Por una renta mínima garantizada. Completar las redes de protección social, una necesidad

Carlos Bravo Fernández

Secretario de Protección Social y Políticas Públicas. Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

Moderación

Bruno Estrada

Economista. Adjunto al Secretario General de CCOO

Lourdes Lucía

Abogada y editora

Conclusión del debate Julio 2015

Ver ponencia inicial »
La decisión de abrir en nuestra web un debate sobre Renta Mínima Garantizada surgió a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por CCOO y UGT con la intención de reunir 500.000 firmas y presentarla en el Parlamento (en el que surja de las próximas elecciones, por supuesto).
La idea, que Carlos Bravo expone en la ponencia inicial, es asegurar recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo trabajar no pueden hacerlo, que hoy no tienen prestaciones de desempleo y carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad.
Según datos del INE, recuerda Bravo, actualmente hay 2.151.000 personas que se encuentran en esta situación y viven en hogares con una renta per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, 5.837 euros anuales, por lo que podrían ser beneficiarios de esta prestación. Estas personas viven en hogares conformados por un total de 6 millones de personas, de los que cerca de 2 millones son niños.
La Prestación que proponen los sindicatos ascendería a una cuantía mínima equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes) y se vería incrementada para los beneficiarios con hijos y familiares a cargo. Para garantizar su universalidad la proponen como una prestación de la Seguridad Social en su ámbito no contributivo, cuya financiación debería garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. El coste sería de 11.000 millones de euros.
Nada más publicar la ponencia, el debate empezó fuerte porque Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica y miembro de ATTAC, nos remitió la primera aportación, que tituló de una manera directa y nada ambigua: “La miseria de una renta mínima garantizada, ¿estamos hablando en serio? –se preguntaba.
Para Raventós, la renta mínima garantizada (RMI) es un desastre porque , aunque respecto a la situación que tenemos actualmente, algo ayudaría a algunas personas, respecto a lo que se sería necesario para paliar la terrible situación de millones de personas la RMI es menos que insuficiente. Mientras la Renta Básica (RB) permite, según el presidente de la Red que la defiende, eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro, para él a RMI es un subsidio condicionado. “La RB se garantiza ex-ante, la RMI, en caso de poder tener acceso a ella, ex-post” – escribe, como podrán comprobar cuando se detengan a leer su aportación completa.
¿Qué propuesta fortalece más la posición de los trabajadores al negociar su salario?
José María Herreros, del Observatorio Renta Básica de ATTAC Madrid, la defiende argumentando que la RB permite que las necesidades fundamentales, como disponer de un ingreso con el que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además, fortalece la posición de trabajadores y los empodera a la hora de cualquier negociación, ya que permite ‘decir no’ a condiciones laborales abusivas.
Tal vez sea ésta una de las razones –“provoca” Herreros- por la que desde el mundo sindical se ha mirado siempre con recelo la RB, pensando que restaría importancia a la acción sindical cuando sería justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el reparto del empleo existente y pondría en valor el trabajo que existe y que el mercado ni considera ni tiene en cuenta.
En cambio Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra, cree que el debate no es entre una propuesta de renta mínima de inclusión o una renta básica universal. Según él, el éxito de la implantación de una renta mínima garantizada será un avance significativo hacia un modelo de protección social más inspirado en derechos universales como la renta básica (aunque sea por diversas vías) y que seguramente deberá construirse progresivamente.
Cive Pérez, partidario también de la Renta Básica nos recuerda que, por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.
Esto conduce a una situación dramática, según Cive Pérez, porque los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.
Y pone un ejemplo: si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital.
