Los
comunes registraban esta semana una proposición en el Parlament para
que se votara la propuesta del Pacto de Claridad (Pacte de Claretat, en
catalán), un acuerdo catalán que debería terminar con una ley estatal
que hiciera posible a los catalanes ejercer su derecho a decidir. Esta
propuesta, que adelantó Xavier Domènech de cara a las elecciones del
21-D,
tal y como contó cuartopoder.es, podría
implicar una reforma constitucional de todo el Estado impulsada desde Catalunya.
El Pleno, finalmente, no se celebró esta semana en el Parlament tras la
batalla desatada en el interior del independentismo entre los grupos
JxCat y ERC sobre la delegación del voto de los diputados suspendidos
por el juez Pablo Llarena. El debate se celebrará, previsiblemente, el
próximo martes. Te contamos qué es el Pacto de Claridad.
Origen: Canadá
En
el año 2000, el Parlamento canadiense aprobaba la Ley de Claridad,
mediante la cual se permitía al Gobierno estatal a entrar en
negociaciones con una de sus provincias de cara a una posible secesión.
Esta ley se estableció, en la práctica, para negociar con Quebec, donde
en 1980 y 1995 se habían celebrado dos referéndums en los cuales ganó el
no a la independencia. Desde que se aprobara esta ley canadiense, el
partido de gobierno en Quebec no tiene entre sus prioridades políticas
la independencia.
Un primer pacto catalán
La idea de los comunes es, en un principio,
conseguir en Catalunya un acuerdo de mayorías que establezca cómo se puede ejercer el derecho a decidir,
un derecho que, hasta hace poco, reunía el consenso del 80% de la
población. Según un documento de los comunes al que ha tenido acceso
cuartopoder.es,
“la realización de un referéndum acordado y vinculante, con
reconocimiento internacional y que asegure las máximas garantías
democráticas” es la apuesta de Catalunya En Comú Podem. “De esta manera,
el referéndum ha de interpelar a toda la ciudadanía de Catalunya.
Solamente así será un instrumento útil para resolver el conflicto de
manera democrática”.
“Se quiere impulsar un
espacio de dialogo entre los actores políticos y sociales, la sociedad civil y la ciudadanía
catalana que se centre en establecer cómo debería ser el referéndum
para decidir sobre el futuro de Catalunya”. Una vez se haya conseguido
un consenso social, que, según nos explica la presidenta del grupo
Catalunya En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, se podría
desarrollar en una comisión parlamentaria, este pacto debería incluir
una amplia mayoría de las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya
y, en él, se podría determinar “el procedimiento, la pregunta, las
condiciones para llevarlo a término y los criterios de interpretación
del resultado”.
Albiach asegura que “necesitamos un pacto de
mayorías en Catalunya para después ir a negociar con el Estado”. “Vemos
cómo Torra pasa la pelota constantemente al Estado, diciéndole que hay
que negociar un referéndum, un referéndum que, ni siquiera, en
Catalunya, hemos acordado en qué condiciones y cómo lo querríamos
celebrar”, comenta, añadiendo:·”
Primero necesitamos este pacto catalán, después negociarlo con el Estado
cuando hayamos sumado a amplias mayorías”. “Tenemos que dar a los
conflictos políticos soluciones políticas”, considera la presidenta del
grupo parlamentario de los comunes.
Grandes acuerdos previos
En
Catalunya, el apoyo al derecho a decidir es mucho más amplio que el
independentismo. La gente que cree que debe decidir la relación entre
Catalunya y España es mayoritaria. En el año 2013, en el mes de junio,
se presentaba en el Parlament el
Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
apoyado por 40 entidades sociales, culturales, deportivas y políticas.
Unos meses después, en septiembre, cuando se presentó el manifiesto, ya
lo habían firmado 800 entidades.
En el año 2016 se creaba el
Pacte Nacional pel Referéndum,
que sustituiría al anterior, coordinado por el ex del PSC, Joan Ignasi
Elena. En enero del 2017 se presentó el manifiesto que habían suscrito
más de 4.000 entidades, como Òmnium Cultural y la ANC, los sindicatos
mayoritarios o, incluso, el Fútbol Club Barcelona, y más de 400.000
personas. Según Albiach, el Pacte de Claretat tiene unos objetivos más
concretos que el Pacte pel Referèndum, ya que este no entraba en
describir cómo sería la consulta, con qué plazos se realizaría, qué
pregunta o preguntas y cómo serían interpretados los resultados. Estos
retos se asumirían en el nuevo pacto.
En septiembre de 2017 se constituía la
Taula per la Democràcia.
