¿Por qué no protesta la gran industria española por la subida del precio de la electricidad?
Observatorio Crítico de la Energía
En los últimos tiempos se ha hecho más evidente si cabe que, tras la liberalización del sector, el precio de la electricidad en España se determina de forma muy opaca y entre sospechas de manipulación. Y que el resultado de este proceso beneficia siempre a unos pocos, los dueños de las grandes eléctricas, a costa de perjudicar a los ciudadanos (merece la pena escuchar la breve opinión al respecto del presidente de Iberdrola). Tenemos como consecuencia una de las electricidades más caras de Europa, y cabe preguntarse más detenidamente por qué. Al fin y al cabo, España no es el único país de Europa donde el sector eléctrico se ha liberalizado total o parcialmente. Tampoco es el único país donde unas pocas grandes eléctricas forman un oligopolio capaz de presionar al gobierno para intentar dirigir su política energética de acuerdo a sus intereses privados. Entonces, ¿qué es diferente?
Hipótesis: el peso del sector industrial exportador
Una diferencia entre España y otros países de nuestro entorno es la importancia en nuestra economía de las exportaciones industriales, consecuencia de desarrollos históricos diferentes. Mientras en España las exportaciones han pasado recientemente del 20 al 30% del PIB (como consecuencia principalmente de la caída de la demanda interna causada por las políticas de austeridad), en Alemania suponen entre un 40 y un 50%, y tienen una importante componente industrial. Un fabricante alemán cuya producción sea intensiva en energía como Volkswagen, BASF o ThyssenKrupp no puede permitirse que el precio de la electricidad aumente su coste de producción y le haga perder competitividad, de modo que presionará para que la política energética de su país garantice unos precios relativamente bajos. Esta reflexión da pie a una posible explicación de trazo grueso de por qué la electricidad es más cara en España que en Alemania: la causa no sería la aclamada eficiencia germánica, ni la integridad y buen hacer de los ministros alemanes del ramo, ni el virtuosismo de sus empresarios eléctricos, sino el simple hecho de que estos tienen un contrapeso que limita sus desmanes. El resultado de esta lucha entre oligopolios de diferentes sectores productivos sería un equilibrio en que los diferentes actores (fabricantes de bienes de equipo, industrias químicas, empresas eléctricas…) intentarían maximizar sus beneficios. Desde luego, este remedo de la manida mano invisible del mercado podría beneficiar relativa e indirectamente al ciudadano y habrá quien lo pueda considerar satisfactorio. Veremos a continuación que no tiene por qué ser así.
¿Qué ocurre en España? El servicio de interrumpibilidad
Como decíamos, las exportaciones industriales tienen en España un peso menor que en otros países de nuestro entorno. Esto hace que su capacidad de presión sobre el gobierno de turno sea relativamente menor, y que las eléctricas españolas actúen sin prácticamente cota alguna. Muestra de ello es que doblen en margen de beneficio a sus equivalentes europeas y a la vez se permitan cortar la luz a millones de personas al año.
Sin embargo, falta una pieza en esta historia. Al fin y al cabo, el sector industrial español es menor que en otros países de nuestro entorno pero no muchísimo menor, y desde luego no inexistente. Es más, hay en efecto una Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) que reúne como miembros asociados a empresas cementeras como Portland, metalúrgicas como Alcoa o Asturiana de Zinc, químicas como Solvay o Ercros y siderúrgicas como Acerinox o Arcelor Mittal. Aunque es cierto que la gran industria paga la electricidad más barata que el usuario doméstico, eso también ocurre en todos los países de la Unión Europea, y por tanto la gran industria española paga una electricidad más cara que la europea. ¿Por qué entonces apenas encontramos en los medios, en las alegaciones a la Comisión Nacional de la Energía o en los juzgados oposición empresarial a las eléctricas de UNESA? Una posible explicación vendría dada por la existencia del servicio de interrumpibilidad.
El servicio de interrumpibilidad es una pieza potencialmente útil del sistema eléctrico. Supongamos que un país se encuentra en un pico de consumo energético, como por ejemplo España en verano de 2006: a causa del calor, gran número de aparatos refrigeradores están en marcha; debido a la frenética actividad constructora, se produce cemento en gran cantidad. Si en esa situación varias centrales nucleares han de parar por problemas de seguridad, los pantanos están vacíos, hay poco viento o las reservas de gas son escasas porque su precio ha repuntado, el país puede verse con problemas de suministro. La electricidad es un bien que difícilmente puede almacenarse, de modo que, si hay mucha demanda de electricidad y las centrales en funcionamiento no pueden cubrirla, se producirán apagones. Para evitar cortes descontrolados de suministro, existe el servicio de interrumpibilidad: una serie de grandes consumidores de electricidad (grandes empresas metalúrgicas y cementeras, por ejemplo) se declaran dispuestos a parar sus máquinas (y por tanto dejar de consumir electricidad) si así se lo pide Red Eléctrica de España. De este modo, cuando la producción eléctrica no llega a cubrir la demanda, se producen apagones ordenados en lugar de incontrolados.
