Casos como este son la consecuencia lógica de que el funcionariado establecido para cuidar del orden público, como intermediarios entre la gestión política y la ciudadanía, especialmente en el Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, como la Policía y la Guardia Civil, dis-funcionen en unos registros ideológicos antidemocráticos y contaminados obviamente por la extrema derecha, cuyos fundamentos están en las antípodas de un estado progresista, plural y respetuoso con los DDHH, que para esa ideología son un obstáculo y un marrón que eliminar y no un código ético y humanitario que implementar y al que servir con las máximas garantías de que la dignidad de y el respeto a los seres humanos -sea cual sea su eclase social, su nacionalidad, su etnia, su cultura o su género- está por encima de cualquier ordenamiento por muy importante que sea. Tal vez, ese funcionariado que trabaja en la frontera entre la ética, la legalidad y la disciplina, debería tener una formación muy específica y mucho más exigente en valores que rijan los comportamientos; los aspirantes a esos estamentos oficiales deberían superar estudios intensos de ética social y nociones prácticas de psicología, de humanidad profesional, y antes de acceder al puesto laboral superar test personalizados que garanticen su madurez y el equilibrio entre la salud psicoemocional y la ideológía que les deja las neuronas bajop mínimos (en caso de que tengan neuronas en vez de serrín, ains!). Es imposible gobernar un estado con decencia donde la gestión del gobierno está intervenida y destarifada aposta, descaradamente, por un funcionariado que comanda una opposición a vox en cuello con el fin de boicotear, interferir y desajustar decretos y decisiones tanto del poder ejecutivo como del legislativo, si no mandan ellos, naturalmente con su sistema habitual de cloaca en primera línea. Es imposible que Judas entienda y facilite el Evangelio. Los fachas, ante su derrota social , han optado por la traición y las treinta monedas de la maldad declarada amparada por las banderas y "la ppatria" en modo cerril. Qué triste que además siempre paguen los errores y las deficiencias morales los más débiles y desprotegidos. Ningún ser humano es ilegal en ningún sitio, lo ilegal es no tener ética ni compasión, legislar sin piedad, y ser orcos sin alma pagados por un estado de derecho democrático, eso sí que es tan alucinante y esperpéntico como vergonzoso, hipócrita, injusto e inhumano. Y luego, hále, a celebrar la Navidad y a cantar villancicos dándole al turrón, cuando se están comportando con una bebé hija de inmigrantes como Herodes con el niño Jesús. "Raza de víboras y sepulcros blanqueados" (así califica el Evangelio las conductas de esa calaña). Nunca prosperará un país donde estas miserias son "normalidad", como en España

Racismo.La Policía de Paterna vuelve a sancionar con 501 euros a una mujer migrante que fue a sacar el DNI de su bebé

Según afirma la afectada, la sacaron de la cola, le hicieron preguntas intimidatorias y le abrieron un procedimiento sancionador por estancia irregular. Es el tercer caso que se conoce en un mes, mientras sigue abierta una investigación de la Delegación del Gobierno por posible policial trato humillante en esta comisaría.

Una oficina de renovación del DNI y el pasaporte. — Policía Nacional

madrid

17/12/2020 12:24 Actualizado: 17/12/2020 18:32

Público

jairo vargas

@JairoExtre

Agentes de la comisaría de Policía Nacional de Paterna (València) han vuelto a intimidar y sancionar por estancia irregular en el país a una mujer migrante que había acudido a expedir el DNI de su bebé, que tenía concedida la nacionalidad española por valor de simple presunción al haber nacido en España, según ha denunciado este jueves la organización València Acull (València Acoge) y ha confirmado a Público la propia afectada.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de diciembre, cuando Beatriz (nombre ficticio), de 20 años y originaria de Paraguay, fue a la comisaría acompañada de su pareja y padre de sus tres hijas, también ciudadano paraguayo de 30 años. Iban a realizar el último trámite para la obtención de la nacionalidad de su hija, nacida en España hace seis meses, pero salieron de dependencias policiales con una propuesta de sanción de 501 euros para ella. A él le entregaron una citación para el próximo febrero que, temen, acabe con la deportación.

