jueves, 11 de abril de 2013

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Desahucios, política, escraches, bancos…

 por Luis García Montero
 11 abr 2013
 
Las contradicciones son útiles. Sirven para entender los conflictos existentes en la realidad y para intentar un acuerdo que permita imaginar soluciones. Los escraches han situado el debate político español en un lugar contradictorio por lo que se refiere a la  ideología y a los sentimientos.  Se trata así mismo de un lugar sintomático. El significado último de las presiones sobre los domicilios privados de algunos responsables del PP nos indica que la nación está al borde de un antagonismo social grave. Caminamos por el filo de un desequilibrio que empieza a ser difícil de soportar con paciencia.
Dice el expresidente Felipe González que los escraches son injustos porque ejercen violencia sobre la vida privada de algunos inocentes, por ejemplo los hijos de los políticos acosados. Y tiene razón. Pero esa razón choca con la realidad de que miles de niños en España están hoy aterrorizados. Temen las llamadas de los banqueros que presionan a sus padres o esperan la orden judicial que les deje sin una habitación en la que estudiar o en la que dormir. El desahucio es la forma más grave y cruel de escrache que pueda imaginarse. Cuando la política no soluciona la crueldad, lo legal deja de ser legítimo y la realidad se llena de protestas extremas que uno alcanza a entender de manera sentimental. No es que el conflicto se acerque al portal de una casa, es que llega hasta el cuarto de estar y la cama de las pesadillas. Llega incluso hasta el espejo del baño donde cada cual se mira a los ojos.
¿Cómo hacer que se respeten los domicilios de los políticos del PP? Hay una respuesta inmediata: haciéndolos respetables. El peligro inminente de un conflicto social grave en España invita a que todos pongamos de nuestra parte para sostener lo que nos queda de dignidad democrática. Se pueden fijar grados de responsabilidad en este asunto y las personas que hacen los escraches en una situación de angustia no son los más culpables.
Los primeros en poner de su parte deberían ser los banqueros. La Transición española fue un proceso limitado y lleno de carencias porque no afectó nunca a las élites económicas del franquismo. Todavía permanece hoy la prepotencia de una banca propia de la dictadura. Sus privilegios tienen poco que ver con la democracia como quedó de manifiesto en el dictado de la Unión Europea sobre nuestra ley hipotecaria. La crueldad de los bancos españoles es extrema, y no sólo contra los afectados por los desahucios, sino contra el PP. La política en España la dirigen los bancos. Son ellos los que de manera muy cruel no le han dado permiso a Mariano Rajoy para aceptar una iniciativa popular razonable sobre el cambio de la injustísima ley hipotecaria actual. Con ese grado de presión de la banca sobre el PP, no se puede esperar que una población acosada y empobrecida pueda respetar a los dirigentes del partido.
Conviene después considerar la responsabilidad de los propios militantes del PP. La situación en su cúpula es escandalosa. Cada vez queda más clara la trama de corrupción, de comisiones ilegales y de dinero negro que ha circulado entre las grandes empresas, los tesoreros y los dirigentes de su formación política. Sus declaraciones y sus estrategias están llenas de indignidad. Los papeles de Bárcenas son tan reales como el desmantelamiento de la sanidad pública, la pérdida de derechos laborales de los españoles y el empobrecimiento generalizado de la población. ¿Cómo no exigen los militantes del PP la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y una regeneración profunda de su partido? Sería una forma de devolverle el respeto a sus siglas.
La Junta de Andalucía es la única que hasta ahora ha hecho algo para que los hijos de los políticos del PP no sufran el abucheo de los ciudadanos indignados. Más allá del debate legal, el decreto sobre la banca, las inmobiliarias y los desahucios, nos ha recordado que la política está para solucionar los problemas de los ciudadanos y que el mundo avaricioso del dinero debe someterse a las leyes de la convivencia justa. La consejera de Fomento ha presentado la primera medida de nuestra historia reciente que exige a la banca española una transición democrática. Por ese camino pueden solucionarse muchas contradicciones y pueden evitarse injusticias y contradicciones de carácter muy diverso.

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