Cuando decimos que en este ciclo electoral nos jugamos las
próximas generaciones estamos diciendo, en suma, que en los próximos
años se definirán las instituciones que regularán nuestras vidas para
las próximas décadas. En ese sentido, el bipartidismo y el régimen
tienen ya una hoja de ruta que pivota sobre una futura reforma
constitucional.
Sin duda, ingredientes seguros de esa reforma serán la ley electoral
(menos proporcional, más regresiva) y la reforma del modelo de Estado,
incluyendo el apuntalamiento de la monarquía. Pero más grave es que será
una forma de consolidar legalmente un nuevo orden social basado en la
precariedad y la crisis permanente. En realidad, una forma de adaptar
las instituciones jurídico-políticas a las necesidades de este
capitalismo en crisis. Al fin y al cabo, lo que sucede es que nuestros
gobernantes decidieron en su momento, y reafirman ahora, mantener
nuestra economía con un rol periférico y dependiente. Y ahora han optado
por dar otra vuelta de tuerca, empobreciéndonos aún más con la
esperanza de que podamos ser más competitivos frente a economías de
trabajo basura. Menos Estado Social y más ley de la selva, en
definitiva.
Eso es lo que nos jugamos, el carácter del cambio. Porque cambio
habrá, por supuesto. Nuestras instituciones no serán ya por más tiempo
las mismas; se modificarán, habrá unas nuevas. La duda es si ese proceso
constituyente, que diseña nuevas instituciones, estará dirigido por la
oligarquía o si por el contrario estará dirigido por el pueblo. La
diferencia será total. ¿Aceptaremos ser un país de trabajo y vida
basura? ¿Aceptaremos la privatización de nuestras conquistas?
¿Aceptaremos el socavo total del Derecho del Trabajo y otros Derechos
arrancados al poder? O, por el contrario, ¿asistiremos a la reconquista
de lo saqueado en los últimos años y a la puesta en marcha de procesos
de reconstrucción económica para nuestro país? ¿Construiremos
instituciones democráticas que recuperen la soberanía para lo popular y
sirvan para reintroducir en esclavitud al poder salvaje de los mercados y
otros poderes ajenos a lo democrático?La disputa es enorme. Y de ahí que hayamos insistido una y otra vez
en la Unidad Popular, electoral y no electoral. Las distintas fuerzas
políticas que abogamos por un cambio dirigido desde abajo tenemos
diferencias entre nosotras. Es normal, sano y democrático. Ni proponemos
exactamente las mismas cosas ni tenemos las mismas tradiciones
políticas; a veces incluso ni idioma ni lenguaje coinciden. Pero sí
compartimos la convicción de que un orden social más justo y democrático
es ahora una necesidad para nuestra sociedad, de la misma forma que
sabemos que tenemos la obligación de evitar que la Europa de los
mercaderes haga de España un país de indignidad laboral, social y
política.
Las próximas elecciones generales no deben verse como una simple
oportunidad para sumar más diputados con los que llevar a cabo tareas
institucionales. Sin capacidad de transformación ningún diputado será
suficiente. Es momento, más bien, de entender la profundidad de la
disputa política; de estar a la altura del momento histórico. De ahí que haya que felicitarse de que en determinados territorios se
hayan alcanzado ya acuerdos que van por esa línea. Catalunya es el
primero; un lugar donde las fuerzas rupturistas (Podemos, ICV, EUiA,
entre otras) caminan juntas y que, tras haber aceptado sus diferencias,
tienen claro lo que les une. Es un ejemplo a seguir. Y ojalá en el resto
de territorios del Estado también los procesos de Unidad Popular,
conformados mediante procesos participativos, abiertos y desde abajo, se
vayan abriendo camino para garantizar que, al final, en todas partes
haya una única candidatura en la que nos sintamos referenciados quienes
defendemos una ruptura con el régimen del 78. Es sumamente importante
que en el próximo Congreso quede reflejado de forma amplia el deseo de
gran parte de la población de iniciar un proceso
constituyente al
servicio de la mayoría social.
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