El Gobierno recurre al Constitucional la ley valenciana que evita los cortes de luz en hogares pobres
El Consejo de Ministros ha aprobado
un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la
interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con el
artículo 3 de la ley valenciana de Pobreza energética y 14 de la ley
valenciana por la Función Social de la Vivienda. En el momento se
presente el recurso la aplicación de ambas normativas se suspenderá
hasta que el alto tribunal falle.
El artículo 3 de la
ley valenciana de Pobreza Energética regula la declaración de un hogar
en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso obliga a las
empresas comercializadoras a iniciar un procedimiento previo al corte de
suministro.
El artículo recurrido da la competencia al Gobierno
valenciano para declarar los hogares vulnerables a propuesta del alcalde
y con un informe de los servicios sociales. La norma también obliga a
la empresa comercializadoras que quiera cortar el suministro por razones
de impago "a comunicar dicha circunstancia a los servicios sociales
municipales para que estudien la situación del hogar en riesgo de
situación de pobreza energética, de manera previa al hecho de que se
efectúe algún tipo de restricción o corte en el suministro".
El recurso que presentará el Gobierno del PP se ampara en la sentencia
del Tribunal Constitucional 62/2016 que concluye que "la preferencia de
la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y las bases del régimen
minero y energético reservan al Estado la competencia exclusiva en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica y las bases del régimen minero y energético,
respectivamente".
Según las mismas fuentes, "la Ley
autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice
los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de
suministro". Además, apuntan, "incide sobre el régimen económico del
sistema energético al mantener el suministro sin retribución del
suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a
realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se
les podrá cortar el suministro, etcétera, en términos distintos a los
establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía
(electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua,
que no se ve afectado por la impugnación", ha explicado el Gobierno en
un comunicado.
Para evitar la especulación inmobiliaria
Pero no ha sido la única norma que recurrirá al Tribunal Constitucional
y que paralizará su aplicación. En el mismo Consejo de Ministros se ha
aprobado la presentación de otro recurso a la ley valenciana por la
Función Social de la Vivienda.
El acuerdo solicita
del presidente del Gobierno la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad en relación con los artículos 5.3 (letra b); 6.1;
10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 23, en relación exclusivamente con el
suministro de gas y electricidad, (apartados 1, 3 y 5); 30; 31; 33
(apartado 2 y apartado 3, letras b y g); Anexo I y Anexo II, de la Ley
valenciana del 3 de febrero de 2017 por la función social de la vivienda
de la Comunitat Valenciana.
Esta ley tiene por
objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y
adecuada en el territorio de la Comunidad Valenciana. De hecho algunos
de estos artículos dan a la Generalitat la posibilidad de fijar
condiciones a los arrendadores y propietarios para que eviten la
especulación inmobiliaria. El Gobierno valenciano entiende que se
considera un uso antisocial de la vivienda a las casas que "estén
deshabitadas de forma permanente e injustificada".
El
Ejecutivo de Mariano Rajoy también considera inconstitucional un
artículo como el 16 que define a los "grandes tenedores de viviendas",
para quienes exige requisitos en aras de evitar la especulación en la
vivienda. "Se consideran grandes tenedores de viviendas aquellas
personas físicas o jurídicas que destinando su actividad a la
construcción, promoción, intermediación o financiación de la
construcción o de la compra de vivienda, dispongan de más de 10
viviendas en régimen de propiedad, alquiler, usufructo u otras
modalidades de disfrute", reza la norma. Estos grandes propietarios
deben informar a la Generalitat semestralmente si tienen las viviendas
deshabitadas.
Pero en el Consejo de Ministros asegura
que estos artículos "invaden las competencias estatales en materia de
régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil,
"bases de la ordenación de crédito, banca y seguros" y "bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica".
Reacción del Gobierno valenciano
La reacciones del Consell por esta decisión no se han hecho esperar. La
consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio,
María José Salvador, ha lamentado el "ataque directo del Gobierno de
Rajoy al derecho de los valencianos a una vivienda digna, un derecho
fundamental reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución
Española, además de estar también en la Declaración Universal de
Derechos Humanos".
Salvador ha criticado que "mientras el Gobierno valenciano de Ximo Puig
apuesta por reconocer y dar derechos a los valencianos, el Ejecutivo de
Rajoy ataca cada uno de los pasos dados para avanzar en el estado de
bienestar y se queda de brazos cruzados actuando como el 'perro del
hortelano' porque ni legisla ni deja legislar". Es más, ha recordado que
mientras el Gobierno central no legisle "estará incumpliendo el
artículo 47 de la Constitución de hacer efectivo el derecho a una
vivienda digna y adecuada y están impidiendo a las autonomías como la
valenciana que tenemos una sensibilidad especial defender este derecho".
De hecho, ha advertido de que el Ejecutivo central alega que esta
materia es una competencia exclusiva del Estado pero "ni ha aprobado una
verdadera Ley de Segunda Oportunidad ni legisla de manera eficaz para
garantizar los derechos sociales, como el derecho al acceso a la
vivienda para los colectivos más necesitados" y, sin embargo, "se dedica
a tumbar los pasos que las autonomías estamos dando en esta dirección".
Según ha anunciado la consellera, "cuando la Conselleria reciba la
comunicación formal del recurso formulado, estudiaremos las posibles
vías de actuación para poder intentar dar solución a la necesidad social
que existe en la Comunitat Valenciana". "El Gobierno valenciano no
quiere abandonar a los ciudadanos que más lo necesitan y seguiremos
trabajando porque es necesario dar respuesta y soluciones habitacionales
aplicando todas las medidas que se puedan a pesar de que el Gobierno de
Rajoy quiera cortar de raíz este derecho", ha indicado.
Por último, Salvador ha recordado que la Ley por la Función Social de
la Vivienda lleva siete meses en vigor y ha conseguido ayudar a mucha
gente porque desde el primer momento se pusieron en marcha los espacios
InfoHabitatge en las tres provincias de la Comunitat Valenciana para
atender a los ciudadanos. "Se ha asesorado a todos los ciudadanos que
han formulado más de 1.600 consultas, se ha mediado en 43 casos de
desahucio y se han dado soluciones habitacionales a más de 550 a través
de las ayudas al alquiler o las viviendas sociales", ha indicado.
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