Este es el tercer caso similar que se conoce en el último mes en esta comisaría. La delegada del Gobierno en València, Gloria Calero, ya abrió hace dos semanas una investigación por posible trato policial humillante a dos mujeres colombianas que fueron a realizar el mismo trámite y salieron con una orden de expulsión y una propuesta de multa de 501 euros.

La Policía de Paterna multa y abre expediente de expulsión a dos mujeres que fueron a hacer el DNI a sus hijos
jairo vargas

Público

"Has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico... Al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios. Pues oye, ahora te toca pagar 500 euros. Después de todo lo que has recibido, pagar 500 euros tampoco es tanto[...] Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, que es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando aquí durante equis tiempo y es lo que hay", se escuchaba en la grabación que realizó una de estas mujeres.

"Estás ilegal aquí"

En el caso de Beatriz, según relata a Público por teléfono, un agente la sacó de la fila en la que esperaba y, tras mantenerla apartada mientras hacía una llamada, una funcionaria de Extranjería la llevó a otra oficina. "Me hacía preguntas que intimidaban. Me preguntó si había estado detenida antes. Cuando le dije que no y le pregunté por qué, me respondió que porque estaba ilegal aquí en España", asegura.

La mujer, que lleva dos años en España, denuncia que la misma funcionaria le dio información falsa sobre sus posibilidades de regularización. "Me dijo que tendría que esperar un año más para solicitar el permiso de residencia por arraigo social", apunta. Aunque tanto ella como su pareja ya tendrían derecho a regularizar su situación por arraigo familiar, al ser padres de un menor con nacionalidad española. "Estaba muy confundida y muy nerviosa. Me sentí muy mal en ese momento. Allí apartados, todo el mundo nos miraba como si fuéramos delincuentes cuando solo habíamos ido a hacer un trámite al que tenemos derecho", lamenta Beatriz.

Abren investigación por el presunto trato policial humillante en la comisaría de Paterna a dos mujeres migrantes
jairo vargas

La mujer presentó una queja ante el comisario jefe de Paterna donde denuncia que fue sometida a un "procedimiento sancionador racista" al ser elegida entre todas las personas de la cola por tener un bebé en brazos y manifestar que iba a tramitar su DNI. "Al final conseguí que le hiciera el documento a mi hija, pero tuve que insistir mucho porque quería darme cita para otro día", explica la afectada. València Acull subraya además que "los mismos números de identificación de dos policías de Paterna figuran en alguno de los tres procedimientos de sanción impuestos a estas madres migrantes que trataban de sacar el DNI de sus bebés".

Delegación de Gobierno pide explicaciones a Interior

Según informa a este diario la Delegación del Gobierno en València, el pasado 23 de noviembre se pidieron explicaciones al jefe de la Comisaría Nacional de Paterna, al jefe superior Policía en la comunidad y al  jefe regional de Operaciones. En una reunión en la Delegación del Gobierno, en la que también estuvo presente el subdelegado del Gobierno en València, la delegada, Gloria Calero, "trasladó su preocupación por los hechos denunciados" y ordenó a la Policía que, "actuando siempre según el criterio de la ley de Extranjería, no se obstaculice el derecho de las personas migrantes a que los descendientes que nazcan en España se les reconozca la nacionalidad española".

Según las mismas fuentes, hace una semana, Calero envió al Ministerio del Interior el expediente administrativo incoado a partir de la denuncia de las dos primeras mujeres sancionadas, junto a una queja, según lo dispuesto en la Instrucción de la Secretaría de Estado de seguridad 7/2007.

La Delegación del Gobierno en València, tras tener conocimiento de este nuevo caso, "se ha puesto en contacto a primera hora de la mañana de este jueves con el colectivo que ha realizado la denuncia pública para mantener una reunión el viernes en el palacio del Temple y trasladarle las actuaciones realizadas hasta el momento".