Disonancia cognitiva
Resulta llamativo el contraste entre el ruido ensordecedor que se ha levantado con la decisión de proponer a Dolores Delgado como Fiscal General y el silencio atronador que se ha impuesto sobre la no renovación del Consejo General del Poder Judicial
La renovación del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) es, en mi opinión, el problema más
urgente de los muchos que se tienen que resolver en el comienzo de esta
legislatura. El propio presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha alertado
de que es el prestigio de la propia institución y, por extensión, del
sistema de administración de justicia, lo que está en juego. Más todavía
si recordamos la esperpéntica forma en que se torpedeó la renovación
que ya se había pactado por parte de uno de los negociadores del pacto,
el senador Ignacio Cosidó, con el Whatsapp que remitió a todos los
senadores del PP, justificando la renovación en el hecho de que el
presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel
Marchena, iba a ser el presidente del CGPJ renovado. Tras aquel fiasco,
pocas cosas deberían ser tan urgentes como renovar de una manera
conforme con la Constitución un órgano que ocupa un lugar tan decisivo
en la economía de nuestro sistema constitucional. No por casualidad se
exige para su renovación la misma mayoría en el Congreso de los
Diputados y en el Senado que se exige para la reforma de la Constitución
o para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional
(TC).
La renovación del CGPJ, como la de los
magistrados del TC, tiene una dimensión "cuasi constituyente". A través
de dichas renovaciones el constituyente nos recuerda que la
"legitimidad" del sistema político exige periódicamente el recurso a las
"mayorías cualificadas", que sirven de recordatorio de lo que fue el
pacto constituyente originario. Por eso la mayoría coincide con la de la
reforma de la Constitución, con la mayoría del "poder constituyente
constituido".
A pesar de la importancia y urgencia de la renovación que
el propio presidente del órgano ha subrayado, no solo no parece que
haya predisposición por parte de la dirección del PP a llegar a algún
tipo de acuerdo, sino que la información que se transmite a través de
los medios de comunicación, sin que se haya producido ningún desmentido,
es que hay una voluntad inequívoca de hacer fracasar cualquier
movimiento que se produzca en esa dirección.
En el
boicot a la renovación del CGPJ no nos encontramos ante una conducta
políticamente reprobable, sino ante una actuación inequívocamente
anticonstitucional. Con cada boicot en la renovación de estos órganos
"cuasi constituyentes", TC y CGPJ, es la propia "normatividad" de la
Constitución la que sufre un arañazo, por decirlo de la manera más suave
posible. Entre lo que la Constitución dice y lo que en la realidad
ocurre se abre un foso, que disminuye su efectividad como norma
jurídica. La Constitución está bien que se cumpla. Pero si no se cumple,
tampoco pasa nada. Especialmente si el PP tiene mayoría en el CGPJ que
tiene que ser renovado.
Mientras esto está ocurriendo
respecto del CGPJ, se ha puesto el grito en el cielo ante la pretensión
del presidente del Gobierno de designar a Dolores Delgado como Fiscal
General del Estado. Se trata de una decisión que puede ser discutida
políticamente, pero no en términos constitucionales. La candidata
propuesta reúne sin ningún género de dudas los requisitos exigidos en el
ordenamiento jurídico para poder ocupar dicha posición. Jurídicamente,
la decisión es inobjetable.
Que, políticamente, es una
decisión no solamente discutible, sino incluso arriesgada, es algo que
salta a la vista. Pero no es más discutible que las designaciones de
algunos de los Fiscales Generales que se han producido desde la entrada
en vigor de la Constitución, como Íñigo Sáenz de Ugarte nos recordaba este mismo martes.
Me permitiría añadir a lo que él aportaba en su crónica el dato de que
el "tamayazo" coincidió con la presencia de Jesús Cardenal en la
Fiscalía General y que, si no se acabó aclarando lo que pasó, fue en muy
buena medida por la falta de motivación de la Fiscalía en que el asunto
fuera investigado.
El ruido ensordecedor que se ha
levantado con la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como
Fiscal General frente al silencio atronador respecto de la no renovación
del CGPJ recuerda la parábola de la paja en el ojo ajeno y la viga en
el propio. Desde cualquier punto de vista que se mire el nombramiento de
la primera y la no renovación del segundo, no es posible ponerlos en el
mismo plano.
Y no están siendo puestos. La propuesta
de nombramiento de la Fiscal General resulta un escándalo
anticonstitucional, mientras que del boicot a la renovación del CGPJ ni
siquiera se habla. Lo que no es anticonstitucional, aunque pueda ser
discutido políticamente, se presenta como constitucionalmente
insoportable e ilegítimo, mientras que lo que es y debería ser
constitucionalmente insoportable y afecta a la legitimidad del órgano
con proyección en toda la administración de justicia, no se considera ni
digno de mención. El mundo al revés.
Algo muy grave
está pasando en el sistema político español para que se pueda producir
una disonancia cognitiva de esta magnitud. No es la primera que se viene
produciendo desde hace varios años y me temo que no va a ser la última.
Recuerdan lo de "tanto va el cántaro a la fuente..." Pues eso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario