Hay que quitarle la escopeta al CGPJ
Alguien que sale de un sorteo no le debe favores a nadie, ni puede esperar que se los devuelvan después
"Cuando
se desarrollan las condiciones para el fortalecimiento del judicial,
este llega a ser más fuerte y, faltando un sistema eficaz de
contrapesos, resulta ser el que deja de estar contrapesado"
Guarneri y Pederzoli. Los jueces y la política
Guarneri y Pederzoli. Los jueces y la política
Esta
polémica está a punto de estallar para el gran público, pero ya se
mueve soterradamente en redes, cenáculos de poder y asociaciones
judiciales. La inaplazable renovación de un CGPJ que lleva en funciones
más de un año, que responde al modelo más nefasto jamás concebido y que
alberga un nivel de "podredumbre interna inaguantable", según sus
propios miembros, va a encontrar resistencias políticas del PP y,
también, de las asociaciones judiciales. De ambos predigo lo de las
resistencias políticas y ya verán el porqué.
Avanzó el
PP que se iba a negar a renovar pero parece haber virado un tanto,
sobre todo al designar al halcón Enrique López, viejo conocido de mis
lectores, para que negocie con el nuevo ministro Juan Carlos Campo.
Ambos son viejos zorros, ambos jueces ahora en política, y ambos se
tienen tentadas las ropas desde que formaron parte juntos del anterior
CGPJ, que se hizo fuerte durante dos años por voluntad política del PP
que, en esa ocasión también, se negó a renovar en plazo. Los populares
se emboscan ahora en una negociación global que cambie también otras
cosas –no creo que los socialistas caigan en otra emboscada como la del
Pacto por la Justicia– y entre ellas, la forma de designación de los
vocales judiciales del Consejo (12) para, dicen, acabar con la
politización mediante la elección interna por los propios jueces, a
través digan lo que digan de sus asociaciones, como "debe ser". No sé si
debo recordarles que el PP llevaba este extremo en su programa y cuando
tuvo mayoría absoluta no lo cumplió o si no merece la pena recordarlo,
dado que a la mayor parte de las asociaciones judiciales no parece
preocuparles ni importunarles este jugueteo táctico de la derecha con
sus aspiraciones.
Los jueces, mayoritariamente,
afirman aspirar a esa fórmula que consideran originariamente
constitucional para "acabar con la politización". Sólo el primer CGPJ de
la historia fue elegido de esa forma y su resultado fue "un consejo
corporativo, reivindicativo y beligerante con los gobiernos", según
analiza el magistrado Diego Iñiguez en su documentada obra "El fracaso
del autogobierno judicial". Así, afirma: "desde su entrada en
funcionamiento en 1980, el CGPJ hizo lo posible para obstaculizar las
políticas reformistas de los cada vez más débiles gobiernos de UCD y de
los fuertes del PSOE a partir de 1982". ¿Le ven el punto? Esta
circunstancia fue la que llevó a González a alterar la forma de elección
de los vocales, para que estos no lo fueran de forma corporativa sino a
través de su refrendo parlamentario. La reforma fue considerada
constitucional sólo si no "reproducía matemáticamente" el equilibrio de
fuerzas del Congreso y, tarea vana, eso es exactamente lo que ha
sucedido.
Hubo un momento, a principios de 2018, en el que yo me mostré muy asqueada de esta adscripción política de los miembros del CGPJ;
aunque mi opinión ha variado claramente en los dos últimos años debido
al claro movimiento de acaparamiento del poder a través de la
connivencia entre diferentes estratos de magistrados de las cúpulas.
Como dice la cita del encabezado, es ahí donde, fallando el sistema de
contrapesos, se queda con el poder el único poder del Estado que no está
contrapesado. Ustedes ya saben de qué hablo porque me leen. Me caí del
burro, yo no aspiro al caballo de San Pablo, cuando vi la connivencia
para la cacicada que se hizo con la hija de Marchena y cuando comprobé cómo el asunto del procés provocaba unas ondas centrífugas de poder que nada tenían que ver con la división en bandos ideológicos, sino con otra cosa.
Creo que ahí y en el resto de mi producción encontrarán la explicación
de por qué me da miedo que el PODER, porque se trata de eso, de obtener
el poder, pase de los políticos al turbio mundo de las tramas internas
de influencia que se tejen dentro de la carrera judicial.
