¿De qué lado están las leyes?

La ley nace como un principio de regulación del orden en la convivencia civil, es decir, política, -en su auténtico y más estricto sentido etimológico-, de los seres humanos. En su origen debería ser un principio siempre justo y adecuado al bien común, regulando también las constantes vitales del bien particular, que no debe estar separado y mucho menos enfrentado al bien colectivo. 

Pero nuestra especie es experta en la complicación, que además confunde con la profundidad y la prepotencia, la enjundia del bombo y platillo e incluso con la inteligencia; de modo que aprecia y valora mucho más un berenjenal, un laberinto de inutilidades, que la sencillez cristalina de la lógica. Prefiere desparramarse en cálculos infinitesimales que tras años de ardua investigación demuestren numéricamente lo que ya se conocía por la propia experiencia, a la que no se da ningún valor, por excelente que sea, si no procede de un laboratorio que certifique su paso por tribunales y exámenes infinitos, como controles de calidad. 

El ser humano no tiene acceso a una educación estatal que le enseñe a descubrir en la práctica las leyes en su interior (el imperativo categórico que aporta Kant como raíz de la fenomenología vital) y a descubrir que el valor de la Ley es, precisamente, su servicio incondicional a la integridad de la conciencia humana, cuyos cimientos legítimos están incardinados ya a priori en la Ética, sin la cual, cualquier ley es simple papel mojado. Y en los peores casos, una aliada de la represión, de la venganza institucionalizada, del castigo injusto y de los excesos del poder cuando se ve perjudicado y/o  amenazado por las reivindicaciones justas y cada vez más necesarias y urgentes de los pueblos.  

Desde los orígenes de nuestra especie las leyes han venido siendo  impuestas "desde fuera" de nosotros. Y por supuesto, no desde la pedagogía y la comprensión,  sino desde las necesidades del poder militar, político, religioso, y, cómo no, financiero y mercantil, siendo el ser humano durante siglos la principal moneda de cambio. La esclavitud ha sido, y sigue estando aun camuflada de "reformas laborales", por la mano insaciable que mueve todo, hasta para fabricar robots que intentan hacer un mundo mecánico, digital e informático, capaz de crear esclavos autómatas, que no den problemas por culpa de su maldita conciencia. Mucho mejor fabricar esclavos que no necesiten vivienda, ni comida, ni ducha, ni calefacción, ni ventiladores, ni ropa, ni familia, ni sanidad, ni educación, ni cuidados, ni pensiones, ni derechos, porque su única función es el programa de su deus ex machina, o sea, el deber de cumplir el objetivo de su motor, sus botones, tuercas, mandos a distancia y programación. Es evidente que el ser humano no está capacitado para un destino tan perfecto y servicial, aun tiene demasiadas imperfecciones y fallos técnicos, que no le hacen rentable. Así que habrá que hacer unas leyes ad hoc, que faciliten el proceso del cambio. 

La cosa ya viene de lejos; el carisma reptiliano lo lleva practicando milenios con muchísimo éxito y contundencia: reducir el ser humano a objeto, a cosa, mediante el proceso de alienación adaptable a cada espacio y a cada tiempo. Para ello es importantísimo que las leyes sean externas, para que puedan colocarse como una funda o un guante, sobre mentes, emociones, sentimientos, conciencias y hasta evidencias que las puedan poner en entredicho, y que así con toda precisión funcionen automáticamente como relojes suizos, sobre todo suizos de Davos a ser posible. 

La primera "virtud" de la Ley es su sí porque sí, que ya la diviniza y la deja hecha un pincel de cara a la aceptación institucional. 

