En estado defectuoso
Javier Aroca
En un intento desesperado por defender al estado español por unas
desafortunadas afirmaciones desde el soberanismo catalán, Inés Arrimadas
ha sostenido que no fue el estado español sino el régimen franquista
el que fusiló, tras detener ilegalmente y torturar, a Lluís Companys.
Igual diría doña Inés, supongo, con el asesinato de Blas Infante. Igual
con Queipo de Llano, ¿en nombre de quién masacró a las gentes de
Andalucía el general castellano-leonés?
Un disparate
científico, como ha afirmado el profesor de derecho constitucional
Joaquin Urías y cualquier otro ciudadano en posesión de los primeros
fundamentos de democracia, sin que haga falta un máster. Evidentemente ,
en la actualidad, el estado español no es un estado fascista,
totalitario y asesino, sino que se construye sobre los cimientos
democráticos de una Constitución y la soberanía popular, pero aquel
régimen, sí que era el estado español, eso si, encarnado en la figura
ilegítima de un dictador totalitario, pero apoyado por las fuerzas
institucionales leales, que no se olvide, como la Iglesia, por ejemplo,
por el ejército y los poderes económicos, financieros, energéticos y
sociales, muchos de los cuales aún mandan en España, con otras
vestiduras y no solo talares.
Eso lo debería tener claro la señora Arrimadas y su partido,
Ciudadanos, pero no para defender la irresponsabilidad como estado del
régimen franquista. Buena oportunidad para rectificar y dejar de
defender la inexistencia de aquel estado poseído por el régimen
golpista de 1936; es más, condenarlo sin paliativos, sin apología, como
no ha hecho Ciudadanos, y proceder a la depuración de responsabilidades
de los que fueron sus protagonistas. O, como mínimo, no proteger su
memoria y sus símbolos sino, más bien, restablecer el honor y la memoria
de los que dieron su vida por la democracia y el orden constitucional
republicano, abrogado por el uso criminal de la fuerza.
Pero los franquistas no han desaparecido y no porque no haya, como en
todas partes, elementos añorantes de aquel estado ilegítimo sino porque
algunos de sus poderes se han perpetuado mas acá de la Transición,
mechando las instituciones del estado, ya democrático, sea la
judicatura, instituciones básicas, la policía. Esta última, se ha
permitido hasta donarse medallas por crímenes contra los derechos
fundamentales de las personas. Por no hablar de la propia jefatura del
estado, que independientemente de su legitimación de origen, no ha
tenido ni empacho ni vergüenza, en regalar y mantener prebendas
nobiliarias a los cabecillas franquistas, propias de un estado dinástico
y no democrático, haciendo así del estado español , por la permanencia
de valores del franquismo, una democracia defectuosa.
Los ejemplos se prodigan cada día, sea en el Tribunal Supremo o
Tribunal Constitucional, por empezar por arriba, pero también en las
cloacas del estado, los medios de comunicación y podríamos seguir.
Desmontar décadas de franquismo, construidos sobre siglos de ausencia de
democracia no es fácil. Solo nuestra integración en la UE, sobre todo
en el pilar judicial, vía TJUE , nos mantiene, a duras penas, en niveles
homologables en una justicia incapaz de asomarse a los Pirineos.
En estos días asistimos atónitos a la descomposición a jirones de la
reputación y prestigio de la justicia española. No contribuyen a tener
esperanzas en lo contrario ni el Tribunal Supremo, como, muy
frecuentemente, ni la Audiencia Nacional, un recuerdo envenenado del
Tribunal de Orden Público, ni la Iglesia católica, atrincherada en los
beneficios del nacional catolicismo, rejuvenecidos en los Acuerdos con
la Santa Sede, de dudosa constitucionalidad, ni la impunidad de las
policías y de los aparatos del criptoestado, ni la defensa, más allá de
lo razonable, de la jefatura del estado y sus privilegios, por encima de
lo que aconseja un estado democrático sometido a controles y
equilibrios entre todos sus poderes. La democracia española, así vista,
deviene en defectuosa.
Como todo es economía, como
nos ha dejado claro el Tribunal Supremo, en su marcha atrás en defensa
de una banca indecorosa, respondamos con la lógica económica. Los
productos defectuosos, con vicios de fabricación, se retiran, algunas de
nuestras instituciones básicas tienen defectos de fabricación, son
defectuosas, están para devolverlas. La Transición fue buena, pero
defectos de fabricación democrática, haylos, devuélvanse los afectados.
Una buena democracia económica protege a los consumidores, garantiza el
mantenimiento de sus productos y, en todo caso, repara daños e
indemniza. Ya que estamos donde estamos que, al menos, haya lógica de
mercado.
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