La independencia judicial está en entredicho. Así lo consideran desde la oposición, que ha acusado al Gobierno del PP de meter mano en los tribunales en numerosas ocasiones. La última ha sido este mismo miércoles, tras conocerse que los jueces que decidieron citar como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel no juzgarán ahora la pieza separada de la caja B del partido.
"Los políticos desconocemos ese cambio, poco podemos decir", se defendió el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado. Lo mismo argumentó el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá: "¿Cómo iba a estar detrás? ¿Cómo es posible que el Gobierno le diga a la Sala de la Audiencia Nacional, compuesta por un alto número de jueces, lo que tienen que hacer?", se preguntó irónicamente.
Sin embargo, desde la oposición critican que esta nueva decisión supone un "duro golpe contra la imagen de imparcialidad y credibilidad que merece la Justicia" -en palabras de IU- y "no ayuda a dar credibilidad a la Administración de Justicia" -en palabras del PSOE-. Desde Podemos consideran que es una muestra de que en la Audiencia Nacional hay "jueces vinculados al PP" y que desde el Ejecutivo se intenta "controlar" los casos judiciales que afectan a su partido.
Y es que no es la primera vez que movimientos de este tipo hacen sospechar de las oscuras relaciones del PP con la Justicia. Desde las épocas en la que el exministro de Aznar Federico Trillo asesoraba judicialmente (y en la sombra) al partido, precisamente en el caso Gürtel (aunque también en el del Yak - 42), las sospechas de "injerencias" no han dejado de crecer.
Por un lado, están los nombramientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en los que las acusaciones de "pasteleo" también apuntan hacia los socialistas. Por otro, sus cambios legislativos en la época del "Gobierno Mariano Rajoy 1" -como lo califica el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo-, es decir, en la mayoría absoluta. Entre ellos, la propia reforma de la ley del TC que, con la mirada puesta en el soberanismo en Catalunya, dotaba al Alto Tribunal de poderes para inhabilitar ipso facto a cualquier cargo público que desobedeciera sus órdenes.
También están su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía limitar la libertad de información para evitar la llamada "pena de telediario"  o limitar a sólo seis meses la instrucción de los casos de corrupción sin que se dote a los tribunales de presupuesto y refuerzo de personal suficiente para poder llevar a cabo dicha labor. Una reforma que puso a las asociaciones de jueces y fiscales -incluidas las conservadoras- en pie de guerra contra lo que, denunciaban, crearía un "manto de impunidad" en todo el país.
El último escándalo saltó con la operación Lezo, tras conocerse que el expresidente de la Comunidad de Madrid recientemente excarcelado tras pagar una fianza de 400.000 euros, Ignacio González, recurrió a policías, políticos, jueces y fiscales para intentar salir impune de la trama del Canal de Isabel II. Con el tiempo, se supo que el propio número dos de Interior, José Antonio Nieto, le dio el chivatazo de que le estaban investigando  y se conocieron los presuntos movimientos de la Fiscalía para intentar beneficiarle.
Todo ello llevó al Congreso a reprobar no sólo al fiscal anticorrupción, Manuel Moix -que terminó dimitiendo por otro motivo (su participación en una empresa offshore )-, sino también al fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza; y hasta al mismo ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Ahora la polémica ha saltado por la decisión de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar al conservador Julio de Diego y al progresista José Ricardo de Prada -dos de los tres que conformaban el tribunal que citó a Rajoy- de la segunda pieza del caso Gürtel: los papeles de Bárcenas. Ella es Concepción Espejel, afín al PP y amiga personal de María Dolores de Cospedal, quien habría maniobrado para que la magistrada llegara a su cargo actual.