Magnífica esta disertación sobre el derecho a morir cuando el sujeto lo considere necesario y oportuno. Gracias al Profesor De Lucas por esta primicia, que seguro, hará mucho bien a los lectores en particular y a la sociedad en general. ¡Gracias!

Libres hasta el final

Javier de Lucas 

Infolibre 

Aún es intempestivo reivindicar el derecho a la propia muerte

Voy a proponer en lo que sigue algunas consideraciones, probablemente

intempestivas

, seguro que políticamente inoportunas, sobre lo que considero el debate radical que queda oculto tras la actual discusión en torno a la despenalización de determinadas prácticas eutanásicas y de suicidio asistido, e incluso sobre el proyecto de ley del grupo parlamentario socialista que reconoce –¡por fin!– el derecho a la eutanasia.

Porque, sin negar los muy positivos avances que representan unas y otras, creo que no van a lo que a mi juicio es la raíz:

el derecho original de todo ser humano a decidir sobre aquello que es más importante, nuestra propia vida y su final

. Un derecho que por ahora es sólo, claro, una libertad (“no existe en la Constitución un derecho a morir”, nos recuerdan los ortodoxos juristas y políticos). Un derecho por cuyo reconocimiento pugnan no pocos, y que corresponde a todos, se esté o no en algunos de los supuestos “legalizados”, se pertenezca o no a alguno de los dos grupos de personas reconocidos en ese buen proyecto, esto es, enfermos en fase terminal; graves discapacitados permanentes. Sólo esos supuestos, en efecto, justifican reconocer como un derecho la decisión de poner fin (las más de las veces, de ayudar a poner fin) a la vida, de forma "dulce", esto es, digna, que eso es la eutanasia. Un avance, desde luego, en la lucha por evitar tener que pasar por el sufrimiento y, menos aún, por la crueldad que supone la imposición "a toda costa

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de su prolongación, algo a lo que intentan responder las diferentes modalidades de reconocimiento del derecho a los "cuidados paliativos

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, la barrera en la que se detienen C's y PP y también la iglesia católica.

Me atrevo a utilizar esa expresión nietzscheana, Intempestivas. Entre 1873 y 1876, publicó Nietzsche los volúmenes que componen sus Unzeitgemässe Betrachtungen, Consideraciones intempestivas, una feroz diatriba de la cultura oficial (alemana), guiadas por lo que él mismo considera el “proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo y, con ello, surgir un efecto sobre él y los tiempos futuros”. Lo intempestivo, como se ha escrito, busca “quebrar la temporalidad de lo actual como afirmación exitosa, como festejo de la realización del devenir de la historia”.
Pues bien, sin pretensión alguna de comparación con el genio y la ambición del filósofo alemán, lo que impulsa estas líneas es ese objetivo: abandonar de una vez la autocomplacencia acerca del "triunfo" del espíritu civilizado de estas reformas. Ir a la raíz.

Hay mucho que decir sobre los diferentes proyectos presentados en esta legislatura y que inciden en los cuidados paliativos y el derecho a la eutanasia, desde la iniciativa legislativa de Unidos-Podemos en la que se estaban manifiestamente presentes las tesis de la Asociación DMD y del Grupo de Estudios de Política Criminal, un proyecto del que en buena medida es deudor el socialista, la del Parlament de Catalunya para la reforma del artículo 143.4 del Código Penal, o la de Cs sobre los cuidados paliativos, hasta llegar al escandaloso plagio legislativo en el que ha incurrido el PP al presentar su enmienda a la totalidad del proyecto impulsado por el Gobierno. Sobre todo ello, puede leerse este artículo de Víctor Alonso Rocafort. Reconozco que el proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia y que impulsa el Gobierno Sánchez es un avance muy positivo (aunque mejorable): ojalá se mejore en el trámite parlamentario y se apruebe. Pero si escribo es para argumentar que incluso este proyecto de ley que reconoce el derecho a la eutanasia deja filosóficamente casi intacto el paternalismo que supone la sumisión de nuestra decisión sobre aquello que nos es más propio, la propia muerte, al control por parte de sabios, especialistas, clérigos y demás representantes de la autoridad.
Tres tesis sobre la coherencia de este derecho originario con la lógica de los derechos, del estado de derecho y de la democracia

Frente a eso, creo que es hora de que reivindiquemos coherentemente y de una vez el viejo ideal de autonomía, sin el cual, conceptos tan venerables como frecuentemente vacíos o redundantes son poco más que retórica que tantas veces se pone al servicio de decisiones que, de hecho, son incompatibles con esa dignidad. ¿Acaso no es la suprema indignidad tener que someterse a la decisión ajena sobre la única elección verdaderamente nuestra, la de la propia muerte?

