Revista Luzes.
Sueños que se esfuman
Hay veces que la sociedad de acogida te rechaza de tal forma que acabas volviendo a tu país de origen por la falta de ayudas, el menosprecio de ACNUR y el racismo por parte de la población local.
Galicia
En
Jordania llevaban años refugiados millares de sudaneses huidos de la
región de Darfur, donde su etnia es perseguida por el gobierno, y en la
que más de 300.000 personas fueron asesinadas desde 2003. Sin aviso ni
concesiones, el gobierno jordano deportó 800 exiliados que
reclamaban sus derechos ante la oficina de ACNUR, en la capital, Amán.
Una larga lucha por mejoras en su estatus de refugiados finalizó en un
forzado viaje de vuelta a Sudán.
Huyes de un país en
guerra, llegas a otro y encuentras un cúmulo de obstáculos inacabables:
falta de ayudas sociales, desatención por parte de ACNUR y por si fuera
poco el racismo de la población local. Ésta es la percepción de los 800
sudaneses que protestaron durante un mes por lo que consideraban una
situación de discriminación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
A pesar de que ACNUR los reconoce como refugiados con un documento que
aparentemente los protegía de ser deportados, la decisión del gobierno
jordano llegó contra todo pronóstico. Cuando pensaban que ya nada podía
ir a peor, llegó la policía a medianoche y los expulsó a base de
silencios y engaños. Alrededor de 800 sudaneses, la mayoría procedentes
de Darfur, se encuentran ahora en Khartún, capital de Sudán. Están
buscando la forma de volver a huir, pero esta vez hacia un país que les
permita soñar.
Puedes seguir leyendo el artículo en gallego aquí https://luzes.gal/17/08/2020/en-aberto/sonos-que-se-esfuman/
Muchos de estos sudaneses llegaron a Jordania porque legalmente era más fácil para ellos conseguir el estatus de
refugiado allí. No imaginaban todo lo que vendría después. «Sufrimos la
misma discriminación aquí que en Sudán. Si supiéramos que nos
encontraríamos con esto, no vendríamos a Jordania», lamentaba uno de los
refugiados en el campamento de protesta dos días antes de ser deportado por sorpresa.
Un total de 258 tiendas de campaña advertían
desde mediados de noviembre a ACNUR de una situación que parecía tocar
fondo: «No recibimos suficiente atención. Sentimos que somos lo último
en la red de protección en Jordania. Pasamos tres o cuatro años aquí,
esperando, pero vemos que si no hacemos algo pasarán siete u ocho años
más y estaremos igual. Aun así, en el campamento vivimos sin hacer mucho
ruido porque Naciones Unidas espera una simple razón para sacarnos de
aquí», explicaba otro manifestante que resistía las bajas temperaturas.
Debido
a su estatus de refugiados, no les estaba permitido trabajar en el
país, así que dependían de las ayudas de ACNUR. Además, los refugiados
aseguraban que la decisión de acampar indefinidamente llegó después de
que algunos de ellos no pudieran pagar el alquiler de la vivienda donde
residían hasta el momento. Sus demandas consistían en el acceso a más
servicios básicos, como soporte económico y sanitario, así como cumplir
los plazos de reunión para negociar su reubicación en otros países, ya
que eran pocos los manifestantes que querían quedar en Jordania, sobre
todo debido a la discriminación racial que aseguran sufrir a
diario. «Tenemos que oír muchas cosas que otros no aceptarían. Por la
calle nos llaman esclavos, chocolate, nos dicen que tenemos que volver a
nuestro país, y a veces por la noche nos paran por la calle y nos dicen
que cojamos otro camino. Hasta en casa, donde se supone que tendríamos
que estar libres, los vecinos nos piden a veces que no abramos las
ventanas». «ACNUR ignora nuestras demandas sobre derechos básicos
de los cuales deberíamos disponer como refugiados», aseguraban dos
jóvenes en las cercanías del campamento solo tres días antes. Lamentaban
también la falta de soporte de otras ONGS ante sus reclamaciones.
