Farlopa para la tropa
Ha
iniciado el PP una campaña muy futbolera para denunciar que Pedro
Sánchez gobierna con el tiempo reglamentario cumplido y que los penaltis
en forma de decretos ley que aprueba y marca los viernes no deberían
subir al marcador. Así, a la afirmación de Pablo Casado de que el
Ejecutivo está metiendo la mano en el bolsillo de los españoles para
financiar su campaña electoral se ha sumado Ana Pastor que, al parecer
espera tener vida más allá de Rajoy, y que ha sentenciado que “ningún
Gobierno puede ir dopado a las elecciones”. Para impedir que la farlopa
llegue a la tropa los populares recurrirán a la Junta Electoral Central
para que haga de árbitro y con ayuda del VAR rearbitre las jugadas más
polémicas.
No deja de ser irónico que la sartén acuse al cazo por sus tiznajos, ya que estas denuncias proceden de un partido condenado por financiación irregular que se nutrió de donaciones ilegales de empresarios y que desvió en su provecho subvenciones públicas para saltarse a la torera los límites presupuestarios de sus campañas. Hay que suponer, por tanto, que los yonkis del dinero se han pasado al Proyecto Hombre.
Es indiscutible el abuso que el Gobierno ha hecho en su breve andadura de los decretos ley, pero en su defensa cabe señalar que la oposición de PP y Ciudadanos convirtieron la Mesa del Congreso en un muro infranqueable contra el que se estrellaron decenas de iniciativas legislativas mediante la ampliación artificial de los plazos de enmiendas, lo que ha merecido un recurso del PSOE al Tribunal Constitucional. Sólo con la legislatura prácticamente concluida y sin tiempo material para su tramitación, la Mesa levantó el veto a cerca de una veintena de proyectos de ley, que hasta entonces habían dormido el sueño de los justos y hasta de los injustos.
Este obstruccionismo ha tenido dos efectos indeseables: el primero, secuestrar la voluntad mayoritaria de la Cámara, articulada en torno al Gobierno, e impedir que pudiera sacar adelante gran parte de sus medidas; el segundo, advertir sobre la inconveniencia en el futuro de poner en manos de la oposición el control de la Cámara, algo que se suponía muy democrático porque permitía una mayor vigilancia de los actos del Ejecutivo pero que en la práctica se ha demostrado kafkiano.
Vuelve por tanto a ser un sarcasmo que quienes han impedido que la nueva mayoría parlamentaria pudiera legislar y que cuando estuvieron al frente de un Gobierno en funciones hurtaron a las Cámaras legalmente constituidas su facultad de fiscalizar al Ejecutivo hablen ahora de uso partidista de las instituciones.
Sea como fuere, la protesta de Casado por esas supuestas “prácticas mafiosas” de Sánchez para hacer “una campaña electoral financiada con el rodillo de los reales decretos sociales” es, al menos hasta este momento, precipitada. Y lo es porque hasta esa misma semana no han sido disueltas las Cortes, y no puede esgrimirse que se intenta aprobar furtivamente en la Diputación Permanente del Congreso medidas extemporáneas de un Gobierno en funciones, que debería limitar su actividad a la mera gestión ordinaria.
De hecho, en puridad, ni siquiera es cierto que el Gobierno esté en funciones ya que su cese sólo es efectivo tras la celebración de elecciones generales (artículo 101 de la Constitución), de manera que ese interregno meramente administrativo comenzará el 28 de abril y se prolongará hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. En consecuencia, el Gobierno goza hasta ese momento de plenas atribuciones, entre ellas la de enviar decretos ley para su convalidación a la Diputación Permanente, que asume las facultades del Congreso disuelto.
Otra cosa es que dichos decretos cumplan las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que la propia Constitución establece para este tipo de instrumentos y que, en cualquier caso, pueden ser recurridos al Constitucional por los nuevos diputados y senadores. Claro que la “extraordinaria necesidad” es relativa y que siempre será mejor que del ‘dopaje’ se beneficien muchos y no sólo Esperanza Aguirre. ¿Es urgente que los parados mayores de 52 años sin otros ingresos cobren un subsidio? Que se lo pregunten a los parados.
No deja de ser irónico que la sartén acuse al cazo por sus tiznajos, ya que estas denuncias proceden de un partido condenado por financiación irregular que se nutrió de donaciones ilegales de empresarios y que desvió en su provecho subvenciones públicas para saltarse a la torera los límites presupuestarios de sus campañas. Hay que suponer, por tanto, que los yonkis del dinero se han pasado al Proyecto Hombre.
Es indiscutible el abuso que el Gobierno ha hecho en su breve andadura de los decretos ley, pero en su defensa cabe señalar que la oposición de PP y Ciudadanos convirtieron la Mesa del Congreso en un muro infranqueable contra el que se estrellaron decenas de iniciativas legislativas mediante la ampliación artificial de los plazos de enmiendas, lo que ha merecido un recurso del PSOE al Tribunal Constitucional. Sólo con la legislatura prácticamente concluida y sin tiempo material para su tramitación, la Mesa levantó el veto a cerca de una veintena de proyectos de ley, que hasta entonces habían dormido el sueño de los justos y hasta de los injustos.
Este obstruccionismo ha tenido dos efectos indeseables: el primero, secuestrar la voluntad mayoritaria de la Cámara, articulada en torno al Gobierno, e impedir que pudiera sacar adelante gran parte de sus medidas; el segundo, advertir sobre la inconveniencia en el futuro de poner en manos de la oposición el control de la Cámara, algo que se suponía muy democrático porque permitía una mayor vigilancia de los actos del Ejecutivo pero que en la práctica se ha demostrado kafkiano.
Vuelve por tanto a ser un sarcasmo que quienes han impedido que la nueva mayoría parlamentaria pudiera legislar y que cuando estuvieron al frente de un Gobierno en funciones hurtaron a las Cámaras legalmente constituidas su facultad de fiscalizar al Ejecutivo hablen ahora de uso partidista de las instituciones.
Sea como fuere, la protesta de Casado por esas supuestas “prácticas mafiosas” de Sánchez para hacer “una campaña electoral financiada con el rodillo de los reales decretos sociales” es, al menos hasta este momento, precipitada. Y lo es porque hasta esa misma semana no han sido disueltas las Cortes, y no puede esgrimirse que se intenta aprobar furtivamente en la Diputación Permanente del Congreso medidas extemporáneas de un Gobierno en funciones, que debería limitar su actividad a la mera gestión ordinaria.
De hecho, en puridad, ni siquiera es cierto que el Gobierno esté en funciones ya que su cese sólo es efectivo tras la celebración de elecciones generales (artículo 101 de la Constitución), de manera que ese interregno meramente administrativo comenzará el 28 de abril y se prolongará hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. En consecuencia, el Gobierno goza hasta ese momento de plenas atribuciones, entre ellas la de enviar decretos ley para su convalidación a la Diputación Permanente, que asume las facultades del Congreso disuelto.
Otra cosa es que dichos decretos cumplan las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que la propia Constitución establece para este tipo de instrumentos y que, en cualquier caso, pueden ser recurridos al Constitucional por los nuevos diputados y senadores. Claro que la “extraordinaria necesidad” es relativa y que siempre será mejor que del ‘dopaje’ se beneficien muchos y no sólo Esperanza Aguirre. ¿Es urgente que los parados mayores de 52 años sin otros ingresos cobren un subsidio? Que se lo pregunten a los parados.
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