Lo expondré a través de tres tesis que me parece están en consonancia con el argumento básico expuesto de forma concisa y brillante por Javier Pérez Royo en su artículo “derecho a la propia muerte”. Esas tres tesis tratan de razonar que el desarrollo coherente de la cultura de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la idea misma de democracia, postulan el reconocimiento de este derecho básico.
Primera tesis: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello la dignidad de la persona, es el fundamento del derecho a decidir sobre la propia muerte, que va más allá de la obvia libertad de elegir morir. Se trata de un derecho que debe ser reconocido como tal derecho humano de rango fundamental.
Formulación negativa: No hay un desarrollo pleno y coherente de la cultura de los derechos humanos, si no se incluye este derecho a decidir la propia muerte.

El primer argumento que, a mi juicio, justifica jurídicamente –quiero decir, constitucionalmente– la consideración del derecho a decidir sobre la propia muerte como derecho fundamental, es que se trata, probablemente, de la manifestación más relevante del libre desarrollo de la personalidad, proclamado en el artículo 10 como fundamento del orden político y de la paz social. Me remito a una tradición filosófica de larga data. Basta recordar el dictum de Sófocles: “Quien sigue apegado a la vida en la desgracia, o es un cobarde o es un estúpido”, que encuentra desarrollo en el estoicismo romano de los Séneca (“La cosa mejor que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada a la vida, nos ha procurado miles de salidas”, escribe en las Epístolas morales a Lucilio) o Marco Aurelio. En esa tradición es ineludible referirse al ensayo de Hume, On Suicide (1790), pasando por los argumentos de Schopenhauer (1891), “es bastante obvio que no hay nada en el mundo para el que cada hombre tenga un título más irrebatible que su propia vida y persona", la concepción de libertad y daño de J.S. Mill en On Liberty (1859), hasta llegar al planteamiento de Camus, que sostiene que la libertad no es tal si no lo es en el test, por sí decirlo, supremo: el del derecho a decidir (sí, el más genuino derecho a decidir, por así decirlo) sobre la propia vida, sobre su final. Decidir sobre las cuestiones que afectan de modo más relevante a mi propia vida, eso es la libertad, eso es la dignidad. Y entre esas cuestiones, ¿qué duda cabe que se encuentra la de la propia muerte?
Creo que desde el punto de vista filosófico-jurídico podemos vincular el fundamento de esas tesis con la noción misma de autonomía de la voluntad, que otros calificarían jurídicamente como el derecho a decidir sobre el propio plan de vida. Y es obvio que este es el fundamento deontológico de lo que denominamos derechos humanos. Pero eso exige dos precisiones.
La primera es algo que, por evidente, a veces queda oculto. Me refiero a lo que entre otros, ha señalado mi colega el profesor J.C Carbonell cuando critica a mi juicio con razón, una parte de la jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión. En efecto, no tiene ninguna racionalidad contraponer en bruto dos derechos como el derecho a la vida y el derecho a la muerte. La muerte es un hecho inevitable: nuestra única certeza (puesto que sabemos que, al menos para algunos, es posible evitar el deber de pagar los impuestos, la otra presunta certeza). No hablamos del derecho a la muerte, y menos todavía de la apología del suicidio sin más. Hablamos del derecho a elegir la muerte digna, como último acto de libertad.
Y en segundo lugar, no conviene convertir el derecho a la vida (condición ontológica de los derechos, sí) en un derecho sagrado, absoluto o en un imperativo categórico, un deber absoluto y sagrado, indisponible: sólo quienes adopten una determinada posición trascendente (no la única) u holista pueden sostener que el dueño de ese derecho no es el propio sujeto, sino dios, o la especie/grupo social/la sociedad, ante quienes tendríamos el deber de mantener la vida sin disponibilidad de nuestra parte. Ambas dos justificaciones son criticadas por Hume con toda claridad cuando escribe.

Pues bien, como han destacado notables juristas, una interpretación integradora de vida y libertad y, por tanto, una interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad, obliga a considerar que "la vida es un derecho, no un deber". Es eso lo que nos explica Séneca cuando escribe “no se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla”. Como reconoció la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985, debe recordarse que la vida no es en ningún caso un imperativo incondicionado, porque como también ha recordado el TC, desde la más elemental consideración jurídica que fuera recordada por Kant, la noción de derechos –y la de deberes– absolutos es una contradicción en los términos, pues hace imposible la libertad individual, los derechos de los otros, el Derecho mismo.

