"Land of Valencia": los pagos en paraísos fiscales de Zaplana a Julio Iglesias por ser la imagen de la Generalitat no prescriben
La Audiencia Provincial sobreseyó el caso que abrió en 2005, pero
mantiene vivos los delitos a la espera de recibir la contestación de dos
comisiones rogatorias sobre pagos del Gobierno valenciano en Islas
Caimán y Shangai
También espera la declaración de un imputado fugado, mientras uno de los investigados sigue "en rebeldía" en Japón desde hace 13 años, justo cuando se abrió el caso y con una condena firme de cinco años de cárcel que no ha cumplido
También espera la declaración de un imputado fugado, mientras uno de los investigados sigue "en rebeldía" en Japón desde hace 13 años, justo cuando se abrió el caso y con una condena firme de cinco años de cárcel que no ha cumplido
El que fuera presidente de la Generalitat valenciana ahora en prisión provisional,
Eduardo Zaplana, quiso convertir la Comunitat Valenciana en una "Terra
Mítica". Para conseguir su propósito -que fue en paralelo a su
enriquecimiento personal y crecimiento político- no escatimó en recursos
públicos. Grandes eventos y obras faraónicas pagadas con dinero público que acabaron en manos privadas.
Pero la propuesta que más lució el expresidente y que, todavía en un
futuro, le puede acabar salpicando fue el "fichaje" del cantante Julio
Iglesias para ser la imagen de la autonomía en el mundo.
La única efeméride de Julio Iglesias con la Comunitat Valenciana fue
ganar en 1968 el Festival de Benidorm, hecho que cambió la vida al
cantante y que a Zaplana -cartagenero de nacimiento pero benidormense de
carrera política- le marcó. Por ello, no escatimó dinero -público- para
tejer una amistad con el artista que se sustanció en un contrato
multimillonario para que Iglesias fuera la imagen internacional de la
Generalitat y la autonomía. El cantante, acabó llamando a Zaplana " el
campeón" después de este negocio redondo en 1997.
Pero el acuerdo entre la administración valenciana y
Julio Iglesias acabó en los tribunales dentro del conocido caso Ivex,
que investiga el saqueo del Instituto Valenciano de la Exportación. Una
de las piezas de esta causa se cerró con la condena a prisión de los
directivos de esta sociedad pública y la segunda, la que indaga en el
contrato de la Generalitat con Julio Iglesias, languidece entre la
burocracia judicial. Pese a los 18 años de instrucción -13 desde que se
abrió la pieza que salpica al cantante- la Audiencia Provincial se niega
a dar por prescritos los delitos.
En un auto
reciente, la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la
prescripción de los delitos de una causa que fue sobreseída
provisionalmente hace varios años. En ella, los jueces investigan si
hubo falsedad documental y malversación de fondos públicos en la forma
en la que el Ivex pagó al cantante Julio Iglesias por desarrollar su
labor de representación de la Comunitat Valenciana en el año 1997.
El exdirector del Ivex José María Tabares firmó un contrato para que el
cantante fuera la imagen de la Comunitat Valenciana en el mundo, lo que
incluía la celebración de varios conciertos internacionales para
promocionar la marca "Land of Valencia". Dicho documento desvelaba que
el artista iba a cobrar 375 millones de pesetas -unos 2,2 millones de euros- por ese trabajo de embajador de la autonomía.
Sin embargo, los investigadores persiguen la firma otro contrato
privado -un contrato B- por el que el pago real a Julio Iglesias
ascendía a más del doble de dinero. Es decir, unos seis millones de
dólares libres de impuestos que, además, se abonaron fuera de España y
en paraísos fiscales.
En esta
causa figura como investigado quien fuera director general del Ivex José
María Tabares, entre 1997 y 1999, fugado de la justicia tras ser
condenado a cinco años de prisión por delitos de estafa y falsedad en el
instituto público cometidos en el ejercicio de su cargo, que le impuso
la Audiencia de Valencia y le confirmó el Tribunal Supremo en 2006.
Tabares se encuentra en Japón desde el año 2005, cuando fue condenado y
se abrió la investigación sobre los pagos a Julio Iglesias.
El directivo, que es profesor de español en el país nipón donde no hay
tratado bilateral de extradición aunque sí de asistencia jurídica con la
UE, ha sido reclamado por la justicia pero se encuentra en rebeldía.
Eso sí, ha solicitado que prescriban los delitos por el contrato B con
el cantante. La justicia sigue esperando las comisiones rogatorias que
cursó a Islas Caimán y Shangai para poder avanzar con el proceso, que
sigue paralizado pero no archivado
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