El cuento al revés
¿Modificar el Código Penal va a beneficiar a los presos catalanes? Es obvio puesto que ha sido el mal uso de estos tipos y su aplicación a pesar de ser inadecuados lo que les ha llevado a estar privados de libertad
"Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su abuela en un hatillo. Tropezó con la temible Caperucita Roja…"
Anónimo
Anónimo
Si
bien dicen algunos psicólogos que es experiencia interesante el
contarles a los niños los cuentos al revés, porque fomenta en los niños
experiencias en materia de empatía y de las diferentes perspectivas de
la realidad, no estoy yo tan segura de que el cuento al revés del Estado
de Derecho en el que interesadamente se ha convertido toda la represión
penal del independentismo catalán le vaya a sentar nada bien a la
democracia. De hecho el cuento al revés ha tenido tanto éxito, y tan
acrítico y visceral, que ahora sirve para aprovechar que no vamos
despacio y seguir contando mentiras, tralalá.
Vamos a
escuchar hasta la extenuación la cantinela de la traición de Sánchez,
para contar al revés la odisea que va a suponer revertir los destrozos
al Estado de Derecho y de respeto a los derechos democráticos básicos
que se han hecho durante los dos últimos años. En mi opinión, Sánchez sí
se traicionó a sí mismo y al sistema, en un momento intermedio, entre
mayo de 2018 y el verano de 2019, cuando pasó de reconocer que el tipo
del delito de rebelión no englobaba lo sucedido en Catalunya y por eso
pedía reformarlo para acoger nuevas modalidades de ataque a la
Constitución, a decir que veía clarísima la rebelión y después a volver
por sus fueros y promover la acusación de sedición por parte de la
Abogacía del Estado, al considerar que la rebelión era un escándalo
jurídico. Así lo dejó claro el Tribunal Supremo. La rebelión, el golpe
de Estado, fue una ensoñación. Una en la que cayeron muchos y a la que
sacaron mucho rendimiento político.
El cuento del
derecho se lo llevamos relatando algunos dos años. El cuento del derecho
habla de cómo, y ustedes lo recuerdan, pasamos de un vértigo nacional y
político a la hora de aplicar la coerción estatal del 155 –un artículo
diseñado expresamente para un supuesto como el que se dio y refrendado
por dos poderes del Estado– a que el tercer poder, que entonces no tuvo
cancha, se haya convertido en el paladín del menosprecio de la
sacrosanta figura del acta de un electo en una democracia. Antes de
disolver una cámara representativa, todos se tentaron la ropa y se
aseguraron de que no podía considerarse excesiva la forma de aplicación
formada. Los propios socialistas embridaron algunas de las notas de la
intervención que el PP quería imponer, como el control de los medios de
comunicación, que afectaba también a derechos fundamentales en una
democracia. Estábamos todavía en un punto de cordura y de respeto
reverencial a la soberanía popular y a los derechos políticos de los
representantes y de los representados y ahí se incardina la decisión de
convocar elecciones en el mismo momento de la disolución.
Después
de aquello, roto el virgo del sacrosanto papel del electo, el cuento
enloqueció. Vino a continuación de esa respuesta debida a los graves
hechos catalanes, el castigo y el castigo se puso en marcha, desde el
Gobierno de Rajoy a través de la enloquecida, y anunciada con bombo y
cinco columnas, querella del afanoso Maza. A partir de ahí, el sistema
se descoyuntó. No puedo citarles aquí todas las columnas que durante dos
años he dedicado a explicar cómo se forzó la jurisdicción, se alteraron
las competencias, se modificó el derecho procesal y, a fin de cuentas,
se hizo sangrar al sistema para conseguir el objetivo inicial de
castigar duramente a los cabecillas de los independentistas. No hubo
nada que se interpusiera ante ese objetivo. Nada. A veces ni las leyes.
Aquí
me voy a permitir reprocharles el silencio a todos los juristas, a los
políticos, a los académicos que vieron cómo se estaba pateando el Estado
de Derecho y, tras tímidos intentos como el de los catedráticos de
Derecho Penal, pensaron que era más práctico callarse. Ahora está
empezando a resucitar alguno de ellos y yo que me alegro.
Roto
el virgo, decía, ya la política consistió en querer aplicar el candente
artículo por cada bagatela, como si fuera factible estar quitando de en
medio a los representantes catalanes hasta que encajara el resultado de
las elecciones con lo buscado. Afortunadamente todo esto quedó en
vociferios interesados y electorales.
El penúltimo
episodio ha sido el del Tribunal Supremo admitiendo que una
administración electoral, escindida en dos, pueda decidir, a instancias
de dos partidos políticos, desposeer de su acta a un electo que tiene
pleno derecho a acudir a una segunda instancia que, de este modo, queda
desvirtuada. Y que no concede ni siquiera el aplazamiento contra el
criterio del propio fiscal. Ojo, de Pedro Crespo, que no es un mindundi
ni sospechoso de nada más que de buen técnico.
La
última parte del cuento pasa por convertir en una traición la pretensión
de dar la vuelta al cuento perverso para conducir las aguas al lugar
del que nunca debieron salir. La desproporción de condenar a 12 años de
cárcel por un delito contra el orden público es algo que no se le va a
escapar a nadie en Europa. Es una burrada fenomenal. Así que ese delito
de sedición decimonónico, ese que a Torres-Dulce le pareció tan injusto
para los controladores y que se afinó hasta quedar en multa, debe ser
sin duda reformado. Nadie dice que las conductas graves contra el orden
público no deban ser castigadas pero desde la multa hasta el encierro
por una docena de años hay, sin duda, una gradación que hacer. El orden
público es un dios en los regímenes autoritarios, pero en democracia no
puede convertirse en una espada de Damocles que amenace la capacidad de
protesta de los ciudadanos y eso es lo que ha sucedido con la sentencia
de la Sala Segunda, en los términos en los que fue pronunciada.
Las
propuestas son variadas y todas de calado técnico y abarcan desde la
rebaja de penas hasta la derogación. Es imprescindible redactar un
delito contra la Constitución que no sea meramente el de la asonada
violenta y militar –uno del siglo XXI– y armonizarnos con Europa
respecto al castigo de los delitos contra el orden público. ¿Que esto va
a beneficiar a los presos catalanes? Es obvio, puesto que ha sido el
mal uso de estos tipos y su aplicación a pesar de ser inadecuados lo que
les ha llevado a estar privados de libertad.
Lean,
lean el cuento al derecho y lo del derecho va con toda la retranca.
Verán cómo normalmente los autores escriben con renglones certeros, lo
mismo que los legisladores, y son otros intereses los que les dan la
vuelta a las historias.
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