
segundo lugar, por la desproporción que implica la aplicación de la Ley
de Espionaje y una pena de 175 años de cárcel contra un periodista en
ejercicio. Pero sobre todo, en tercer lugar, por gravísimos hechos que
afectan además a nuestro país, como es el hecho de que la Audiencia
Nacional esté investigando a la empresa de seguridad española que
prestaba servicios en la embajada por, presuntamente, haber instalado
micrófonos ocultos, haber extraído información de los teléfonos,
fotocopiado documentos personales, e instalado cámaras de vídeos
ocultando micrófonos en las mismas, con la presunta finalidad de
entregar esa información a Estados Unidos.
Un abusivo y
totalitario esquema de espionaje contra Assange y sus abogados que
evidenciaría una absoluta falta de garantías del periodista ante la
jurisdicción norteamericana.
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