La mayoría de estos
refugiados procede de Darfur, en el oeste de Sudán, donde el gobierno
del país persigue las tribus de las cuales forman parte la mayoría de
ellos. «Destrozan pueblos, violan mujeres y matan niños»,
explicaba uno de los manifestantes. Ante la amenaza de expulsión,
también Amnistía Internacional alertaba sobre el «riesgo real de sufrir
persecución, represión brutal y otras violaciones de derechos humanos a
manos del gobierno sudanés de la región».
Naciones Unidas estima que cerca de 300. 000 personas fueron asesinadas
en Darfur desde 2003, cuando estalló la guerra civil que aún sigue
activa. Otras fuentes apuntan que la cifra de muertos podría ser mayor.
ACNUR aconsejaba al gobierno jordano no deportar a los refugiados.
«Apelamos y seguiremos apelando al gobierno para que detenga las
deportaciones de nacionales sudaneses que están registrados con ACNUR
como refugiados y solicitantes de asilo», explicaba una portavoz de este
organismo a The New York Times. Durante el mes de protestas, la
organización mantuvo su postura de tratar los problemas de estos
refugiados uno por uno, negando estar discriminando la comunidad
sudanesa. «Dicen que nuestra situación no es tan urgente como los refugiados sirios e iraquíes», lamentaba uno de los manifestantes.
Inesperadamente,
todo cambió. «A las cuatro de la mañana, unos 400 policías y soldados
llegaron con 20 autobuses, rodearon el campamento y empezaron a chillar
que nos levantáramos y nos pusiéramos en línea. No nos dejaron coger
nada de abrigo, solo el pasaporte», cuenta un sudanés que consiguió
burlar a la policía y escapar de la deportación. «Nos dijeron que nos
llevaban a un campo de refugiados, pero después descubrimos que aquella
carretera conducía al aeropuerto. ¿Cómo pueden enviarnos a un país donde nos quieren matar?».
Para justificar esta decisión, el portavoz del gobierno jordano alega
que los sudaneses fueron acogidos en el país solo para recibir
tratamiento médico, negando así su estatus de refugiados.
Al
llegar al Queen Alia International Airport y ver al embajador de Sudán
delante, ya no quedaba ninguna duda. «Fue una gran sorpresa. Empezamos a
llamar a los compañeros que venían en los otros autobuses para
advertirlos de que el embajador sudanés estaba allí y de que nos
mandaban para Sudán». A lo largo del proceso de deportación, que duró
cerca de tres días, la policía utilizó gas lacrimógeno y batió a
aquellos que ofrecían alguna resistencia, según testigos y fotografías
que lo prueban. La gente chillaba: «¿dónde están los derechos humanos? Nuestra vida está en peligro, vamos a morir», recuerda el refugiado que consiguió escapar.
De vuelta a la
capital de Sudán, algunos de los deportados fueron detenidos por el
Gobierno «en un sitio desconocido» y otros fueron liberados. «Quiero ir a
otro país, tengo que encontrar la manera de salir u organizaciones que
me ayuden», cuenta por Whatsapp desde Khartún el que fue portavoz del
campamento de protesta. Este joven de 20 años asegura que una vez
subidos al avión de vuelta les retiraron los documentos de ACNUR que los
acreditaban como refugiados. Él guarda, no obstante, las fotocopias de
distintos compañeros en su teléfono móvil. En total, ACNUR tiene
registrados unos 3.500 sudaneses en Jordania, comparado con la
estimación de 938. 000 sirios y 57 .140 iraquíes. «Nos sentimos unos sin
techo aquí. Somos gente con dignidad y humanidad, no animales. Sentimos
que en Jordania tenemos prohibido soñar», decía uno de los refugiados
frente a la oficina de ACNUR en Amán dos días antes de ser deportado.
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