sábado, 29 de agosto de 2015

No todo el monte es orégano...


La Justicia obliga al Parlamento Europeo a facilitar la lista oficial de diputados de la sicav de Luxemburgo

(Infolibre)
El Tribunal Europeo de Justicia tumba los argumentos de la Cámara: la pertenencia al fondo voluntario de pensiones que recibió casi 100 millones de euros en diez años no es un dato que afecte a la esfera privada de los diputados sino a la pública.


Más documentación sobre el tema:

 

39 eurodiputados españoles participan en la Sicav por la que ha dimitido Willy Meyer

  • Los parlamentarios han formado parte de legislaturas comprendidas entre 1994 y 2009

  • Entre esas fechas funcionó este fondo de inversión coofinanciado en dos tercios por la UE

  • El vehículo de inversión está creado en Luxemburgo como Asociación sin Ánimo de Lucro

  • Un total de 480 europarlamentarios participan en este fondo

39 eurodiputados españoles participan en la Sicav por la que ha dimitido Willy Meyer ATLAS

Un total de 39 eurodiputados españoles que han formado parte de las anteriores legislaturas del Parlamento Europeo (desde 1994 hasta 2009) participan en el Fondo de Pensiones de los Miembros del Parlamento Europeo -también conocido como "Programa Adicional de Pensión Voluntaria"- creado en 1994 por un amplio grupo de parlamentarios y cofinanciado en dos terceras partes con fondos públicos comunitarios.
La cifra corresponde a una lista no exhaustiva que fue publicada por el think tank británico Open Europe en base a unas investigaciones del periodista alemán Hans-Martin Tillack en 2009 y que señalaban que en total unos 480 europarlamentarios serían partícipes de este fondo. El vehículo de inversión está constituido en Luxemburgo bajo la modalidad de Asociación sin Ánimo de Lucro (ASBL por sus siglas en francés) y gestionado por una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV).
Entre los partícipes españoles de este fondo están, además del eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, la socialista Elena Valenciano y el popular Miguel Arias Cañete, entre otros. También aparecen Rosa Díez, Jaime Mayor Oreja y Cristóbal Montoro. Todos ellos tienen en común que fueron eurodiputados en algún momento anterior a 2009, fecha en la que se congelaron las aportaciones a este fondo.
Este instrumento de inversión colectiva fue creado en 1994 y permitía a los eurodiputados adherirse de forma voluntaria para asegurarse una pensión a partir de los 60 años. Las aportaciones se hacían mensualmente, a razón de 1.194 euros al mes mientras que el Parlamento Europeo aportaba el doble de esa cantidad -2.388 euros- en una modalidad de cofinanciación. Fuentes de la Eurocámara explican que este sistema "no es diferente a lo que se hace en otros organismos públicos y privados, donde la empresa costea una parte de los ahorros para la jubilación del trabajador".
Estas mismas fuentes restan importancia al hecho de que el fondo de pensiones esté gestionado a través de una Sicav en Luxemburgo. Los eurodiputados consultados también rechazan la polémica al considerar que es un instrumento totalmente legal y que Luxemburgo es el centro financiero de las instituciones comunitarias. En 2012 los gestores del fondo obtuvieron una rentabilidad del 9,4%.
La elección de este sistema se debió a que, hasta 2009, el Parlamento Europeo no contaba con una remuneración armonizada para los eurodiputados y tanto el salario como las pensiones de jubilación dependían de cada Estado miembro. Ello creaba importantes desigualdades entre los diputados en función de su nacionalidad: mientras algunos, como los alemanes o británicos, contaban con sueldos elevados y gozaban de prestaciones de jubilación al término de su carrera laboral, otros tenían unas nóminas más modestas y no disponían de pensión de retiro.
La situación cambió en julio de 2009, cuando entró en vigor el Estatuto de los Eurodiputados, que establece una remuneración idéntica para todos los miembros de la Eurocámara, con independencia de su nacionalidad. Entonces también entró en vigor el nuevo sistema de pensiones, consistente en una retribución del 3,5% del sueldo de cada ejercicio completo de un mandato pero nunca superior al 70% del total.
Las fuentes consultadas en el Parlamento señalan que la retribución actual, también con cargo al presupuesto comunitario, "es más elevada que el dinero que se desembolsaba en este fondo de pensiones voluntario", debido en parte a que el número de parlamentarios ha ido aumentando desde 1994. Actualmente el Parlamento Europeo gasta 208 millones de euros al año en sueldos y dietas de los eurodiputados.

Un déficit de 207 millones de euros

Desde 2009, con la entrada en vigor de este nuevo sistema de retribuciones, el Parlamento Europeo obligó a congelar las aportaciones y retiradas de efectivo del fondo hasta que los eurodiputados partícipes cumplieran 63 años, tres más de la edad mínima permitida hasta entonces. La decisión provocó el rechazo de algunos parlamentarios, que interpusieron una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE y que años después falló a favor de la Eurocámara.
La posibilidad de retirar las aportaciones antes de que se cumpliera la edad de jubilación llevó al fondo a una situación de déficit que se ha ido agravando con los años. Según el informe anual del presupuesto europeo de 2012, el déficit acumulado al cierre de aquel ejercicio era de 207,7 millones de euros, que se calcula en base a la diferencia entre los activos disponibles y las deudas pendientes para hacer frente a la pensión de jubilación de los diputados que aún no han cumplido la edad de retiro.
La Dirección General de Finanzas de la Eurocámara recuerda que estos compromisos de pago "están repartidos durante varias décadas" ya que no todos van a jubilarse al mismo tiempo. Pero también admite su "preocupación" sobre "el posible agotamiento del fondo". En este sentido, recuerda que el Parlamento Europeo -es decir, los contribuyentes europeos- es el responsable último de "garantizar el pago de los derechos de pensión para todos los antiguos y actuales eurodiputados que han participado en este fondo".

No hay comentarios: