Cadena de disparates
La cadena de disparates que puede desencadenar la acción de un órgano de la Administración del Estado está vinculada directamente a la posición jerárquica que dicho órgano ocupa
La Junta Electoral Central es el mejor ejemplo de esta capacidad de generar disparates encadenados
Esta mañana, sobre las
12.30, acababa de terminar de leer un capítulo de un libro, y puse el
canal 24 H para ver que es lo que estaba pasando y, por suerte o por
desgracia, me topé con Doña Cayetana Álvarez de Toledo pontificando
sobre el estatus jurídico de Quim Torra, al que calificó de
"delincuente de a pie", ya que, en su opinión ni es diputado del
Parlament ni president de la Generalitat. Lo afirmó de manera rotunda,
leyendo, con la expresión de fastidio propia de quien tiene que decir
expresamente lo que es evidente, el artículo del Estatuto de Autonomía
en el que se dispone que el Parlament elige al president de entre sus
miembros. "Ahí lo dejo", pareció decir tras la lectura, imitando en su
lenguaje corporal al Millán Astray de la película de Amenábar.
La
ignorancia es atrevida dice el refrán y Cayetana Álvarez de Toledo y su
jefe político, Pablo Casado, son un ejemplo de cómo acierta la
sabiduría popular.
Se puede pensar que la posición en la que se encuentra
Quim Torra es jurídicamente disparatada. La Constitución, señora Álvarez
de Toledo, es la que exige que el presidente de la Comunidad Autónoma
sea parlamentario. No tiene por qué serlo el Presidente del Gobierno de
la Nación, pero sí tiene que serlo el presidente de la Comunidad
Autónoma. Así lo dice la Constitución. Los Estatutos de Autonomía no
hacen más que reproducir el mandato constitucional. En buena lógica se
debería de concluir que el presidente de la Comunidad debería ser
parlamentario durante todo el tiempo en que se mantenga como presidente.
Es lo que ha ocurrido hasta la fecha en todas las Comunidades Autónomas
en todas las legislaturas desde que se constituyeron las primeras
Comunidades Autónomas, País Vasco y Catalunya, en 1980. Los presidentes
de todas las Comunidades Autónomas han sido parlamentarios durante todo
el tiempo que han durado todas las legislaturas en las que han sido
presidentes. Así ha sido y así debería ser.
Y así
sería, si la Junta Electoral Central, como consecuencia de una solicitud
del PP, no hubiera cometido el disparate de privar a Quim Torra de la
condición de parlamentario en ejecución de una sentencia por
desobediencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), que no es firme, puesto que está recurrida ante el Tribunal
Supremo (TS).
Es posible e incluso probable, por no
decir seguro, que la señora Álvarez de Toledo no sepa cuál es el lugar
que ocupa el Estatuto de Autonomía en nuestro sistema de fuentes del
Derecho. Pero los miembros de la Junta Electoral sí lo saben. Y también
saben que el presidente de la Generalitat únicamente puede ser privado
de dicha condición mediante sentencia "firme". Es discutible que un
parlamentario pueda ser privado mediante sentencia no firme. Pero que el
presidente únicamente puede serlo mediante sentencia firme no es
discutible. ¿Se puede disociar la condición de parlamentario de la de
presidente y privar a este último únicamente de su escaño en el
Parlamento o, por el contrario, debe considerarse que ambas condiciones
son indisociables y que, sin poderlo privar de la condición de
presidente, no se le puede privar de la de parlamentario?
Comprendo
que hasta aquí no haya llegado la señora Álvarez de Toledo, pero es
imposible que no hayan llegado los magistrados del Tribunal Supremo y
los catedráticos de Universidad que integran la JEC.
¿Cómo es posible que la JEC haya cometido el disparate que ha cometido?
La
explicación no es jurídica, sino política. Hay que situarse en el
momento en que se produjo la investidura de Pedro Sánchez como
presidente del Gobierno. El lector recordará, sin duda, la histeria que
se apoderó de las derechas españolas que intentaron reeditar el
"tamayazo", implorando la señora Arrimadas desde su escaño que hubiera
algún "valiente" entre los diputados socialistas que no apoyara la
investidura o acosando todas las derechas de manera casi delictiva al
diputado de Teruel Existe. Había que conseguir hacer descarrilar el tren
de la investidura fuera como fuera.