El primer mandamiento es que no es posible vivir sin la Ley. O sea, que entonces, un pueblo indígena, por ejemplo, que nunca ha salido de su entorno y se rige por la lógica del convivir en el día a día, que no conoce otra norma que la que le regala la naturaleza y el roce familiar del cariño y el respeto natural del mismo biós, es ilegal, según nuestra cultura omnisciente, tan respetuosa, y nada invasiva. Esos seres humanos, no tienen ley ni notario que les regule la herencia de la choza o de la cueva donde duermen y descansan cuando pueden y les viene bien. Tampoco tienen a mano un despacho de abogados que les regule la relación con los vecinos y la propiedad del bosque, la sabana o la selva, ni pueda pedir daños y perjuicios a las lluvias ecuatoriales, a las tormentas, los ciclones o los terremotos.  A esos "salvajes" que saben convivir mucho mejor que los leguleyos redichos y sabelotodo desconociendo el alma de las cosas y de la misma vida, se les considera material de desecho y un estorbo a la hora de esquilmar un molesto patrimonio vegetal que hay que quemar para adecentarlo y convertirlo en negocio, aunque para ello, haya que legislar un código que permita y considere un derecho legítimo acabar con el salvajismo de una naturaleza y unos seres completamente inadecuados a la robótica, a la tecnología y a la ciencia de vanguardia. 

Si en ese proceso, esos pueblos se dan cuenta de la que se les viene encima y se muestran contrarios a abandonar su lugar de origen, su cultura y su forma de vivir en libertad sin molestar a nadie por ello, rápidamente nuestra oficina de recursos legales, se encargará de acusarles de sedición o de rebelión. Les hará un juicio, en el que los jueces, fiscales y abogados, no tienen ni idea de lo que están juzgando. Sólo han visto fotos. Leído artículos de turistas y exploradores. No saben quienes son los acusados, sólo que no están de acuerdo con la Ley. Su ley, no la de los pobladores en vías de expropiación forzosa, vestidos mínimamente con taparrabos , unas guirnaldas de hierbas al cuello y unos juncos aromáticos en el pelo, para que no les piquen los mosquitos. Para colmo no hablan inglés ni español, sino alguna palabra en portugués mal pronunciado. Que ya es el colmo de la rebelión, la de los claveles y la de hace poco, que está permitiendo un gobierno demoledor en Portugal, por lo rojo y lo revolucionario. Sin Ley. Eso seguro. Con una buena ley es imposible hacerse un Portugal y caer en manos del comunismo galopante y salvaje. Como esos indios pervertidos y en cueros, sin pin parental que los proteja de su propia naturaleza impúdica y desvergonzada. Abusona del territorio en el que aun se mueve, pero por poco tiempo, je, je, la Ley es la Ley y se cumple, sí o sí. Pues anda que no tienen ellos experiencia en cargarse lo que haga falta... 

Como todo Occidente y su civilización modélica comprende a la perfección, la Ley es la masa madre de cada iniciativa, de cada realización. No importa qué intereses la promuevan, ni qué visión pueda condicionar a sus gestores, ni si tienen un fundamento ético o simplemente consuetudinario, (eso que repite lo de siempre según los precedentes dados por válidos en cualquier movida). Todo depende de su peso en la balanza. De medir, pesar y contar, asuntos que fundamentalmente son cualitativos y más dependientes de la conciencia que de los rifirrafes estereotipados. Sólo es condenable el cuánto y el tanto,pero importa muy poco el cómo, el porqué, el quién y con quien, y no solo la finalidad y los medios, sino también y sobre todo: la causa real, a eso que en sus procesos y juicios le llaman "causa", eso, que si no se conoce ni se corrige a tiempo, volverá una vez y otra a reincidir. 

Si investigasen de verdad comprenderían que casi siempre la causa es la mala y pésima orientación y aplicación de tanta norma al servicio de un mercadillo de absurdos, que no está al servicio del ser humano ni del bien común sino como felpudo de quienes más poder, dinero y menos ética, honestidad ni escrúpulos tienen. 