Por supuesto que el elemento que justifica este enfoque en la perspectiva filosófico jurídica, como ya sugerí antes, es el argumento liberal de J. S. Mill en su muy relevante ensayo On Liberty, acerca de la justificación de la interferencia del poder, del Derecho, en el ámbito de la libertad individual. Como recordarán, no es otro que la noción de daño: pero no cualquier daño, sino un daño relevante y mayor que el de la limitación de la libertad. Y la pregunta es ¿cuál es ese daño, o, para expresarnos en términos jurídicos, cuál es el bien jurídico dañado –y más relevante que la libertad individual– a la hora de no reconocer la regulación de la eutanasia como derecho y aun penalizarla? Confieso que no lo encuentro: creo evidente que ni el daño indiscutible que puede ocasionar a terceros su pérdida, ni la pérdida de la vida como un bien indiscutible pueden justificar a mi juicio el daño que se ocasiona al bien jurídico deontológicamente prioritario que es la libertad individual (la vida lo es ontológicamente, pero no deontológicamente). Un daño peor que el daño a terceros, a la sociedad, a la vida.
Porque, insisto, hablamos de un derecho, y no de un deber que se impone como imperativo categórico ajeno a la voluntad del propio sujeto. Esa concepción puede justificarse desde determinadas visiones morales o religiosas, pero jurídicamente hablando es una manifestación de lo que los iusfilósofos denominamos "paternalismo no justificado", por incompatible con la autonomía moral y jurídica individual.
Segunda tesis: el derecho a decidir sobre la propia muerte es un derecho imprescindible desde la coherencia con la lógica del Estado de Derecho, con su lógico desarrollo, y con la noción garantista de la libertad que éste supone.
Formulación negativa: no hay Estado de Derecho pleno y coherente sin el derecho a decidir sobre la propia muerte.

Si el Estado de Derecho tiene un fundamento, una línea roja que podemos descubrir como elemento de sentido que lo hace preferible es precisamente éste: el compromiso de reconocer a la persona como dueña de su destino y respetarla en lo que vale su dignidad. Porque, como asegura el propio texto constitucional, sin dignidad de la persona, el Estado de Derecho carece de sentido.

Vuelvo a recordarlo: cuando nuestra Constitución define qué tipo de Estado y qué orden social institucionaliza, cuando quiere formular su núcleo, su fundamento, lo hace de forma inequívoca en su artículo 10: el libre desarrollo de la personalidad es el fundamento del orden político y de la paz social.
El Estado de Derecho surge precisamente para proteger la libertad individual, radical y deontológicamente superior, previa, a la acción de poder al que sólo le otorgamos competencias limitativas de la libertad cuando se cumple, como también he recordado, la limitación formulada por ese paradigmático liberal que fue Mill. Prohibir esta manifestación de libertad, cuando hablamos de la elección libre de lo que uno considera muerte digna, es un abuso de poder, precisamente el mal frente al que se alzan el concepto y la arquitectura institucional del Estado de Derecho.

Eso es, por cierto, lo que me parece criticable en el indiscutible paso positivo que supone el proyecto de ley de eutanasia que impulsa hoy el grupo parlamentario socialista. Para el ejercicio del derecho a la eutanasia que, insisto, no es el derecho por el que abogo en estas páginas, proyecto de ley, incurriendo a mi juicio en un exceso de precaución que revela un fondo paternalista, establece la supeditación de la decisión al juicio apriorístico de una Comisión, a la que se atribuye competencia para decidir sobre un concepto plausible en principio, pero que me parece peligrosamente próximo a los conceptos jurídicos indeterminados, de tanto riesgo cuando hablamos de garantías de los derechos humanos, como es el de “valores vitales” (“conjunto de convicciones y creencias de una persona que dan sentido a su vida y que sustentan sus decisiones y preferencias en los procesos de enfermedad y muerte”), recogido en el apartado 8 del artículo 3. No discuto la oportunidad de una Comisión de control y evaluación, pero creo que su función debe ser la de mera fedataria de la concurrencia de los requisitos que la ley disponga para el reconocimiento del ejercicio de este derecho.

