¿Por qué aparece ahora el acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE?
por Vicenç Navarro
Hoy, como consecuencia de las políticas de austeridad
promovidas durante todos estos años de la Gran Recesión por parte de las
instituciones europeas -el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el
Banco Central Europeo- (influenciadas todas ellas por el gobierno de la
canciller Merkel en Alemania, así como por el Fondo Monetario
Internacional), la Eurozona está en una situación más que preocupante.
Está en medio de una deflación (consecuencia también de las políticas de
austeridad), habiendo alcanzado un desempleo del 12%, cifra muy elevada
para la mayoría de países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de
la UE).
Frente a esta situación de recesión hay dos posibles soluciones. Una
sería revertir las políticas de austeridad, iniciando unas políticas de
estímulo económico y crecimiento de la demanda doméstica (mediante el
incremento de los salarios y del gasto público). Esta alternativa, que
sería la más lógica y razonable (y que beneficiaría más al bienestar de
las clases populares), cuenta con la clara y contundente oposición el
gobierno alemán, presidido por la canciller Merkel. En realidad, desde
que se iniciaron las políticas de austeridad con la aplicación de la
famosa Agenda 2010, diseñada y aprobada por el gobierno del canciller
alemán Schröder (que para más inri era dirigente de un gobierno
socialdemócrata), las políticas encaminadas a estimular la demanda
doméstica fueron claramente marginadas en la UE. Un caso claro de
marginación fue lo que le ocurrió al que era Ministro de Finanzas del
gobierno Schröder, el economista Oskar Lafontaine, que favorecía el
aumento de los salarios y del gasto público como manera de estimular la
demanda doméstica y así salir de la crisis. Lafontaine tuvo que
abandonar el gobierno primero, y el partido después, creando un nuevo
partido, Die Link.
Esta alternativa fue, pues, desechada, y en su lugar se promovió
estimular la economía a través de las exportaciones. Este ha sido el
pensamiento dominante en el establishment financiero a los dos lados del
Atlántico Norte, y debido a su desmesurada influencia, en las
instituciones políticas. Según este pensamiento, el aumento de las
exportaciones será lo que recuperará la economía. Y es así como aparece
el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE. El aumento del comercio
era y continúa siendo la propuesta neoliberal para salir de la crisis. Y
de ahí surge el énfasis en la necesidad de aumentar la competitividad,
lo cual, para el establishment europeo, quiere decir, en lenguaje plano,
bajar los salarios, diluir la protección social y eliminar las
intervenciones públicas que se han desarrollado para proteger a la
ciudadanía, bien como trabajadores, como consumidores o como residentes
expuestos a sustancias nocivas en sus barrios y hogares. Este es el
objetivo del Tratado de Libre Comercio, tratado que, de hecho, tiene muy
poco que ver con el libre comercio. En realidad, los aranceles y otros
factores que pueden dificultar la movilidad del comercio entre los
países a los dos lados del Atlántico Norte, prácticamente han
desaparecido y son ya inexistentes.
¿Cuál es el objetivo y propósito de tal Tratado?
No es, pues, el libre comercio lo que motiva el establecimiento de
los tratados que llevan tal nombre. Su propósito es debilitar al mundo
del trabajo (bajada de salarios) y eliminar la protección que la
ciudadanía ha venido adquiriendo históricamente, a base de sus
movilizaciones y presiones sobre el Estado. El objetivo de estos
tratados –como ha ocurrido con el tratado entre Canadá, EEUU y México,
el NAFTA- ha sido desmantelar estas regulaciones e intervenciones –en
las áreas de protección del trabajador, consumidor y/o residente-, algo
que el mundo empresarial ha intentado, sin poder conseguirlo, dentro de
cada país.