Carlos Susias, presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), escribe en su aportación que “desde las Administraciones Locales y el Tercer Sector de Acción Social se debería trabajar más para ampliar el conocimiento de los mecanismos de Sistema de Rentas Mínimas y de sus características entre las personas en situación de pobreza y exclusión social, ya que aún falta desarrollar una mayor conciencia de sus derechos. Un buen sistema de rentas mínimas, enmarcado en un pacto contra la pobreza que funcione, añade, puede ser la mejor carta de presentación para una Renta Básica… y así sí se puede esperar su necesaria llegada”.
Ventajas e inconvenientes
La ensayista Carolina del Olmo, por su parte, expone cuál es a su juicio la ventaja fundamental de la Renta Básica frente a otras formas –como la que proponen CCOO y UGT- de intentar garantizar un ingreso mínimo a quienes lo necesitan. Y lo explica así: al ser incondicionada, desaparecen los trámites y papeleos, en ocasiones tan complejos que, según reconoce la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sólo un 10 por ciento de los expedientes que reciben para tramitar la Renta Mínima de Inserción (RMI) llegan completos.
La mayoría de los efectos beneficiosos de una RB para la erradicación de la pobreza y la redistribución de la renta se pueden conseguir, a juicio del sociólogo José Antonio Noguera, con mucho menos dinero de lo que parece y con reformas viables. Hay alternativa tanto a las medidas tímidas e incompletas como a la huida hacia adelante. Una renta garantizada que ponga a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria es perfectamente viable y financiable, y se puede plantear de forma técnicamente más exigente que la propuesta sindical, asegura.
María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho, considera que la RMI y la RB no se plantean objetivos muy distintos, pero técnicamente, están en las antípodas, y esto no es baladí, escribe. La distancia entre ellos es insalvable por lo que hace a sus presupuestos antropológicos (según se niegue más o menos la sociabilidad humana), su concepción del trabajo asalariado (un espacio transformado más o menos emancipatorio), su visión de la libertad como no dominación (a lo Kant o a lo Rousseau), su mayor o menor confianza en los individuos aislados o asociados, su mayor o menor preocupación por la protección de los bienes comunes, y sus distancias calculadas del sistema capitalista/crecentista.
Contra los tópicos
El economista Lluís Torrens considera que el ochenta por ciento de la población sale ganando con la combinación de renta básica y una fiscalidad del IRPF sencilla y transparente que permite calcular los efectos individuales.
Si el fraude se redujera, el tipo medio bajaría significativamente o se podrían aplicar compensaciones ad-hoc para estas clases medias aparentemente perjudicadas que ahora están el top de la pirámide de ingresos. Hace Torrens especial hincapié en el, a su juicio, inmenso valor emancipador que tiene una renta básica: la posibilidad de que los jóvenes o las mujeres dependientes se vayan de casa cuando deseen, con una asignación de partida para emprender su proyecto vital, y sin tener que declararse pobres.
“Cualquier cabeza de familia –añade- sería feliz pagando un poco más a cambio de poder liberar a sus hijos adultos de la obligación de permanecer eternamente en el hogar materno; cualquier jubilado sería feliz de no ver a sus nietos sentados en su mesa cada día únicamente porque sus hijos no tienen recursos para ponerles la mesa en casa”.
El Impuesto Negativo sobre la Renta (INR)
José Antonio Herce, profesor de Economía en la Complutense madrileña, considera que para conseguir los efectos deseables de una RB o de una RMI sin caer en ninguno de sus efectos indeseables, es mucho más eficaz y eficiente un esquema de Impuesto Negativo sobre la Renta (INR). Los elementos de tal esquema ya existen en todos los ordenamientos de imposición personal del mundo y solo con un elemento adicional de transferencia para quien cumpla una sencilla condición dinámica de ingresos se lograría el resultado deseado. Además, el aparato administrativo necesario para su operación ya existe y no sería precisa ninguna adaptación costosa para adaptarlo a la funcionalidad requerida por un esquema de este tipo.
El INR es simplemente un esquema de impuesto sobre la renta (proporcional a tipo único, o progresivo, lo mismo da) en el que la existencia universal de un mínimo exento determina una transferencia al contribuyente exento del pago del impuesto por un importe equivalente a la diferencia entre dicho mínimo exento y sus ingresos efectivos. Así de simple. Quien esté 1 euro por debajo del mínimo exento recibe un euro (puede hacerse por tramos casi continuos) y quien esté 1 euro por encima del mínimo exento paga los impuestos que le corresponda a ese euro. Solo se pagan impuestos por el exceso de renta más allá del mínimo exento, de forma que, en su caso, no se pierde toda la transferencia si antes se estuviese debajo del mínimo. El esquema, incluso con un tipo único (que a muchos asusta, inexplicablemente) puede hacerse tan progresivo como se desee o la sociedad admita, solo con ajustar el mínimo exento.