Esta ha sido hasta ahora la función principal del servicio de interrumpibilidad (cambiará, pero solo ligeramente, con la última reforma eléctrica) y, como vemos, disponer de él parece en principio razonable. Analicemos con datos si lo es realmente, aquí y ahora. En España, unas pocas empresas (entre ellas, las tres mayores consumidoras de electricidad, Alcoa, Arcelor Mittal y Asturiana de Zinc) reciben 750 millones de euros al año a cuenta de este servicio. Sin más información, es difícil aseverar si esa cantidad es grande o no. Podemos compararla con el coste total del sistema eléctrico, del cual podemos dar una estimación de trazo grueso usando la facturación en España de las empresas eléctricas que forman parte de UNESA, de unos 40.000 millones de euros al año. El servicio de interrumpibilidad sería por tanto del orden de un 2% del coste del sistema eléctrico, una cantidad notable. Además, 750 millones de euros equivaldrían a una parte importante del déficit de tarifa anual, así que la legitimidad de tal gasto ha de ser analizada.
Es cierto que un apagón imprevisto a nivel nacional puede causar daños muy serios a muchos ciudadanos, por ejemplo si afecta a servicios básicos, y eso es algo difícil de cuantificar en euros. Siendo así, un gobierno podría legítimamente decidir que es razonable pagar una cantidad tan grande si con eso garantiza evitar tal situación. El problema es que el servicio de interrumpibilidad no sirve a ese fin: la prueba de ello es que no se ha utilizado en años y, sobre todo, que no hay ningún escenario plausible en que vaya a utilizarse en el futuro cercano. Debido principalmente a la política de subvenciones a las centrales de ciclo combinado, en España existe sobrecapacidad. La potencia instalada (y por tanto la capacidad de producir electricidad cuando la demanda lo exija) es el doble de la máxima que se ha necesitado en este país en cualquier momento de la historia, y el exceso de capacidad instalada sigue creciendo. Es verdad que cierto nivel de sobrecapacidad es bueno para la seguridad del sistema eléctrico, y que además existen limitaciones técnicas asociadas a transporte y distribución, pero en el caso de España la sobrecapacidad resulta excesiva: España podría si quisiera apagar a la vez un buen número de sus centrales nucleares y de carbón en prácticamente cualquier momento del año y aún así no tener problemas de suministro eléctrico.
Es un escándalo que, a pesar de esto, los pagos a grandes empresas por el concepto de interrumpibilidad no se hayan eliminado; ni siquiera se han reducido: al contrario, se han multiplicado por tres desde 2008 y, en particular, han crecido un 50% el último año. Los pagos por este concepto, que sufragamos los ciudadanos en nuestra factura, han crecido por tanto más rápido que el coste de la electricidad. Esto quizás ayude a entender la poca oposición de los grandes consumidores industriales a la política energética del Gobierno en beneficio de las grandes eléctricas. En lugar de impugnarla, cosa que indirectamente podía haber beneficiado a los ciudadanos, han presionado para conseguir mejores condiciones particulares para ellos a costa de los consumidores domésticos, y han puesto el grito en el cielo cuando una mínima parte de esas ventajas se ha querido alterar. En otras palabras, el espíritu del servicio de interrumpibilidad se ha pervertido y es utilizado por el Gobierno para conceder subvenciones encubiertas a algunas grandes empresas, las cuales como consecuencia no levantan la voz frente a su política energética. La teórica contraposición de los intereses privados de grandes empresas de diferentes sectores no ha desembocado en la renuncia de parte de sus privilegios para llegar a un acuerdo a medio camino entre sus respectivas aspiraciones máximas y las del ciudadano. Al contrario, los actores de esos sectores y el Gobierno han optado por expoliar todavía más al ciudadano y mantener los beneficios de las grandes empresas privadas involucradas. Por un lado, esto nos alerta de nuevo sobre el peligro que conlleva dejar sectores estratégicos bajo el control de actores privados cuyos intereses son muchas veces opuestos a los del ciudadano. Por otro, es una muestra más de la baja calidad de nuestra democracia (aunque no conviene pensar que solo la nuestra es de baja calidad) y de la indistinguibilidad entre los intereses de nuestros gobernantes y los del poder económico.
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