¿Qué puede resistir España?
En el año 1978 las Brigadas Rojas
secuestraron a Aldo Moro. Cuando la policía detuvo a un miembro de las
Brigadas, se pensó que era imprescindible sacarle información de su
paradero a través de cualquier medio. El general Dalla Chiesa,
responsable del mando único antiterrorista, afirmó lo siguiente: “Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura”.
Baltasar Garzón recuerda esta historia en el libro La fuerza de la razón (Debate, 2011). ¿Qué se puede permitir un país, qué se puede permitir el mundo? A la hora de contestar a estas preguntas, los defensores del pragmatismo más descarnado quizás nos recuerden que el propio Dalla Chiesa fue asesinado por la mafia en 1982. Pero entonces no habría más remedio que volver al origen de la cuestión: “Italia se puede permitir la pérdida de Dalla Chiesa, pero no la práctica de la tortura”.
¿Qué podemos permitirnos en nombre de una voluntad pragmática? Quizás los defensores del utilitarismo nos digan que no conviene ser tajantes, que debemos negociar con la realidad y comprender algunas situaciones. Pero la realidad y las situaciones nos han enseñado que cuando se abre la puerta a la primera injusticia es inevitable ponerse a la espera de la segunda. Las fronteras éticas son más necesarias que las geográficas. Son dos tipos de invenciones ante la naturaleza, pero mientras unas buscan siempre la justicia y dan soluciones a los conflictos internos, las otras suelen provocar conflictos externos y generan violencia. En cualquier caso, cuando un Estado acepta en su pasaporte el sello de la violación de los derechos humanos, resulta difícil que la crueldad y la mentira no se conviertan en lugares asiduos de destino.
Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el parlamento español asumió por presiones de Israel un recorte en la jurisdicción penal universal. Se trataba de cancelar las causas abiertas en España por los crímenes cometidos contra los palestinos. Fue la primera limitación. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el PP y por el Gobierno de Rajoy en marzo de este año, ha asumido ya de manera absoluta que los jueces españoles no deben investigar crímenes contra la humanidad. Se trataba ahora de calmar a los dictadores chinos, indignados ante la posibilidad de que alguien castigue sus desmanes.
La historia corre de manera vertiginosa. En España, la historia es hoy un cangrejo desorientado que corre –más que anda– hacia atrás. Hace poco tiempo, el 5 de julio de 2007, la Sala Penal del Tribunal Supremo impuso una condena de 1.084 años a Adolfo Scilingo por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Ahora es la justicia argentina la que busca verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, despreciadas por las instituciones democráticas españolas en nombre de una ley de amnistía que se ha interpretado como una ley de punto final.
La situación social y económica de 1975 hacía insostenible una dictadura. Hasta los capitalistas más feroces necesitaban las libertades, el decorado de un marco democrático, para extender sus negocios por el mundo. Cerrar los ojos a los crímenes de Franco (a las desapariciones, a las torturas, a la barbarie más infame y a la gran mentira de su heredero), no sirvió para traer la democracia, sino para dejar marcada de manera definitiva la piel del orgullo cívico español.
El partido en el Gobierno tiene una caja B, cobra dinero negro por concesiones públicas, es una fábrica de cuentas en Suiza. Sus responsables mienten de manera descarada ante la prensa, los jueces y el Parlamento. Y nadie dimite, y no hay un tejido social que exija un mínimo de pudor público, un resto de virtud política. ¿Qué puede resistir España? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Resulta muy significativo que el juez Baltasar Garzón fuese culpado al mismo tiempo por investigar las corrupciones del PP y los crímenes del franquismo. España no ha dejado de ser diferente, multiplica por dos la infamia. Aquí no sólo se impide juzgar los crímenes ajenos. También se decreta la impunidad de los crímenes propios. Por eso tenemos dos problemas: unos gobernantes que se consideran herederos de Franco y una ciudadanía que lo acepta todo, hija de una Transición que nos enseñó a comulgar con ruedas de molino. ¡Cuántos cómplices de la dictadura, de pistola, oficina o corona, se convirtieron en padres de la democracia!
La fundación de Baltasar Garzón celebra esta semana un congreso sobre la Jurisdicción Universal en el siglo XXI. En esta España diferente que hace incluso distinciones entre víctimas buenas y malas, llama la atención que se respete por igual a todas las víctimas. La primera conferencia correrá a cargo de Benjamin B. Ferencz, un jurista de 96 años que fue fiscal en los juicios de Núremberg contra los crímenes del nazismo. Es un viejo defensor de la necesidad de un Tribunal Penal Internacional.
A Baltasar Garzón le gusta repetir esta frase de Martin Luther King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy plantaría un árbol”. Si la suerte da vida, de árbol en árbol, habrá españoles que lleguen a los 96 años deseando un mundo distinto. Pero un mundo distinto, eso sí, en el que España no sea diferente.