Los
jueces saldrán ahora en tromba a decir que ése es el sistema que GRECO
(Grupo Europeo contra la Corrupción) le insta a España a imponer. La
verdad es que nadie que lea el último informe GRECO de 2019 verá esa
referencia. Verá que el grupo nos ha sacado de los países a mantener
vigilados precisamente porque el Gobierno Sánchez, con el apoyo de los
mismos grupos que ahora, revirtió la nefanda reforma de Gallardón. El
informe dice que la LO 4/2018 –por la que los vocales del nuevo CGPJ que
se nombre ahora volverán a tener dedicación completa, volverá el poder
al Pleno, habrá mayoría cualificada en la toma de decisiones, habrá
mayor transparencia en los nombramientos y se establecerá la paridad y
la formación sobre género– le deja mucho más tranquilo aunque "siguen
siendo necesarias nuevas mejoras". Para que todo esto, que ha consolado
tanto al Consejo de Europa, se ponga en marcha, es imprescindible
renovar al difunto CGPJ de Lesmes inmediatamente. Las peticiones de los
jueces de volver a la elección corporativista precisarían, además, de
una reforma legislativa que enviaría la renovación a muchos meses vista.
En
realidad, el debate sobre si el PODER lo deben controlar los partidos
políticos, a través del Parlamento o las asociaciones judiciales, no es
el debate de fondo que es preciso plantear. Ambas fórmulas son
perversas. Aun así ya les digo que, de tener que elegir, me seguiría
quedando con la del reparto de la túnica con un cierto entronque con la
soberanía popular y no la que se reparte los trozos según las dinámicas
de poder internas, las familias, las bandas y las asociaciones
judiciales. No sé a veces cómo los jueces de base no reparan en que
muchos de los que dicen representarles no están sino cabalgando su
propia carrera a lomos de una jaca, la asociativa, que se ha rebelado
también muy útil. El verdadero debate es el de cómo alejar el carácter
constitucionalmente político del CGPJ de la politización e
instrumentalización de la jurisdicción, es decir, de los tribunales que
son lo que importan y no el propio CGPJ, al que ni los jueces le tienen
mucha estima y que es una importación desafortunada de la figura
italiana de la que no se copiaron muchos de los contrapesos.
¿Por
qué tienen tanto interés los partidos en el CGPJ? ¿Por qué tienen tanto
interés las asociaciones judiciales por tomar el control de su mayoría?
¿Se lo digo? Por la zanahoria y por el palo, en palabras del mismísimo
Lesmes, es decir, porque desde ahí se puede controlar la composición de
los tribunales más importantes, el control de algunos asuntos
determinados y el castigo o premio de los jueces que participen en
ellos. Así las cosas, no creo que mejoren por otorgarle el control de
tan poderosa arma a unos o a otros.
La propuesta, que
no sólo yo defiendo, es la de la conveniencia de arrebatarle la escopeta
al CGPJ. Así, sin poder disparar, ya verán cómo deja de haber bofetadas
por poner a unos u otros cazadores. El arma son, sobre todo, el
nombramiento de los cargos judiciales más importantes, entre ellos los
que juzgan aforados. Lo están viendo ustedes todos los días. Quitarles
la escopeta pasa por establecer un sistema de nombramientos que no pueda
ser motivo de cambalache ni de político ni de tráfico de poder. Ahora
mismo, ningún juez puede tener una carrera profesional sin tragar y
entrar en este mercadeo y eso sí afecta a la virtud individual de la
independencia.
¿Cómo hacerlo? Hay opciones. La más
obvia y menos secundada es la de la vuelta a la antigüedad como forma de
promoción. Dice GRECO que "cuando las promociones no se hacen por
antigüedad" es fundamental que los parámetros de mérito y capacidad
estén claramente delimitados. Y ahí es donde entra la otra trampa
porque, a pesar de que ya se le ha puesto algún freno, el catálogo de
mérito y capacidad está muy lejos de ser neutro, claro, diferenciado y,
sobre todo, respetado.
Otras fórmulas pasarían por la
introducción de un sistema de sorteo al final de procedimiento que
impidiera que nadie pudiera prometer cargos, ni por tanto trocarlos por
otros, y eso haría perder el control sobre la elección. La vuelta a la
insaculación o sorteo en los procesos democráticos es una disciplina que
está en boga últimamente. Como dijo Rousseau, el sorteo se puede
introducir cuando los llamados a desempeñar el cargo "tengan igual
competencia". Y esto sí que es más fácil de conseguir estableciendo los
baremos de mérito fijos y haciendo que el CGPJ establezca así ternas o
quíntuplas que sean insaculadas y de las que se extraiga por sorteo al
nuevo cargo judicial.
Lo de ahora es insostenible por
la politización y por la mediocridad infame con la que está proveyendo a
tribunales, cuya excelencia es imprescindible para el funcionamiento
del sistema.
Deshagamos el nudo gordiano de los
nombramientos y verán cómo los políticos de todo signo y los jueces
dejan de pelearse por controlar por la puerta de atrás nada. Alguien que
sale de un sorteo no le debe favores a nadie, ni puede esperar que se
los devuelvan después.
Hay que quitarles la escopeta. Es un juguete demasiado peligroso.
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