Esta es la vía de salida de la mugre social: que el Estado tome las riendas cuando están en juego los DDHH, la Justicia, la Igualdad, la Libertad y .por encima de todo, la Fraternidad, la Compasión y la Misericordia que nos humanizan y nos hacen crecer como seres conscientes, sanos y plenos. Gracies, estimada Generalitat Valenciana, por demostrar que "poder" no es sinónimo chulesco y facha para mangonear a diestra y siniestra, sino, y sobre todo, la responsabilidad de realizar lo necesario en cada momento crítico, desde el bien común como finalidad primordial y directriz imprescindible

 

La Generalitat se plantea comprar el edificio de las 38 familias desahuciadas

Se ha paralizado el recurso de alzamiento contra el centenar de residentes afectados

Amparo Soria. valència

10·12·20 | 04:57 

Levante 

Inquilinos y miembros de la PAH ayer a las 9 de la mañana en el edificio, con fuerte presencia de la Guardia Civil. | GERMÁN CABALLERO

En La Pobla de Vallbona corrió ayer una sensación de victoria. Leve y temporal, pero un respiro a las semanas frenéticas de negociaciones para frenar el desahucio de 38 familias de un edificio de la calle San Sebastián de la localidad del Camp de Túria.

El aplazamiento judicial de la orden de desahucio se conoció el lunes y ayer fue momento de mirar más allá en busca de soluciones. La Generalitat anunció que podría comprar este edificio en caso de que la inmobiliaria Divarian, propietaria del inmueble, no ceda los apartamentos al alquiler social.

Será la Administración autonómica la que en caso de comprarlo, lo destinaría a un arrendamiento asequible para sus inquilinos, una operación que tendrá que resolverse antes del 8 de febrero, cuando se proceda al desahucio. Así lo anunció el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, quien visitó el edificio junto al alcalde de La Pobla de Vallbona, Josep Vicent García. Allí estaban los residentes y miembros de la PAH que han acompañado a los inquilinos durante las últimas dos semanas.

Uno de sus portavoces, José Luís González, recordó que todas estas personas tenían un contrato firmado con el que fue propietario del inmueble, al que le fue embargado para pasar a manos de una entidad bancaria que lo vendió a la inmobiliaria Divarian y, a su vez, lo gestiona Haya Real State. Aún hoy quedan familias con un contrato en vigor o como el de Neli Say, que venció en agosto de 2020. Fue una «estafa» por parte del promotor de la obra, ya que una vez le fue embargado, siguió cobrando a sus inquilinos las mensualidades.

Es a la inmobiliaria Divarian a quien la PAH pide ahora que ceda los pisos para mantener a estas familias en sus casas con un alquiler social, aunque la sociedad «no quiere hablar con nosotros», lamentó José Luis. Además, denunció que mientras la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona negociaban la paralización del desalojo, Divarian «se dedicaba a llamar 7 y 8 veces al día a los inquilinos para ofrecerles dinero para que abandonaran los pisos».

Lo consiguieron con cinco familias, que prefirieron percibir la cuantía económica de la empresa inmobiliaria (unos 4.000 euros) antes que esperar con la incertidumbre a ver qué pasa con sus casas. Los inquilinos e inquilinas de otras dos viviendas recibieron ayer la paralización de su desahucio, a primera hora de la mañana. Para entonces, una decena de furgonetas de la Guardia Civil custodiaban el edificio y a la comisión judicial que esperaban a ser notificados, bien para proceder al desalojo de estas dos casas, bien para suspenderlo. Un inquilino recibió ayer la notificación de paralización de su desahucio y la otra familia se enteró también alrededor de las 9 de la mañana de que les aplazaban el desalojo solo durante un mes (y no dos, como el resto), al considerar la jueza que no se encuentran en situación de vulnerabilidad porque reciben ingresos.

Coordinación institucional

El conseller Dalmau explicó que este caso ha sido «la amenaza más importante de los últimos años». Resaltó, como la propia PAH, la importancia de la coordinación entre instituciones, ya que han trabajado junto La Pobla de Vallbona. «Hemos estado al lado de la gente», señaló Dalmau.

Junto al conseller asistieron el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, y Purificación Peris, directora general de Emergencia Habitacional. Peris explicó que se va a crear una comisión mixta entre conselleria, ayuntamiento, la PAH y los residentes para negociar con la entidad inmobiliaria el alquiler social de las viviendas o la compra del edificio total por parte de la Generalitat. Se aplicaría, según los mecanismos previstos, la compra directa, ya que el tanteo o retracto solo podría producirse si Divarian pusiera a la venta estas viviendas.

Por su parte, el alcalde Josep Vicent García reafirmó la intención del consistorio de que los pisos se destinen a alquiler social: «Siempre habrá bancos que querrán defender sus intereses pero ahí estaremos las administraciones para defender a los ciudadanos».