Dos legislaturas perdidas después hemos vuelto a la
casilla de salida: a la selectividad. El mismo gobierno que le respondía
al Congreso que pensaba desatender su petición de desactivar la LOMCE
porque implicaba aumento de gasto público anunciaba un acuerdo para
recuperar la selectividad y desactivar las reválidas. A día de hoy la
confusión es tal que las dos cosas pueden ser verdad y mentira al mismo
tiempo así que lo prudente es no creerse ni las palabras ni los anuncios
hasta que salgan publicados en el BOE.
No se puede
hacer una ley educativa contra todo el mundo y solo con tus votos. Para
durar e institucionalizarse los cambios educativos requieren acuerdo,
negociación y tiempo. Pero eso ya lo sabía desde el principio Mariano
Rajoy, que fue el ministro de Educación en los gobiernos de Aznar y tuvo
que apagar todos los incendios que dejó desatados Esperanza Aguirre.
Seguramente el exministro José Ignacio Wert se fue
enterando sobre la marcha de cómo funciona la política educativa. Pero
Rajoy le dejó hacer y deshacer como a un niño en una juguetería siendo
perfectamente consciente del desastre que se provocaba y que habría que
rectificar y arreglar antes o después. La conclusión no puede ser otra
que sostener que provocar el desastre era y sigue siendo el verdadero
objetivo, no tanto cambiar el modelo y en absoluto mejorar la calidad de
la educación pública.
Desde ese punto de vista el
éxito de la ley Wert resulta incontestable. A su amparo la educación
pública española se ha visto sometida a la mayor descapitalización
humana y financiera de la historia reciente. Sanitarios y educadores
conforman el grueso del casi medio millón de trabajadores públicos
despedidos entre 2011 y 2015, mientras se arrastraba su prestigio social
por el suelo la inversión en educación retrocedía a niveles de
principio de los años ochenta y se proclamaba a diario su inminente
quiebra y colapso.
Puede que las reválidas no se
acaben implantando, pero ahí queda el daño causado con su contribución a
extender el mensaje y la percepción de que la educación pública
representa un desastre, una máquina cara y averiada que deforma y
abandona a los niños a su suerte.
El daño causado al
diseño curricular por pura cerrazón ideológica, o el desbarajuste
generado en el sistema por un proceso de centralización tan irracional
como sectario, suponen daños permanentes y de difícil y muy lenta
reparación.
No basta con parar la LOMCE, ni siquiera
cambiar la ley. El objetivo era deteriorar, descapitalizar y desmantelar
la pública a favor de la educación privada y se ha cumplido más que con
creces. La ley se derogará pero a Rajoy y Wert siempre les quedará
París, esa embajada y “la vie en ros
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