El PP ha decidido solucionar un problema que no
existe. La instrucción de los procesos penales por parte del juez. El
PSOE está muy de acuerdo en apoyarle en ello. Podrán pactar y acordar un
cambio que no soluciona nada que nos acucie, pero que a ambos partidos
les debe parecer prioritario. Han comenzado ya los movimientos de
formación de la opinión pública para hacernos aplaudir un cambio que no
sólo no es necesario, ni mucho menos urgente, sino que puede ser
peligroso y contraproducente para el funcionamiento del Estado de
Derecho. Nos la van a colar y encima van a pretender que les aplaudamos
el empeño.
No es un tema tan técnico como pretenden.
Trata del control del poder y eso lo vamos a entender todos rápido. Fue
Felipe González el que comenzó a pensar que los jueces en este país
tenían “demasiado poder”. No es raro. Se arriesgaba a que le enviaran a
prisión a unos cuantos cargos importantes. Lo resolvió reformando la
manera en la que el juez podía adoptar la prisión preventiva e introdujo
la obligatoriedad de la petición acusatoria, para meter al fiscal por
medio. Sólo doy datos. El PP siempre estuvo en contra de entregar la
instrucción a la Fiscalía, arrebatándosela a los jueces. No hace falta
ser un lince para saber cómo y por qué se han caído ahora del caballo y
se han reconvertido, después de ver el calvario judicial que han
atravesado en los últimos años. Intentar controlar a los jueces, a
través de nombramientos y otras zanahorias y palos, es complejo,
indirecto y no totalmente satisfactorio. Las carnes de los populares lo
saben, y los ciudadanos también. En cambio, hacer que la Infanta no sea
acusada o que no se impulse la acción penal en temas como los Papeles de
Bárcenas, Pujol y otros muchos, que arrancaron gracias a acusaciones
populares, no resulta tan difícil. A las pruebas me remito.
Así que han decidido solucionarnos ese problema que nos
inquieta tanto y que estriba en que los jueces instruyan con
independencia, aunque sin medios, que esa también es otra forma de
ponerle palos a la rueda.
Los argumentos que se
esgrimen, para vendernos una idea que a ciertos políticos les encanta,
son fácilmente rebatibles. Ni importa que el juez instructor sea una
figura diferente a la de otros países, ni es fácil llevarla a cabo con
el número de fiscales existentes, ni es aceptable que un fiscal
dependiente jerárquicamente pueda investigar y tomar medidas contra los
ciudadanos por mucho que a posteriori las controle el juez. No pongo en
duda a los integrantes de la Fiscalía, pero sí a quiénes mandan y en
modo alguno van a dejar de hacerlo.
Ni yo, ni ninguno
de los detractores de este cambio innecesario y peligroso, tenemos nada
que objetar a la capacidad profesional de los fiscales españoles, pero
me temo que la tenemos toda contra los dos grandes partidos que han
politizado y manipulado durante décadas las reglas del juego para buscar
crear una burbuja de impunidad para el poder.
Si de
verdad es tan operativo que sea el fiscal el instructor, no veo otra
salida que convertir a los fiscales en parte del Poder Judicial y
hacerlos totalmente independientes, como sucede en otros países, por
cierto.
La instrucción penal sólo puede estar en
manos independientes del poder en una democracia. No dejemos que nos la
cuelen de nuevo. Los cambios, los pactos en sí, no merecen aplauso
alguno. Es su contenido el que debe satisfacer la necesidad de una
sociedad más libre y de una auténtica regeneración democrática que la
inmensa mayoría de los españoles desea y que es la única esperanza de
progreso para todos. Eso es lo que deben de reformar y pactar. Que no
nos la cuelen de nuevo.
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