Desobedecer leyes inmorales e injustas basadas en intereses políticos, ideológicos y económicos, puede ser ilegal, pero jamás ilegitímo. La ley se queda sin crédito de legitimidad cuando está basada en la desigualdad y se condena por que sí, por tendencias políticas de los magistrados, por ejemplo, a unos diputados por disentir en la organización de un Estado por el que se sienten marginados y no escuchados, siendo portavoces de muchísimos ciudadanos, que pueden estar equivocados, pero no por ello son condenables a la cárcel por un montón de años. Disentir no es un delito, pero amordazar y condenar a prisión por disentir, sí que sebe considerarse un delito de lesa democracia con malos tratos incluidos, a las víctimas de esa arbitraria ley ad hoc. Es esa ley la que no debe tener lugar en una verdadera democracia y en un verdadero estado de derecho. ¿Quién nos liberará de los legisladores según sus criterios y no según la Ley natural, que debe prevalecer sobre cualquier otra que la pervierta, la contradiga y la anule? 

Inventar leyes a gusto del gobernante es propio de una dictadura. La condena por sedición en un estado del siglo XXI es un apaño para cerrar bocas que denuncian acciones políticas que pretenden ser "legales" pisoteando la legitimidad y sin atender a la vigencia de normas ya fuera de juego en sociedades muy distintas de la cultura decimonónica.
¿Es moralmente lícito "legalizar" lo ilegítimo? ¿Es respetable una ley sin ética, que juega a convertir  en  verdad la mentira y la manipulación, con más miedo y bloqueos que responsabilidad? ¿Puede considerarse normalidad que las necesidades de la ciudadanía estén a años luz por delante de unas leyes que ya no alcanzan a entender la realidad que deben equilibrar?

En cuanto a nuestro desastroso pasado próximo, el Poder Judicial y la parte facha del Legislativo, deberían plantearse si los años del franquismo y el residuo monárquico que nos encalomó como herencia, son legítimos, porque ellos sí que proceden de un delito gravísimo que desencadenó la tragedia de una guerra civil y cuarenta años de secuestro dictatorial, que ha dado como fruto este estado actual de desequilibrio y esperpento. Sí, toda esta basura, procede de que nunca se ha condenado a los autores de un delito de rebelión, que el derecho penal define como: 

Delito de naturaleza política cometido por quienes se levantan en armas o incitan a ello, contra un régimen establecido, con la intención de deponerlo. 

Según el código penal, Franco fue un delincuente, un pirata del poder, que para colmo es responsable histórico de un genocidio sin límites usando la ley para "legalizar" el crimen de estado, primero mediante la guerra y luego, por goteo constante de cadenas perpetuas y penas de muerte por considerar un delito las ideas distintas a las suyas. Y lo mismo vale para Guaidó. La rebelión que perpetra está causando una conflicto civil en Venezuela, con víctimas y daños incalculables, al no admitir que su empeño es minoritario y solo sobrevive gracias a los intereses de USA haciendo el cerco económico a su propio país, cuyos daños y sufrimiento le importan poquísimo, unos intereses que  son opuestos al bienestar, la justicia, la autonomía y la igualdad de los venezolanos.

Las leyes que aprueban la rebelión de unos y condenan como sedición la justa desobediencia de quienes no se sienten escuchados por los legisladores, no obedecen a la justicia, solo son herramientas de castigo y venganza 'preventiva' contra quienes no comparten los mismos intereses y modelos políticos. Esa tarea es legislativa y ejecutiva. Nunca judicial. Porque las leyes no pueden jamás ser parciales en sus juicios y sentencias y seguir siendo "legales" sin la ética ni la legitimidad indispensables para seguir llamándose Justicia. El lugar y la esencia de la Ley es la conciencia del todo que solo determina la luz de la verdad sin tapujos ni concesiones, y no el interés determinado de una parte sobre o contra otra.
La ley auténtica puede que no guste a algunos, pero debe convencer a todos sin dejar ni un rastro de duda sobre su equidad, igualdad e imparcialidad en los criterios, jamás debe dejar un margen posible para la manipulación ni en los medios ni en el fin. Y jamás deberían ocupar responsabilidades judiciales ni penales, los magistrados y abogados que se hayan implicado en asuntos opacos y de dudosa catadura. No por comentarios sin trascendencia, sino por actos concretos y hechos que puedan dañar o dejar fuera de juego la función insustituible de la propia justicia. Más flexibilidad en la rigidez de los paripés y tabúes y menos barullo y manipulación,con más claridad y transparencia  en los contenidos esenciales.