Tercera tesis: el derecho a decidir sobre la propia muerte es un derecho imprescindible si hablamos de lógica propia de la legitimidad democrática.
Formulación negativa: no hay democracia plena y coherente sin este derecho.
La democracia es sobre todo democratización de la política: esto es, igualdad en las libertades que, ante todo, son libertades individuales. La democracia parte de considerar que el sujeto del poder es el pueblo, esto es, todos y cada un de los ciudadanos en condiciones de igual libertad. Y la democracia es el antídoto del discurso del miedo y de la minoría de edad. Las razones de la eutanasia como derecho son las de la libertad igual, la de ausencia de minoría de edad o tutelaje, las del respeto a la irreductible dignidad de cada uno de los ciudadanos. Aquí valen de nuevo las tesis de Mill y las de Hume: “es imposible que surjan en un pueblo las artes y las ciencias que nos liberan de la superstición si ese pueblo no cuenta con un gobierno que respete la libertad”.
En el fondo, la democracia es la lógica consecuencia política del ideal de emancipación, de autonomía, que, siguiendo las huellas de los estoicos y de los humanistas del Renacimiento (de Erasmo a Montaigne), propusieron los ilustrados –véase el Qué es Ilustración, de Kant–, aunque no se atrevieran a dar ese paso. La democracia es la respuesta al discurso político de la minoría de edad que hace de los seres humanos súbditos y no ciudadanos, el discurso del "miedo la ignorancia, la superstición y el engaño", el discurso de la desigualdad del cerdo Napoleón en Rebelión en la granja, el discurso paternalista que justicia la mentira y el engaño al pueblo por su propio bien. Y no: no necesitamos guías ni padres, ni salvadores que nos impongan lo que debemos hacer. Tampoco –y lo digo desde el máximo respeto– filósofos, médicos o clérigos que decidan por mí sobre el final de mi vida.

Me gustaría explicarme bien, para que se me entienda: no digo que el ejercicio de este derecho deba quedar exento de regulación, en aras de las garantías. Sostengo lo contrario, porque no creo en derechos absolutos y porque soy consciente de los riesgos. Pero no acepto que este sea un derecho cuyo ejercicio sólo pueden reclamar enfermos terminales o personas gravemente discapacitados: deben adoptarse todas las precauciones necesarias. Como todos, debe ser regulado para adoptar eficazmente las precauciones necesarias que eviten cualquier forma de abuso y debe disponer de la garantía última, que en Derecho es la decisión de un juez independiente sobre el ejercicio del derecho así regulado. Pero esas precauciones no pueden ser tales que supongan de hecho la supeditación de la libre voluntad a la voluntad de otros. Por eso, tampoco acepto que la última palabra sobre mi vida la tenga una comisión, por sabios y buenos que sean sus miembros.

No he ocultado que, con mejor o peor acierto, subyace a estas páginas el deslumbrante comienzo de “El mito de Sísifo” de Camus, donde leemos “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y es el suicidio”. Y soy consciente, por tanto, de su complejidad. Más aún, desde luego, de la prudencia exigible a la hora de argumentar por el reconocimiento del derecho a la propia muerte. Ese ejercicio de la prudencia es el privilegio que nos otorga la razón, tal y como nos recuerda perennemente Marco Aurelio: “una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo”. 

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  “una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo”.

EN DEFENSA DE UNA URGENTE EUTANASIA ESTATAL

Aprovechando la lucidísima y sensata sugerencia de Marco Aurelio, con la que Javier de Lucas termina su impecable reflexión, me parecería igualmente sensato y lúcido aplicarla y hacerla extensiva a los sistemas políticos y económicos en fase teminal y sin posibilidad más que manifiesta de curación. No debería ser el desorden ni la demolición beligerante, ni la degradación de las formas de expresión, los insultos, culpabilizaciones y mutuos reproches la forma de liquidar y superar los modos de una gestión pública, ya tan  patológicos y degrados, sino que se debería aplicar una eutanasia institucional que se contemplase en la propia Constitución, una vez agotadas todas las posibilidades de entendimiento entre una sociedad que avanza en conciencia y unas instituciones aferradas como garrapatas al cuerpo social estructurado para una  alternancia política propia del siglo XIX  con Cánovas-Sagasta en un país del siglo XXI, con el resultado de una infinita agonía a base de goteros y drogas que pretenden un imposible: resucitar un estado-cadáver, que ya no tiene capacidad alguna para ejercer sus funciones sin provocar una calamidad tras otra culpando a las ideologías opuestas, y que, como las telas gastadas y a punto de deshacerse por sí mismas, se desgarra cuando se intenta recoser o remendar con tejidos nuevos, que al ser más fuertes y consistentes aumentan la rotura de la antigua construcción. 