Es a esta
operación de hacer descarrilar la investidura a la que se incorpora la
JEC con su decisión de ejecutar una sentencia no firme para privar a
Quim Torra de su escaño en el Parlament. Es una intervención muy a la
desesperada, con pocas probabilidades de que pudiera conseguirse con
ella el objetivo de impedir la investidura de Pedro Sánchez, pero, en un
ambiente tan crispado y tan enrarecido, nunca se sabe lo que podía
pasar. Y por si acaso, se tomó la decisión.
La
decisión es, jurídicamente disparatada, ya que Quim Torra fue condenado
por el TSJC en su condición de presidente, por no retirar los lazos
amarillos del balcón de la sede de la presidencia de la Generalitat. Esa
decisión no puede tomarla un diputado, sino que nada más que puede
tomarla el president. En consecuencia, la condena es al president Torra y
no al diputado Torra.
Ahora bien, el president Torra
no puede ser destituido si no es mediante sentencia firme. En mi
opinión, tampoco el diputado, pero esto puede ser discutible. En
cualquier caso la JEC decidió tomar por la calle de en medio y ejecutar
la sentencia no firme privando al president Torra de su condición de
diputado. Se trataba de embarrar el terreno de juego, con la finalidad
de hacer estallar al nacionalismo catalán y dificultar la abstención de
ERC en la investidura.
El disparate de que Quim Torra
sea president sin ser diputado es atribuible, por tanto, directamente a
la JEC e indirectamente al PP, que fue quien se dirigió a la JEC
instándola a tomar dicha decisión. Quim Torra no tiene responsabilidad
alguna. Está obligado a seguir como president, porque de no ser así,
sería él el que estaría incumpliendo el Estatuto de Autonomía.
El
sistema político y el ordenamiento jurídico de la democracia se
articula a partir del principio de legitimación democrática del poder,
que es la proyeccíón institucionalizada del principio de igualdad
constitucional. A través del principio de jerarquía es como se ordenan
las instituciones políticas y las normas jurídicas. De arriba a abajo en
función de la mayor o menor proximidad al lugar de residenciación del
poder, al "pueblo" en el que reside la "soberanía nacional" (art. 1.2
CE)
Cuanto más alto es el lugar que se ocupa en el
sistema político o en el ordenamiento jurídico de la democracia, mayor
es la "fuerza expansiva" de la decisión que se adopta. Una decisión
disparatada por una Junta Electoral de Zona tiene una fuerza expansiva
muy limitada. Un disparate de la JEC tiene una fuerza expansiva enorme.
Genera una catarata de disparates.
Es lo que está ocurriendo en Catalunya. Y lo que parece que va a seguir ocurriendo, ya que el
Tribunal Constitucional parece que quiere emular a la JEC y se ha
dirigido a la Fiscalía para que se persiga penalmente al president del
Parlament.
Más madera, que es la guerra, como diría Groucho Marx.
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Está claro que constitucionalmente se puede ser Presidente sin ser diputado. Ese detalle, a pesar del mejunje de la JEC y del Supremo, coristas del pp, se queda en peccata minuta, comparado con el problema fundamental: la capacidad ejecutiva de Torra para ejercer un rol que le desborda cada día con más motivos. El asunto a la hora del equilibrio y la inteligencia política sobrepasa y modifica por completo las cosas y los conceptos. ¿Puede Torra con la carga de su función política? ¿Ha mejorado Catalunya desde que él es presidente o está cada vez peor y más tensa? La la Educación, la Investigación y la Sanidad catalanas , por ejemplo, están en un callejón sin salida, manipuladas aun por un PdCAT indescriptible, que encima va de héroe.
Un presidente de gobierno central o autonómico no puede actuar y gobernar solo para su partido, para una parte de la población jorobando al resto, que para colmo en el caso catalán es más numeroso que el afín al President. Con él y sus arengas irreflexivas y demagógicas, con su manga ancha ante abusos funcionariales, trabas, y exigencias estúpidas como obligar a los maestros a mantener abiertos los colegios públicos en plenas inundaciones, con las carreteras cortadas, sin luz eléctrica en los centros y los semáforos por los suelos en la zona del Montseny, sin que la Consellería de Educació dijese ni mu, dejando la responsabilidad a los ayuntamientos...y lavándose las manos aprovechando la inundación. Se supone que el President y su corte están tan ocupados en las reivindicaciones indepens que no está para gestionar minucias como las seguridad de las vidas humanas.