La represión del Estado comenzaba a materializarse ante la cercanía del
1-O. El 20-S, altos cargos de la Generalitat fueron detenidos y las
sedes de la Conselleria d’Economia y de la CUP registradas por la
Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta plataforma adquiriría mayor
protagonismo conforme se fueron desarrollando los encarcelamientos de
los presos políticos, dirigentes políticos y sociales, algunos de los
cuales siguen hoy en prisión preventiva. Entre las entidades miembro se
encuentran: CCOO, UGT, Associación d’Universitats Públiques, Consell de
la Joventut de Catalunya, Òmnium Cultural o la ANC.
En abril de
este año, se organizó una manifestación masiva en el Paral.lel de
Barcelona pidiendo la libertad de los presos políticos. A raíz de la
organización de esta protesta se conformó el
Espai Democràcia i Convivència, impulsado por entidades similares a la anterior, en favor de las libertades democráticas.
Segundo paso: el Estado
Una
vez conseguido un acuerdo social de amplias mayorías que se reflejen
también en el Parlament, el siguiente paso es llevar al Congreso de los
Diputados una proposición de una Ley de Claridad. “P
artiendo de una propuesta surgida del acuerdo entre un amplia mayoría de fuerzas políticas y sociales, el
Congreso de los Diputados aprobaría una Ley de Claridad, en la que
establecería cuestiones como el momento a partir del cual Catalunya
podría realizar un referéndum, el procedimiento y las
condiciones para interpretar el resultado y las condiciones para
llevarlo a término”, explica el documento al que ha tenido acceso cuartopoder.es.
Su aprobación requeriría de una mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados y abriría la posibilidad de celebrar un referéndum de
autodeterminación.
No
obstante, desde Catalunya En Comú Podem son conscientes de que con la
actual legislación vigente ya se podría celebrar un referéndum
consultivo en Catalunya antes de la aprobación de esta Ley de Claridad,
emulando a lo sucedido en Canadá. Domènech, antes del 21-D, cuando
formuló esta propuesta, apostaba por la ardua labor de
conseguir mayorías políticas y sociales en el Estado
para sacar adelante esta ley. Albiach, preguntada por este medio,
asegura que, “una vez llegado a un pacto catalán, tendrían que ser las
fuerzas políticas representadas en el ámbito estatal que apuestan por el
referéndum las que planteasen cuándo llevar esta iniciativa legislativa
adelante”.
Una relación bilateral en un Estado plurinacional
Más
allá de esta senda para llevar a cabo el referéndum de
autodeterminación de Catalunya, la propuesta de los comunes aborda otros
temas, como e
l reconocimiento de la plurinacionalidad de España en el que se reconozca el derecho a decidir vía reforma constitucional; un reconocimiento de Catalunya como nación política, que pueda decidir su futuro; el reconocimiento de una relación bilateral entre Catalunya y el Estado; el establecimiento de una hacienda propia catalana y solidaria; un blindaje competencial con el establecimiento claro de competencias exclusivas, compartidas y cedidas; la protección del catalán y la participación de Catalunya en los órganos del Estado en materia de política exterior y europea. “En defintiva,
un pacto bilateral con el Estado que permita un nuevo encaje territorial
(competencial) de Catalunya en una nueva España (plurinacional)”,
recoge el documento. Un pacto bilateral, como podría ser un Estatuto,
pero que incluiría la posibilidad de que el pueblo catalán eligiera la
independencia, es decir, no dejaría fuera de este acuerdo a un amplio
sector de catalanes.
Apoyos actuales
Previsiblemente, será
el martes cuando se lleve a cabo el Pleno en el que se votará esta
proposición de Catalunya En Comú. Según nos cuenta la presidenta de
Catalunya En Comú Podem, la proposición para iniciar el pacto contaría
con el apoyo de ERC y la abstención de JxCat, si no cambian de postura
en los próximos días. La posición de ERC es muy importante, pues revela
la voluntad de los republicanos de buscar acuerdos con mayorías más allá
del independentismo. La abstención de JxCat también revela que entre
sus filas no hay una posición unánime sobre la estrategia a seguir: el
rupturismo al que apela Puigdemont o una vía que sume mayorías buscando
acuerdos con sectores no independentistas pero partidarios al derecho a
decidir. PP y Ciudadanos votarán en contra, como la CUP. PSC también, su
propuesta, ahora, es la de la reforma del Estatut que defiende Sánchez.
De momento, no salen las cuentas, pero quizás esta sea una propuesta a tener en cuenta para el medio plazo, si se consigue desinflamar la actual situación.
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