El Roto
Baltasar Garzón recuerda esta historia en el libro La fuerza de la razón (Debate, 2011). ¿Qué se puede permitir un país, qué se puede permitir el mundo? A la hora de contestar a estas preguntas, los defensores del pragmatismo más descarnado quizás nos recuerden que el propio Dalla Chiesa fue asesinado por la mafia en 1982. Pero entonces no habría más remedio que volver al origen de la cuestión: “Italia se puede permitir la pérdida de Dalla Chiesa, pero no la práctica de la tortura”.
¿Qué podemos permitirnos en nombre de una voluntad pragmática? Quizás los defensores del utilitarismo nos digan que no conviene ser tajantes, que debemos negociar con la realidad y comprender algunas situaciones. Pero la realidad y las situaciones nos han enseñado que cuando se abre la puerta a la primera injusticia es inevitable ponerse a la espera de la segunda. Las fronteras éticas son más necesarias que las geográficas. Son dos tipos de invenciones ante la naturaleza, pero mientras unas buscan siempre la justicia y dan soluciones a los conflictos internos, las otras suelen provocar conflictos externos y generan violencia. En cualquier caso, cuando un Estado acepta en su pasaporte el sello de la violación de los derechos humanos, resulta difícil que la crueldad y la mentira no se conviertan en lugares asiduos de destino.
Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el parlamento español asumió por presiones de Israel un recorte en la jurisdicción penal universal. Se trataba de cancelar las causas abiertas en España por los crímenes cometidos contra los palestinos. Fue la primera limitación. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por el PP y por el Gobierno de Rajoy en marzo de este año, ha asumido ya de manera absoluta que los jueces españoles no deben investigar crímenes contra la humanidad. Se trataba ahora de calmar a los dictadores chinos, indignados ante la posibilidad de que alguien castigue sus desmanes.
La historia corre de manera vertiginosa. En España, la historia es hoy un cangrejo desorientado que corre –más que anda– hacia atrás. Hace poco tiempo, el 5 de julio de 2007, la Sala Penal del Tribunal Supremo impuso una condena de 1.084 años a Adolfo Scilingo por los crímenes cometidos durante la dictadura argentina en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Ahora es la justicia argentina la que busca verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, despreciadas por las instituciones democráticas españolas en nombre de una ley de amnistía que se ha interpretado como una ley de punto final.
La situación social y económica de 1975 hacía insostenible una dictadura. Hasta los capitalistas más feroces necesitaban las libertades, el decorado de un marco democrático, para extender sus negocios por el mundo. Cerrar los ojos a los crímenes de Franco (a las desapariciones, a las torturas, a la barbarie más infame y a la gran mentira de su heredero), no sirvió para traer la democracia, sino para dejar marcada de manera definitiva la piel del orgullo cívico español.
El partido en el Gobierno tiene una caja B, cobra dinero negro por concesiones públicas, es una fábrica de cuentas en Suiza. Sus responsables mienten de manera descarada ante la prensa, los jueces y el Parlamento. Y nadie dimite, y no hay un tejido social que exija un mínimo de pudor público, un resto de virtud política. ¿Qué puede resistir España? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Resulta muy significativo que el juez Baltasar Garzón fuese culpado al mismo tiempo por investigar las corrupciones del PP y los crímenes del franquismo. España no ha dejado de ser diferente, multiplica por dos la infamia. Aquí no sólo se impide juzgar los crímenes ajenos. También se decreta la impunidad de los crímenes propios. Por eso tenemos dos problemas: unos gobernantes que se consideran herederos de Franco y una ciudadanía que lo acepta todo, hija de una Transición que nos enseñó a comulgar con ruedas de molino. ¡Cuántos cómplices de la dictadura, de pistola, oficina o corona, se convirtieron en padres de la democracia!
La fundación de Baltasar Garzón celebra esta semana un congreso sobre la Jurisdicción Universal en el siglo XXI. En esta España diferente que hace incluso distinciones entre víctimas buenas y malas, llama la atención que se respete por igual a todas las víctimas. La primera conferencia correrá a cargo de Benjamin B. Ferencz, un jurista de 96 años que fue fiscal en los juicios de Núremberg contra los crímenes del nazismo. Es un viejo defensor de la necesidad de un Tribunal Penal Internacional.
A Baltasar Garzón le gusta repetir esta frase de Martin Luther King: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy plantaría un árbol”. Si la suerte da vida, de árbol en árbol, habrá españoles que lleguen a los 96 años deseando un mundo distinto. Pero un mundo distinto, eso sí, en el que España no sea diferente.
Peridis
El Roto
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