La Renta Garantizada de Ciudadanía
Sobre este asunto habla en el debate Diosdado Toledano, representante en Catalunya de la Comisión Promotora de la ILP de Garantía Ciudadana. Razona por qué este derecho es fundamental para superar la pobreza en Catalunya y garantizar la dignidad de las personas se encuentra en una etapa decisiva para su aprobación como Ley. La propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras superar una larga carrera de obstáculos a lo largo de dos años y medio, desde la aceptación de esta Iniciativa Legislatura Popular (ILP) por la Mesa del Parlament a principios de 2013, acaba de entrar en la fase de ponencia, debate de enmiendas y votación.
¿En que se fundamenta la reclamación de este derecho? En el redactado del artículo 24.3 del Estatut d’Autonomía de Catalunya aprobado en 2006, que dice textualmente: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.
Sobre la aceptación social de las propuestas
Desde un punto de vista del sistema general de protección, las prestaciones a los mayores y a los trabajadores (estos cada vez menos) continúan siendo la parte fuerte del sistema. Nos lo recuerda en su aportación Guillermo Fernández Maíllo, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA para explicar que seguimos teniendo un sistema excesivamente asimétrico. Un sistema que los jóvenes entienden claramente injusto hacia ellos. El volumen económico de nuestro sistema de prestaciones asistenciales, aún siendo cuantitativamente importante, es muy ineficaz en términos de reducción de la pobreza comparativamente con los países de nuestro entorno. Necesitamos con urgencia, reclama Maíllo, acometer el incremento de la renta por diversas vías porque estamos consolidando una fractura social que no nos imaginamos las consecuencias que tendrá en el largo plazo. En el corto no se puede permitir que las discusiones de este espacio de reflexión se anulen entre sí. Todas deben sumar, desde distintas experiencias y formas de ver la realidad. Los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando.
En su segunda intervención, Daniel Raventós replica a quienes piensan que la RB no es la mejor alternativa para enfrentarnos de forma inmediata al contexto de emergencia social en la que nos encontramos y se pregunta: Si en situaciones de mayor bonanza económica y social no era una medida “inmediata” y tampoco lo es en una situación de emergencia social como la actual, ¿será la Renta Básica alguna vez una medida a tener en cuenta?
A quienes sostienen que la Renta Básica tiene menos aceptación social que, por ejemplo, la Renta Mínima de Inserción, Raventós les replica que “la aceptación social es algo que varía muchísimo. Hace solamente un año, ya no digamos tres, ¿había alguien que pensase que las nuevas alcaldesas de Barcelona y Madrid, mero ejemplo, tenían mucha aceptación social? Una de las buenas formas para que algo que no goza de mucha aceptación social consiga tenerla cabo de no mucho tiempo… es aportando razones.
La escritora María Pazos también interviene en el debate y afirma que necesitamos discutir a fondo los principios de la política social en democracia y cómo aplicarlos efectivamente. “A cada persona según sus necesidades y de cada persona según sus posibilidades”, un planteamiento algo distinto a darle a cada persona una cantidad y que se las arregle como pueda.
Pero estos debates no son los que estamos manteniendo –escribe Pazos-. “En cambio, continúa, nos enfrascamos en otros en los que, curiosamente, no salen a relucir esos principios en torno a los que se forjó un pacto social en la segunda mitad del siglo XX. Diferentes premisas que se confrontan sin explicitarse y convierten la conversación en un diálogo de sordas/os. Lo que es más triste, este escollo nos está haciendo perder un tiempo precioso para debatir las medidas urgentes de política social”. Y remata su intervención con este lamento: “Al final yo también he terminado hablando de la Renta Básica. ¡Qué pena!”.
Como colofón al debate en la web, Público TV emitió por streaming el jueves 25 de junio un coloquio moderado por Juan Tortosa en el que, además del ponente, Carlos Bravo, los participantes fueron Miguel Laparra, José Antonio Herce, María Eugenia Rodríguez Palop, Lluís Torrens, Guillermo Fernández Maíllo y Daniel Raventós, todos ellos autores de distintas aportaciones durant4e el tiempo que el debate se mantuvo abierto en nuestra página web.