Me paerece muy simbólico y positivo que el Parlamento haya decidido por mayoría dar paso a la consideración estatal del derecho a terminar la propia existencia sin escándalos ni traumas pseudo-morales que sólo existen en el dogmatismo obsesivo y en la negación cerril de la evidencia.  

Si se piensa un poco más allá de las vísceras se acaba comprendiendo inmediatamente que hay millones de personas suicidas a los que nadie reprocha su actitud de suicidas, que cada día deciden acabar con sus vidas sin aspavientos ni controversias, sino poco a poco y nadie se escandaliza por ello. Por ejemplo, diabéticos que se ponen morados de azúcar cada día, gente concolesterol de baja densidad por las nubes, que se hinchan a embutidos, mantequillas y frituras con lo peorcito de cada casa oleícola,  peña con cirrosis galopante que sigue siendo alcoholica sin que le importe un pimiento el diagnóstico de lo suyo, peña con cáncer de pulmón que se fuma hasta el césped sin parar, cocainómanos que no ven el riesgo de morir en un shock del colocón, locos del volante que no solo se matan ellos sino quese llevan puesto al prójimo, o suicidios políticos, económicos y sociales mediante decisiones super-torpes, inversiones contra natura evolutiva como la desigualdad programada, la injusticia cínica en los tribunales, el derroche de lo privado sostenido con el latrocinio exterminador de la misma riqueza, de lo público o el imperio desnortado del plástico o el descontrol antibiológico de la química tóxica, lo nuclear o el comercio del armamento cuyo mercado solo puede ser la guerra y el crimen, tanto en versión mafiosa privada como mafiosa estatal, que no son precisamente partidarios de la eutanasia, sino del suplicio de Tántalo con final espantoso...una kakotanasia a tutiplén. Y ahí están, tan campantes y "aporerllosoé" sin que nadie les diga ni pío. 

Semejante declive y destrozo generalizado, debería tener también el derecho a una muerte digna.

Lo más difícil de entender para ese sistema de atropello incontenible y en plena expansión del finiquito global, cómplice y hasta protagonista de tanto suididio, es que el drama no es morirse cuando se ha llegado al límite de lo soportable y lo indecente, sino que el peor drama, ya convertido en tragedia, es seguir como zombis, muriendo sin darse cuenta y lo peor de todo, matando conscientemente a sus víctimas, que enferman y mueren involunatriamente, sin haberlo elegido, por su causa sistémica. 

Con que un solo país del planeta encontrase la forma de hacer institucionalmente la eutanasia a ese disparate y consiguiera mostrar al mundo la puerta de salida que es deshacerse de las enfermedades terminales económicas y sociales, autóctonas o contagiadas, sin miedo, en cooperación y consciencia colectiva, con un ejercicio limpio de ética y democracia, es prácticamente seguro que  la comunidad global seguiría ese  ejemplo a continuación. 

¿Podría ser España ese país de países capaz de remangarse ante su propia agonía, reconocerla estatalmente  y dar un paso en esa r-evolución autoconsciente, que nunca ha hecho de verdad en toda su historia? A lo mejor resulta que ya es hora de estrenarse.

Hay un ejemplo histórico en la vecina Italia, que acabó en eutanasia cívica con lo peor que había heredado: al fin de la II Guerra Mundial, Alcide de Gasperi, al frente del Gobierno de un país hundido hasta la miseria en la economía como en la política, deshecho en todos los sentidos, absolutamente fracturado por las ideologías, rencores y estropicios más acerbos y extremos, logró reunir a todas las tendencias políticas del momento y salvar la democracia, la economía y la dignidad como europeos emergiendo de un fascismo demoledor. ¿Cuál fue la fórmula? Renuciar al ego partidista y plantearse juntos el bien común. Otra república, que en nada recordase a la antigua versión dictatorial de Mussolini, el Franco italiano.

Solo en común se puede lograr lo que a zarpazos y desgarros enfrentados es imposible regenerar. Pero para ello es imprescindible una valiente y responsable eutanasia previa del viejo tejido político cuya necrosis impide la vida.

¿Acaso tiene sentido y lógica reclamar el derecho a vivir como células agonizantes en un cuerpo estatal más muerto que vivo, además, en estado de putrefacción imparable y entronizada como forma de gobierno cada vez más imposible? 

La eutanasia como solución a una mala vida en condiciones pésimas es una metáfora ideal para un momento político, social e institucional, como éste.

Morir como instituciones y modelo de estado no es tan malo como vivir "por ley" hundidos en la miseria ética, económica, pedagógica, cultural y social, sin más esperanza de cambio real que soportar más de lo mismo. De mal en peor. In crescendo. Ains!