La nueva estrategia es establecer un nivel de autoridad por encima de
los Estados que pueda imponerles el deseo de las grandes empresas
transnacionales. Y ahí está la raíz del problema. Todos estos tratados
tienen como máxima autoridad a un tribunal supranacional que tiene
potestad sobre los Estados (tribunal que, por cierto, está bajo la
influencia de las grandes empresas transnacionales que tienen mayor
influencia sobre los Estados de mayor peso económico mundial),
forzándolos a debilitar o eliminar aquellas medidas y leyes protectoras
de la ciudadanía. De esta manera, una empresa privada puede llevar a un
Estado al tribunal supranacional bajo el argumento de que aquella
regulación o ley le discrimina y dificulta el desarrollo de su actividad
económica.
Pero existe otra razón para oponerse a tales tratados además del
desmantelamiento de la legislación laboral, ambiental y de defensa del
consumidor. Y es que el debilitamiento del mundo del trabajo que se
deriva de las medidas previstas en estos tratados conlleva la
disminución de los salarios y del gasto público social, con lo cual la
demanda doméstica baja todavía más, causando así el enlentecimiento del
crecimiento económico (que puede incluso suponer un descenso anual del
crecimiento del PIB de hasta 2 puntos). Y es ahí donde la supuesta
solución neoliberal se convierte también en auténtico problema
económico. Y esto apenas lo verá en los medios.
Una última observación. El discurso oficial de los promotores de tal
tratado es la necesidad de incrementar la relación comercial entre los
dos lados del Atlántico Norte, aumentando así la relación entre los dos
continentes. No debería, en sí, ser un proyecto contraproducente para el
bienestar de las poblaciones a los dos lados del Atlántico. En
principio, parecería, pues, un tratado conveniente, e incluso necesario,
ya que podría estimular la actividad económica a los dos lados del
Atlántico. Ahora bien, este no es el propósito de tales tratados por
mucho que sus promotores lo presenten de esta manera. Como he indicado,
no hay en este momento ninguna dificultad para que se realice tal
intercambio. Los aranceles, como he indicado antes, ya casi no existen.
Tales tratados tienen poco de libre y de comercio. El tratado tiene como
objetivo incrementar le poder de las grandes empresas transnacionales a
costa de las pequeñas empresas y, sobre todo, a costa de los estándares
y normas establecidas para proteger la salud, calidad de vida y
bienestar de las poblaciones. Así ha ocurrido en gran parte de los
tratados que han tenido el mismo título, y así ocurrirá con tal tratado
si este se aprobara.
Le llaman tratado de “libre comercio” pero no lo es
por Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona
La gran mayoría de la población española no ha oído ni leído
prácticamente nada sobre el llamado Tratado de Libre Comercio entre EEUU
y la Unión Europea. Y lo poco que habrá leído u oído le habrá parecido
que es un tema que debería favorecerse, pues un tratado con este título
seguro que aumentará el comercio entre los dos lados del Atlántico
Norte, y con ello la actividad económica y la creación de empleo. Los
mayores medios de información y persuasión, en manos de grandes grupos
financieros y empresariales, o bajo el control de opciones políticas
próximas a estos intereses, seguro que proveerán las cajas de resonancia
para que el lector, el oyente y el televidente de tales medios saque
esta percepción de dicho tratado.
Y ahí está el problema, pues tal tratado afectará a la gran mayoría
de la población en términos desfavorables a sus estándares de vida y al
nivel de protección social que ha adquirido, protección que se
debilitará considerablemente con la aplicación de ese tratado. Y la
causa de que ello ocurra así y no de otra manera es consecuencia del
enorme poder que los grandes conglomerados económicos y financieros
tienen sobre el Estado federal de EEUU y sobre los Estados miembros de
la Unión Europea. Y existe evidencia muy robusta de que ello será así.
Solo basta mirar otros tratados semejantes para ver quién se ha
beneficiado de ellos y quién ha salido perjudicado.
