Desahucios, política, escraches, bancos…
Las contradicciones son útiles. Sirven para entender los
conflictos existentes en la realidad y para intentar un acuerdo que
permita imaginar soluciones. Los escraches han situado el debate
político español en un lugar contradictorio por lo que se refiere a la
ideología y a los sentimientos. Se trata así mismo de un lugar
sintomático. El significado último de las presiones sobre los domicilios
privados de algunos responsables del PP nos indica que la nación está
al borde de un antagonismo social grave. Caminamos por el filo de un
desequilibrio que empieza a ser difícil de soportar con paciencia.
Dice el expresidente Felipe González que los escraches son injustos
porque ejercen violencia sobre la vida privada de algunos inocentes, por
ejemplo los hijos de los políticos acosados. Y tiene razón. Pero esa
razón choca con la realidad de que miles de niños en España están hoy
aterrorizados. Temen las llamadas de los banqueros que presionan a sus
padres o esperan la orden judicial que les deje sin una habitación en la
que estudiar o en la que dormir. El desahucio es la forma más grave y
cruel de escrache que pueda imaginarse. Cuando la política no soluciona
la crueldad, lo legal deja de ser legítimo y la realidad se llena de
protestas extremas que uno alcanza a entender de manera sentimental. No
es que el conflicto se acerque al portal de una casa, es que llega hasta
el cuarto de estar y la cama de las pesadillas. Llega incluso hasta el
espejo del baño donde cada cual se mira a los ojos.
¿Cómo hacer que se respeten los domicilios de los políticos del PP?
Hay una respuesta inmediata: haciéndolos respetables. El peligro
inminente de un conflicto social grave en España invita a que todos
pongamos de nuestra parte para sostener lo que nos queda de dignidad
democrática. Se pueden fijar grados de responsabilidad en este asunto y
las personas que hacen los escraches en una situación de angustia no son
los más culpables.
Los primeros en poner de su parte deberían ser los banqueros. La
Transición española fue un proceso limitado y lleno de carencias porque
no afectó nunca a las élites económicas del franquismo. Todavía
permanece hoy la prepotencia de una banca propia de la dictadura. Sus
privilegios tienen poco que ver con la democracia como quedó de
manifiesto en el dictado de la Unión Europea sobre nuestra ley
hipotecaria. La crueldad de los bancos españoles es extrema, y no sólo
contra los afectados por los desahucios, sino contra el PP. La política
en España la dirigen los bancos. Son ellos los que de manera muy cruel
no le han dado permiso a Mariano Rajoy para aceptar una iniciativa
popular razonable sobre el cambio de la injustísima ley hipotecaria
actual. Con ese grado de presión de la banca sobre el PP, no se puede
esperar que una población acosada y empobrecida pueda respetar a los
dirigentes del partido.
Conviene después considerar la responsabilidad de los propios
militantes del PP. La situación en su cúpula es escandalosa. Cada vez
queda más clara la trama de corrupción, de comisiones ilegales y de
dinero negro que ha circulado entre las grandes empresas, los tesoreros y
los dirigentes de su formación política. Sus declaraciones y sus
estrategias están llenas de indignidad. Los papeles de Bárcenas son tan
reales como el desmantelamiento de la sanidad pública, la pérdida de
derechos laborales de los españoles y el empobrecimiento generalizado de
la población. ¿Cómo no exigen los militantes del PP la dimisión
inmediata de Mariano Rajoy y una regeneración profunda de su partido?
Sería una forma de devolverle el respeto a sus siglas.
La Junta de Andalucía es la única que hasta ahora ha hecho algo para
que los hijos de los políticos del PP no sufran el abucheo de los
ciudadanos indignados. Más allá del debate legal, el decreto sobre la
banca, las inmobiliarias y los desahucios, nos ha recordado que la
política está para solucionar los problemas de los ciudadanos y que el
mundo avaricioso del dinero debe someterse a las leyes de la convivencia
justa. La consejera de Fomento ha presentado la primera medida de
nuestra historia reciente que exige a la banca española una transición
democrática. Por ese camino pueden solucionarse muchas contradicciones y
pueden evitarse injusticias y contradicciones de carácter muy diverso.
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