Con este President del desguace se ha perdido la manifestación pacífica de los catalanes que era su garantía y su aval democrático, su respetabilidad, con él se ha ganado en tensiones, en deterioro de la convivencia, en agresividad y violencia indiscriminada y animada por él mismo, en las calles de Catalunya, dando lugar a turbios enredos entre CDRs y dios sabe qué más bajo las mascarillas, capuchas y pasamontañas de los kaleborroka "catalanes", ¿quién puede asegurar que las cloacas del estado no estén animando el cotarro, disfrazadas como Mortadelo y Filemón, hasta conseguir el caos total y dar motivos para que un 155 permanente controle las instituciones catalanas? A río revuelto ganancia de corruptores. Y si para más inri, el propio Govern lo facilita animando a la sedición y a la rebelión del pueblo, el plan ppeppero sale redondo.
Torra no ha sido consciente de ese peligro y se lanzó de cabeza como un torbellino activista, en plan kamikaze, sin reflexión, sin ver ni prevenir consecuencias sin comprender que su situación no era una peli ni un relato de política ficción, sino una crudísima realidad en un creciente exponencial como un alud. No ha sido elegido por el pueblo, le ha sido impuesto, además. Y aunque la Constitución actual le cubra las espaldas legalmente, la ilegitimidad de sus actos le descalifica para el cargo que ejerce, insisto, no por elección sino por denominación de un president que no ha dimitido en realidad, sino que simplemente se ha prolongado y desdoblado a sí mismo en su otro yo, el incondicional Torra, dejando a un lado su responsabilidad directa para no ir a la cárcel; como ciudadano tiene derecho a escapar, pero esa escapada irresponsable se mire como se mire, le ha quitado la legitimidad como representante político de un pueblo al que ha dejado abandonado a su suerte después de haberle metido en un berenjenal tremendo, del que ahora es muy difícil salir sin que cambien muchas cosas básicas y sin que caiga él mismo y su esbirro sustituto. Y eso no lo va a impedir ni la Consti, ni la UE, ni el lucero del alba. El disparate ha sobrepasado hasta las razones constitucionales. Nadie lo derriba desde fuera, se derrumba por sí mismo desde dentro. Como acabará ocurriendo en el pp, ha ocurrido en c's y acabará con vox. Malos cimientos, seguros derrumbamientos.
Ahora todo depende de la capacidad del Gobierno Progresista para dialogar y desarmar con mucha habilidad, delicadeza e inteligencia, el cisco montado por el pp y su fotocopia catalana: el independentismo rentable y corrupto, y tan manipulador a la hora del trinke podrido y la comedia de enredo como el gremio de la gaviota.
Un buen aliado imprescindible en el diálogo será sin duda Esquerra Republicana, el partido catalán más equilibrado, precisamente porque entes que catalán se siente republicano y civilizado, compuesto por seres humanos que comparten el mapa ibérico, para quienes la lengua y la cultura son vínculos fraternos que unen y enriquecen y no trincheras que separan, enfrentan y arruinan lo que tocan.
Esa diplomacia de la conciencia, esa clarividencia empática y dialogante, ese necesario saber por donde y cómo desactivar nudos y cortacircuitos, no lo enseña ni lo explica ninguna constitución. Incluso la mejor constitución en manos y mentes torpes, egocéntricas, miserables o delincuentes, mal interpretada por intereses determinados, puede acabar siendo papel mojado e incluso una herramienta degradada que justifique actos inmorales, como por ejemplo, la impunidad para la Jefatura del Estado o la inmunidad parlamentaria que rompe la igualdad que proclama la propia Constitución creando excepciones donde no debe haberlas.
Solucionar problemas como el de Catalunya es cosa de la conciencia consciente y la visión lúcida sin prejuicios. Es cosa de empezar aplicando el imperativo categórico de Kant: obra de tal modo que tu conducta pueda convertirse en ley universal. Benéfica, justa y sana para todos.Que no deje vencedores ni vencidos, ni heridos ni muertos, ni marginados ni olvidados. Que ceder parte de algo que se considera como valor propio para que el bien común sea posible, no signifique perder ni sentirse humillados desde el egocentrismo, sino ganar dignidad ética y eficacia política desde la inteligencia, que nos hagan creibles y fiables, porque cooperan a mejorar la convivencia y no la destruyen. De eso se trata. Ojalá las constituciones de los estados se basasen en ese principio más que en los dogmas férreos, intocables por la realidad y estériles, que a la hora de la verdad son solo postureo teórico, aunque mucho se repite, muy poco se define y menos aun se aplica.
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