No todos los que estudian Derecho tienen capacidad, madurez, lucidez ni honestidad para ejercerlo adecuadamente. Solo diré como botón de muestra que el compañero de clase menos dotado de inteligencia que tuve en el Bachjller Superior de Letras, al que había que explicarle varias veces conceptos supersimples, campeón en repetir curso, acabó de picatoste glamuroso en el Supremo hace varios años. Eso quiere decir que cualquiera puede determinar la libertad de un culpable o la prisión para un inocente. En el pp la mayoría de políticos son abogados. Y en el Poder Judicial predominan los adeptos al pp. Es lo que hay. Blanco es y gallina lo pone.

Quizás ya sea tiempo de parar el tiovivo y tomarse en serio el verdadero rol y significado de la Justicia mediante  la pedagogía adecuada, con menos memorieta de loros, que para eso ya están los códigos impresos, menos trucos "profesionales" y más profundidad en los debates, más claridad cognitiva, más análisis de valores imprescindibles y conciencias sin cadenas ni grilletes hereditarios "tradicionales" en las Facultades de Derecho. Es mejor, menos peligroso socialmente  y más digno una FP bien hecha, que una chapuza universitaria solo de nombre, que para colmo dejará damnificados por donde pase, como las borrascas del cambio climático.

Sin una Justicia en constante revisión y puesta el día con responsabilidad y honestidad, la democracia real es imposible. Las leyes no pueden ser absolutas abstracciones intemporales; hay asuntos perentorios cuya imprescindible revisión no puede ni debe calificarse de delito, por ejemplo, ser gay y ejercer en público hace cincuenta años "merecía" palizas "legales", avaladas por la ley en las comisarías por escándalo público, y al mismo tiempo hay nuevas formas de resolver asuntos que sí deberían considerarse delitos, cuando antes no lo eran, por ejemplo, la violencia de género que hasta hace un par de décadas, se consideraba un "problema normal de pareja", o los abusos pederastas del clero,  o la impunidad de  caciques y prebostes ante la corrupción, empezando por la barbaridad de  considerar intocables hasta constitucionalmente a los monarcas hagan lo hagan. Esa indecencia "legalizada" hasta con posos de legitimación, no es viable en un verdadero estado democrático,  se carga la igualdad, agranda los privilegios y nos devuelve al feudalismo de la Baja Edad Media, porque en la Alta, el Cid aun pudo pedir cuentas a Alfonso VI en Santa Gadea por el asesinato de su hermano Sancho II de Castilla, cosa que ahora sería impensable en la España "postmodelna", en la que al intentar derribar un gobierno que ha salido de las urnas, porque no ha ganado la derecha, se boicotea la legitimidad de la gobernanza creando un clima de violencia, amenaza verbal y agresividad impensables en el siglo XXI, en el que ya se dispone de recursos suficientes para hablar, preguntar, debatir, escucharse y entenderse pensando en el bien común y no en las neuras de unos cuantos desequilibardos que acceden a la gestión política para sacar tajada y no para facilitar la convivencia, eso también debe ser considerado un delito que boicotea la legítima voluntad del pueblo en las urnas, que desprecia con una zafiedad paralela a su ignorancia palurda, y nadie, y mucho menos el Poder Judicial con el Tribunal Constitucional y el Supremo a la cabeza, parece asumirlo. Está claro que semejante locura y desquicie, les debe parecer a todo el equipazo del corralón, lo más normal del mundo. En fin...