La sentencia del Supremo abre la puerta a que la aseguradora pague las compensaciones pero el límite está en los 1.000 millones de dólares de la póliza
El Supremo condenó al capitán del buque, Apostolos
Mangouras, por delito medioambiental después de que la sentencia de
instancia le hubiese atribuido únicamente un delito de desobediencia
grave. Además, declaró la responsabilidad civil de la propietaria del
buque (la liberiana Mare Shipping) y de la aseguradora (The London
P&I Club), lo que abre la puerta a que esta última asuma el pago de
las compensaciones por daños materiales y al medio ambiente. No
obstante, el límite de cobertura en la póliza es de 1.000 millones de
dólares (943 millones de euros), frente a los 4.328 millones que reclama
la Fiscalía fruto del peritaje realizado por una experta de la
Universidad de Santiago, que analizó los daños ecocómicos y sociales,
aunque "a la baja" al no poder alargarse en el tiempo más allá de 2006.
La responsabilidad civil pudo haber recaido en alguna pieza más de toda
la maraña empresarial que conformaba el Prestige, pero no hubo manera.
El Estado lo intentó con la clasificadora estadounidense American Bureau
of Shipping (ABS), la que expidió el último certificado de
navegabilidad del buque, y se gastó 30 millones de euros en intentar
llevar a pleito esta sociedad sin conseguirlo. En cuanto a la armadora,
está desaparecida para las autoridades. "La aseguradora es el único
sujeto solvente", recuerda Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente
de Galicia y en el caso del petrolero, que reconoce la "complejidad" de
un proceso que abarca el desastre ecológico provocado por un
barco construido en Japón, con bandera de las Bahamas, dueño liberiano,
armador griego, certificado de navegación estadounidense y que fue
fletado por una sociedad suiza.
La Fiscalía reclama 4.328 millones de euros por los daños causados por la catástrofe del Prestige
Con todo, también se declaró la responsabilidad civil del FIDAC (Fondo
Internacional para la Indemnización de Daños Causados por los
Hidrocarburos), aunque "con los límites establecidos en el convenio que
lo regula". Dicho Fondo ya aportó más de 170 millones -el máximo
posible- con los que se pagó a muchos de los perjudicados. Además, están
los 22 millones de euros consignados por la aseguradora en el juzgado
de Corcubión en el comienzo de todo el proceso.
El
Estado, entre los decretos de indemnización para pagar a empresas,
municipios, sectores afectados y miles de marineros, además de todos los
gastos derivados de la limpieza y la gestión de la catástrofe, se
calcula que desembolsó más de 1.000 millones de euros. Por eso, en caso
de que definitivamente la aseguradora pague la factura, la mayor parte
de esa cantidad iría destinada al Estado y, en menor medida, al resto de
las administraciones -Xunta, Ejecutivo francés y ayuntamientos-
perjudicadas, aunque también hay algún particular que reclama
importantes cantidades.
La propia sentencia de la
Audiencia Provincial certificó ya que el Prestige le había hecho gastar
al Estado 368 millones de euros, 145 millones a la Xunta y 67 a Francia,
además de otros "ingentes daños y perjuicios" a empresas y
particulares.
"La mayor parte de las compensaciones
que pague la aseguradora irían para el Estado porque suma a su propio
perjuicio todo el dinero que tuvo que adelantar", añade García Ortiz,
que recuerda que el Gobierno central fijó los decretos de indemnización a
los afectados y se subrogó la reclamación ante terceros,
imposibilitándoles a estos beneficiarios la vía judicial.
Pero será ahora la Audiencia Provincial la que, por orden del Supremo,
tendrá que fijar esas compensaciones, que principalmente irán destinadas
a las administraciones que adelantaron pagos. Es un proceso que aún no
tiene fecha final porque la valoración de los daños y el reparto del
dinero, ante la enorme cantidad de documentación acumulada, será un
trabajo muy laborioso. Después de determinar la solvencia, los casi
1.000 millones parecen lo máximo posible a conseguir para resarcir -es
una forma de hablar- unos daños económicos, medioambientales y sociales
incuantificables aún hoy en día. La Fiscalía los cifró en más de 4.000
pero ni tan siquiera eso parece compensar. Sea como fuere, la batalla
judicial continuará ahora en el Reino Unido porque la aseguradora
continúa en la pelea.
Batalla judicial en Londres
"Cuando la Audiencia Provincial acabe de fijar las indemnizaciones,
será cuando habrá que ir a Londres a dar la batalla judicial", advierte
García Ortiz, sabedor de la siguiente piedra que el proceso va a
encontrar en el camino. Una sentencia de 2013 de un tribunal británico,
atendiendo a la solicitud de la aseguradora, dictamina que esta sólo
estaría obligada a pagar directamente al armador y después de que este
abonase las compensaciones requeridas. "Es una discusión jurídica",
aclara el fiscal, que pone un ejemplo común para entenderlo. "En España,
si tienes un accidente de tráfico, no reclamas directamente a la
persona que te ha dado el golpe, sino a la compañía de seguros; en
Inglaterra no es así y entienden que tampoco lo tiene que ser en este
caso", explica.
Será, por tanto, una batalla para
determinar si prevalece el dictamen penal del Supremo o el civil de los
tribunales británicos. Las alternativas son dos, o incluso ambas a la
vez: una comisión rogatoria que pida a la justicia del Reino Unido la
ejecución de la sentencia y una demanda a la aseguradora en su propia
jurisdicción. La victoria del Brexit el pasado junio ha añadido, si
cabe, más incertidumbre al cobro de un dinero que pueda resarcir -en
parte- todo el mal causado por aquella marea negra.
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