La experiencia de otros tratados de libre comercio
Hace algo más de un mes, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió un artículo en el New York Times
(31.01.15), significativamente titulado “No negocien con nuestra salud”
(“Don’t Trade Away our Health”), en el que detallaba cómo la industria
farmacéutica, una de las más poderosas en EEUU (y en Europa), estaba, en
realidad, escribiendo las reglas del nuevo Tratado de Libre Comercio de
la Asociación Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP),
que regula el intercambio internacional de fármacos en los países del
Pacífico. El objetivo de dicha industria es crear sistemas de propiedad
monopolística (que entran en conflicto, por cierto, con el libre
comercio) que imposibiliten medidas que rompan con tal monopolio. Y la
manera de conseguirlo es dar a la industria el poder para definir el
precio de los productos farmacéuticos mediante el establecimiento de
patentes, por un lado, e imposibilitando el desarrollo, venta y
distribución de productos genéricos, no sujetos a patentes, por otro.
Tener una patente quiere decir que la industria que ha producido el
fármaco patentado tiene pleno control de la producción y distribución
del producto durante un largo periodo de tiempo, lo cual le permite
pedir el precio que quiera por el fármaco. El caso más conocido es la
producción de la medicina que cura la Hepatitis C, cuyo precio en EEUU
es nada menos que de 84.000 dólares por paciente, mientras que en la
India, una versión genérica (no patentada) del fármaco se vende por
menos de un 1% de ese precio.
De libre, tal comercio tiene muy poco
La intención del Tratado de Libre Comercio, desde el punto de vista
de la industria farmacéutica, controlada por las grandes empresas
estadounidenses y europeas, es dificultar al máximo la introducción de
los productos genéricos no patentados. Y lo están consiguiendo. Como
Stiglitz menciona, las normas del TPP en el comercio de fármacos las
están escribiendo las grandes empresas farmacéuticas que, en la
práctica, controlan la agencia federal de EEUU a cargo de regular el
comercio internacional de fármacos, las cuales utilizan la gran
influencia comercial y diplomática del gobierno federal de EEUU para
aplicar estas normas a los once países del área del Pacífico que forman
parte del tratado, donde la extensión de los genéricos ha alcanzado
niveles alarmantes para las grandes empresas. Un tanto semejante ocurre
en el propio EEUU, donde los genéricos, para muchos productos
farmacéuticos, representan ya el 86% de todas las ventas de fármacos, lo
cual ha significado un ahorro para el gobierno federal de nada menos
que de 100.000 millones de dólares.
De ahí la movilización de tales grandes empresas farmacéuticas para
revertir este proceso, utilizando como argumento la necesidad de
aumentar el comercio, cuando, en realidad, la aplicación de sus
propuestas es precisamente lo opuesto a lo que indican. Su exigencia a
los Estados de permitirles un comportamiento monopolístico se basa en la
necesidad de recuperar el dinero supuestamente invertido en el
descubrimiento y producción del nuevo fármaco, argumento sobre el que
varias investigaciones académicas, creíbles y rigurosas, muestran su
gran falsedad, pues la mayoría de lo que definen como producción son, de
hecho, gastos de marketing y promoción. En realidad, gran parte del
conocimiento científico sobre el cual se producen los nuevos fármacos
procede de universidades y centros de investigación, como los famosos
Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health), que son
financiados públicamente, lo cual explica que un número creciente de
economistas, como Dean Baker, Codirector del Center for Economic and
Policy Research de Washington, estén proponiendo el final de las
patentes, asignando a las autoridades públicas la tarea de producir
tales fármacos, lo cual resultaría más económico para los Estados, pues
se librarían de tener que pagar unos precios tan altos.
Una última observación. La única defensa que la ciudadanía tiene es
hacer valer su influencia sobre las instituciones democráticas que, al
menos en teoría, representan sus intereses, para exigir plena
transparencia en la preparación de esos tratados, rompiendo con una
opacidad que intenta ocultar el maridaje y la complicidad de los
intereses particulares de lobbies económicos con las agencias
reguladoras públicas cautivas de tales intereses.
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