domingo, 26 de enero de 2020

Hay que despertar y crear conciencia para que el cuento se pueda leer y comprender al derecho,- nunca mejor dicho-, porque si las palabras no significan lo que comunican, e incluso comunican lo contrario de lo que significan, y ese verbo retorcido se hace carne y habita entre nosotros, vamos listos...No habrá otra salida que el absurdo y el caos, eso sí, con las bendiciones de togas y puñetas, a la grupa del caballo de Santiago...sobrevolado, cómo no, por las gaviotas compañeras del camino. Así todo queda en casa, en "la famiglia, caro Don Vito..." Corleone quindi. In versione spagnola però




"Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su abuela en un hatillo. Tropezó con la temible Caperucita Roja…"
Anónimo
Si bien dicen algunos psicólogos que es experiencia interesante el contarles a los niños los cuentos al revés, porque fomenta en los niños experiencias en materia de empatía y de las diferentes perspectivas de la realidad, no estoy yo tan segura de que el cuento al revés del Estado de Derecho en el que interesadamente se ha convertido toda la represión penal del independentismo catalán le vaya a sentar nada bien a la democracia. De hecho el cuento al revés ha tenido tanto éxito, y tan acrítico y visceral, que ahora sirve para aprovechar que no vamos despacio y seguir contando mentiras, tralalá.
Vamos a escuchar hasta la extenuación la cantinela de la traición de Sánchez, para contar al revés la odisea que va a suponer revertir los destrozos al Estado de Derecho y de respeto a los derechos democráticos básicos que se han hecho durante los dos últimos años. En mi opinión, Sánchez sí se traicionó a sí mismo y al sistema, en un momento intermedio, entre mayo de 2018 y el verano de 2019, cuando pasó de reconocer que el tipo del delito de rebelión no englobaba lo sucedido en Catalunya y por eso pedía reformarlo para acoger nuevas modalidades de ataque a la Constitución, a decir que veía clarísima la rebelión y después a volver por sus fueros y promover la acusación de sedición por parte de la Abogacía del Estado, al considerar que la rebelión era un escándalo jurídico. Así lo dejó claro el Tribunal Supremo. La rebelión, el golpe de Estado, fue una ensoñación. Una en la que cayeron muchos y a la que sacaron mucho rendimiento político.
El cuento del derecho se lo llevamos relatando algunos dos años. El cuento del derecho habla de cómo, y ustedes lo recuerdan, pasamos de un vértigo nacional y político a la hora de aplicar la coerción estatal del 155 –un artículo diseñado expresamente para un supuesto como el que se dio y refrendado por dos poderes del Estado– a que el tercer poder, que entonces no tuvo cancha, se haya convertido en el paladín del menosprecio de la sacrosanta figura del acta de un electo en una democracia. Antes de disolver una cámara representativa, todos se tentaron la ropa y se aseguraron de que no podía considerarse excesiva la forma de aplicación formada. Los propios socialistas embridaron algunas de las notas de la intervención que el PP quería imponer, como el control de los medios de comunicación, que afectaba también a derechos fundamentales en una democracia. Estábamos todavía en un punto de cordura y de respeto reverencial a la soberanía popular y a los derechos políticos de los representantes y de los representados y ahí se incardina la decisión de convocar elecciones en el mismo momento de la disolución.
Después de aquello, roto el virgo del sacrosanto papel del electo, el cuento enloqueció. Vino a continuación de esa respuesta debida a los graves hechos catalanes, el castigo y el castigo se puso en marcha, desde el Gobierno de Rajoy a través de la enloquecida, y anunciada con bombo y cinco columnas, querella del afanoso Maza. A partir de ahí, el sistema se descoyuntó. No puedo citarles aquí todas las columnas que durante dos años he dedicado a explicar cómo se forzó la jurisdicción, se alteraron las competencias, se modificó el derecho procesal y, a fin de cuentas, se hizo sangrar al sistema para conseguir el objetivo inicial de castigar duramente a los cabecillas de los independentistas. No hubo nada que se interpusiera ante ese objetivo. Nada. A veces ni las leyes.
Aquí me voy a permitir reprocharles el silencio a todos los juristas, a los políticos, a los académicos que vieron cómo se estaba pateando el Estado de Derecho y, tras tímidos intentos como el de los catedráticos de Derecho Penal, pensaron que era más práctico callarse. Ahora está empezando a resucitar alguno de ellos y yo que me alegro.
Roto el virgo, decía, ya la política consistió en querer aplicar el candente artículo por cada bagatela, como si fuera factible estar quitando de en medio a los representantes catalanes hasta que encajara el resultado de las elecciones con lo buscado. Afortunadamente todo esto quedó en vociferios interesados y electorales.
El penúltimo episodio ha sido el del Tribunal Supremo admitiendo que una administración electoral, escindida en dos, pueda decidir, a instancias de dos partidos políticos, desposeer de su acta a un electo que tiene pleno derecho a acudir a una segunda instancia que, de este modo, queda desvirtuada. Y que no concede ni siquiera el aplazamiento contra el criterio del propio fiscal. Ojo, de Pedro Crespo, que no es un mindundi ni sospechoso de nada más que de buen técnico.
La última parte del cuento pasa por convertir en una traición la pretensión de dar la vuelta al cuento perverso para conducir las aguas al lugar del que nunca debieron salir. La desproporción de condenar a 12 años de cárcel por un delito contra el orden público es algo que no se le va a escapar a nadie en Europa. Es una burrada fenomenal. Así que ese delito de sedición decimonónico, ese que a Torres-Dulce le pareció tan injusto para los controladores y que se afinó hasta quedar en multa, debe ser sin duda reformado. Nadie dice que las conductas graves contra el orden público no deban ser castigadas pero desde la multa hasta el encierro por una docena de años hay, sin duda, una gradación que hacer. El orden público es un dios en los regímenes autoritarios, pero en democracia no puede convertirse en una espada de Damocles que amenace la capacidad de protesta de los ciudadanos y eso es lo que ha sucedido con la sentencia de la Sala Segunda, en los términos en los que fue pronunciada.
Las propuestas son variadas y todas de calado técnico y abarcan desde la rebaja de penas hasta la derogación. Es imprescindible redactar un delito contra la Constitución que no sea meramente el de la asonada violenta y militar –uno del siglo XXI– y armonizarnos con Europa respecto al castigo de los delitos contra el orden público. ¿Que esto va a beneficiar a los presos catalanes? Es obvio, puesto que ha sido el mal uso de estos tipos y su aplicación a pesar de ser inadecuados lo que les ha llevado a estar privados de libertad.
Lean, lean el cuento al derecho y lo del derecho va con toda la retranca. Verán cómo normalmente los autores escriben con renglones certeros, lo mismo que los legisladores, y son otros intereses los que les dan la vuelta a las historias.

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