IU denuncia a las eléctricas ante la Fiscalía por “fraude” en los precios
El líder andaluz de la coalición, Antonio Maíllo, junto a Alberto Garzón, llevan a las empresas energéticas ante el fiscal de Sevilla por un supuesto delito al reducir la producción de gas provocando el encarecimiento de los precios.
DANIEL CELA (Público)
SEVILLA.- Izquierda Unida Andalucía va a llevar ante la Fiscalía a las empresas energéticas.
La coincidencia entre la oleada de frío y la subida máxima de los
precios de la luz ha empujado a la coalición de izquierdas hasta los
juzgados.
El coordinador regional, Antonio Maíllo, junto a otros seis parlamentarios andaluces y diputados de IU en el Congreso (incluido su líder, Alberto Garzón)
y un grupo de alcaldes firman una denuncia que se registrará este
viernes ante el Ministerio Público de Sevilla, con ruego de que se eleve
a la Fiscalía Superior de Andalucía.
IU considera que la subida “aleatoria” de los precios de la luz en máximos históricos justo cuando la ciudadanía más necesita de la calefacción para protegerse del frío de invierno es constitutiva de delito.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Público,
pide “que se investigue si las compañías suministradoras que cuentan
con una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas
zonas, especialmente las determinadas zonas blancas, pudieran estar
incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía
eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin
interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas”.
Y en segundo lugar, solicita al fiscal “que
se inicie una investigación sobre las razones por las que en un periodo
de altísima demanda las empresas han modulado a la baja la producción
de las centrales de gas, provocando con su decisión un encarecimiento
del precio de la energía eléctrica mediante prácticas que pudieran ser
fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios”.
IU formó parte del Gobierno de coalición con
el PSOE andaluz en la pasada legislatura y ya intentó entonces aprobar
una ley de suministros mínimos vitales para evitar que las eléctricas
cortaran la luz a familias en riesgo de exclusión. No logró hacerlo
obligatorio para las compañías, y finalmente aquella norma quedó vaciada
de contenido.
Ahora la coalición de izquierdas cree
urgente la “apertura de una investigación que no sólo ponga en evidencia
el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas
tendentes a aumentar sus beneficios, sino actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”.
“Es inaceptable que los poderes públicos,
que deben velar por el interés general y la protección de todas las
personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y
mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con
arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto
desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se
enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica”, dice Maíllo.
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