miércoles, 25 de marzo de 2015

La voz de Iñaki


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Adiós al juez Ruz

EL PAÍS  


Tal vez la clave sea comprender que no es lo mismo "hacer justicia" que ser justos. 'Hacer justicia' es hacer cumplir matemáticamente unas normas previas establecidas, las leyes. Es una función que puede hacer cualquiera. Un funcionario que gana un concurso profesional porque se ha dejado los codos estudiando para acceder a un cargo vitalicio que le garantice el sustento y la seguridad de un estatus. Esa  función no implica necesariamente que el que la asume sea justo y disponga de un imperativo ético personal que le permita hacer de la justicia su esencia, y que ella forme parte de su sentido de la vida y del bien común. Como al militar se le supone el valor , al banquero la avaricia, y al político 'profesional', sin más oficio que los beneficios de una ambición sin escrúpulos y capaz de cualquier cosa para apoderarse de todo y perdurar en el poder, al juez se le supone la decencia. Sin embargo,tal y como está montado el andamio social, para ser juez basta con chapar años enteros y tener la suerte, el mérito o/y, en su defecto, el enchufe necesario para conseguirlo. 
Si los tres poderes del Estado fuesen como deberían ser, los representantes del Poder Judiciaĺ tendrían que ser elegidos igualmente por la ciudadanía soberana. Si se vota a los parlamentarios que elegirán en nuestro lugar al Poder Ejecutivo, con la misma lógica y por idéntica razón se debería votar el Poder Judicial para que en nuestro lugar elija a los jueces adecuados sin dejar esa enorme y devastadora responsabilidad al criterio de las ideologías de turno interesadas en los otros dos poderes. Que es el disparate formidable con que nos hemos acostumbrado a que dis-funcionen los criterios a la hora de constituir el tercer pilar del Estado, que debería ser el primero.  Tiene toda la lógica: para que un Estado pueda ser de Derecho, lo primero es que sea Estado de Justicia. Sin ella como maestra y directora, el derecho es imposible. Todo nos sale torcido en ese cínico reparto de chocolate del loro. A la vista lo tenemos. Los jueces son meras marionetas del poder político y su libertad de acción es una falacia. Sólo pueden ejercerla si están de acuerdo con el Gobierno de turno y el partido mayoritario en el poder. Una prueba más que confirma los grades fallos de base en la Transición de nuestros pesares y pasares. 
Se entiende que de golpe y porrazo no fuese posible en un par de años adecentar este vertedero político-judicial heredado del "padrecito" Franco, que salíamos hechos fosfatina de la dictadura, que no había políticos ni juristas capaces de abarcarlo todo, vale. Pero es que ya han pasado 37 añazos. Casi cuatro décadas. Y la cosa se ha hecho tan crónica que ya hasta parece normal que la Justicia esté tan pringada como el Gobierno, el Parlamento y la Corona. Forman ese peculiar y anómalo tetraunvirato en el panorama indecente del Estado de Disparate, tragicómico y patético, que se nos está haciendo eterno. 
Hemos tenido un paciencia infinita. Incluídas las señorías decentes, que las hay y no son pocas, pero tan recortadas en sus competencias que a penas se notan. Y cuando se notan es el fin para ellas, para la Justicia y para los ciudadanos y la manifestación descorazonadora de quién es quién en el Estado a la hora de la mentira, porque, desgraciadamente a la hora de la verdad aún no la hemos visto ni por equivocación, nada menos que en ¡casi nueve legislaturas, nueve!. 
¿Cómo es posible que en todos esos años ningún gobierno ni parlamento ni Jefatura de Estado ni el propio Poder Judicial, hayan movido un sólo dedo para cambiar algo tan aberrante? 

La respuesta es evidente. A ninguno de los 'pilares de la democracia' le ha interesado hasta ahora que las cosas cambien. Y que la Justicia sea real y no una entelequia de libro y protocolo para hacer el paripé ante las potencias internaiconales y tapar los agujeros del mejunje con el aguaplás del acuerdo comanditario, por lo bajini, unas veces  y a cara dura descubierta, otras; puestos de acuerdo los dos bloques del "biparty" en todo lo que sea medrar a calzón quitado y a tutiplén. ¿Qué Estado de Justicia permitiría el derecho de pernada como sistema democrático? 

A lo mejor los jueces Garzón, Silva, Castro o Ruz, tienen algo que decir al respecto. Aunque no sé si la ley mordaza no considerará  como delito en alguno de sus inefables artículos  que los jueces damnificados, defenestrados, calumniados, chantajeados, manipulados, desesperados y acojonados, expliquen públicamente sus experiencias para que los ciudadanos sepan de una vez lo que vale un peine, una toga y unas puñetas como dioshmanda sin que las planche y almidone el poder ejecutivo mano a mano con el legislativo, que vienen a ser almas gemelas. Si es que queda algo de alma entre los escaños del batiburrillo plenipotenciario y desalmado, comme il faut. Ains!

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