El campo de la vergüenza
El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos
humanos, Philip Alston, visitó el campo de Huelva poco antes del inicio
de la pandemia del coronavirus, justo durante la campaña de la recogida
de la fresa. Durante su visita quedo impresionado por las condiciones de
vida de las temporeras y temporeros, que describió como unas
condiciones "mucho peores que un campamento de refugiados", "como
animales", "mientras grandes empresas ganan millones de euros". Este no
es un fenómeno nuevo, pero sí que ha ido creciendo de forma exponencial
en los últimos años en relación al aumento de los cultivos de la fresa y
frutos rojos. Así la degradación permanente de las condiciones de vida y
laborales de los/as jornaleros/as se ha convertido en un pilar
fundamental del llamado milagro económico del "oro rojo", que ha
transformado a Huelva en la primera potencia europea con unas 400.000
toneladas de fresones y otros frutos rojos, 11.500 hectáreas de cultivos
y exportaciones por valor de 1.200 millones de euros al año.
Estos mismos jornaleros/as que se ven obligados a vivir en
infraviviendas en poblados chabolistas, en los márgenes de los campos de
cultivo, aún teniendo recursos económicos para poder alquilar una
vivienda, se encuentran con la imposibilidad de poder hacerlo, ya que ni
los empresarios se lo facilitan, ni los propietarios de las viviendas
de los diferentes municipios donde trabajan.
Jornaleros/as que durante el confinamiento por la crisis
sanitaria ha sido un sector económico "esencial" para que la comida
llegue a nuestras mesas. En cierta medida, el confinamiento ha arrojado
luz sobre quiénes están realizando principalmente este trabajo esencial y
en qué condiciones: explotación y semiesclavitud, tal como lo vemos en
los campos frutícolas de Huelva. Sin derechos, infraviviendas, sin agua,
luz y mucho menos condiciones de salubridad o servicios sanitarios para
hasta unas 5000 personas, en unos 50 asentamientos. En España suman
15.000 entre este y otros polos como Almería y Murcia.
La situación en el campo, es de todo menos desconocida para una
patronal agraria que se lucra con este régimen de explotación y unas
instituciones que lo permiten, a pesar de lo cual nadie parece estar
dispuesto a mover un dedo para que esta situación mejore.
Llamativo fue cómo la misma ministra de Trabajo y Economía
Social fue amenazada por la patronal al anunciar inspecciones laborales
extraordinarias en el campo. Unas inspecciones motivadas entre otras
razones por la relevancia mediática de la escandalosa situación de las
más de 7.000 temporeras marroquíes atrapadas sin recursos económicos, ni
información y en un absoluto abandono institucional en Huelva. Además
al estar alojadas en fincas dispersas muy lejos de los núcleos urbanos,
la sensación de abandono y de estar atrapadas se ha intensificado
generando numerosas patologías. Una situación que no solo manifiesta las
terribles condiciones laborales de estas temporeras sino que también
cuestiona el marco de la propia contratación en origen.
La situación de los asentamientos chabolistas de la comarca de
la fresa en Huelva no es nueva, a pesar de ello ni la patronal ni las
instituciones enfrentan la situación buscando algún tipo de alternativa
habitacional para los miles de jornaleros/as que se desplazan cada año a
la región. Por si no fuera poco, estos campamentos son en demasiadas
ocasiones pasto de las llamas, con una frecuencia que hace sospechar que
no solo se debe a las altas temperaturas o a la precariedad de su
situación sino que en muchas casos pueden estar provocados.
Solo en la última semana, el incendio de tres poblados
chabolistas habitados por trabajadoras migrantes del campo, ha dejado a
más de 400 personas sin techo en la provincia de Huelva. El fuego no
solo ha destruido sus casas y sus escasas pertenencias, sino también
documentación vital para sus aspiraciones de regularización. El último
en la madrugada de este viernes 17 de julio, cuando las llamas arrasaron
parte del poblado chabolista ubicado a la vera de la "Pista del
Corchuelo", muy cerca del Estadio Ciudad de Lepe. En lo que podría ser
un incendio provocado por uno o varios vecinos de la localidad. Mientras
el Ayuntamiento sigue sin responder a la emergencia habitacional, a
pesar de que podría habilitar alguna de las numerosas dependencia
municipales como polideportivos o escuelas que continúan sin actividad
por la pandemia. Como por cierto ya se ha hecho en otras ocasiones en
este municipio, la gran diferencia parece residir en que el Ayuntamiento
del PP tiene miedo a la presión electoral de una extrema derecha en
auge en la localidad, que en las últimas elecciones generales llego a
ser la segunda fuerza.
Todos sabemos que si cualquier vecino hubiera perdido su casa o
más aun si un barrio entero de Lepe hubiera ardido pasto de las llamas,
esa misma noche las personas afectadas hubieran contado con la ayuda de
las diferentes administraciones asegurando que nadie durmiera en la
calle. Pero como aparecía en un telediario de Antena 3, no son personas
sino migrantes, sujetos de no derecho, invisibilizados y estigmatizados
por una legislación migratoria que vulnera derechos. Porque una de las
grandes falacias, no española sino europea, es que no queremos o
necesitamos migrantes, claro que los necesitamos pero justamente así,
sin derechos, con miedo, viviendo en chabolas y sin sus papeles en
regla. Como mano de obra barata, explotable, sin capacidad de sindicarse
u organizarse y favoreciendo una disputa por los recursos escasos entre
los últimos contra los penúltimos. Porque negando los derechos a las
personas migrantes estamos devaluando nuestros propios derechos,
favoreciendo una competencia laboral a la baja que solo favorece a unas
elites que maximizan sus beneficios a costa de agrandar la desigualdad y
a una extrema derecha que se aprovecha de ella para convertir a los más
golpeados en chivos expiatorios y exculpatorios de las primeras.
El Real Decreto 13/2020 permitió que jóvenes extranjeros de 18 a
21 años adquiriesen permiso de trabajo temporal en el sector agrario
durante la pandemia para asegurar que se salvaran las cosechas. A través
de este gesto quedó claro que una regularización amplia no sólo es
posible, sino necesaria y que jurídicamente no habría obstáculos, sobre
todo si se considera el derecho al trabajo como derecho universal. Y es
que no existe otro enfoque para la regularización, que no sea el de
derechos, rechazando la premisa según la cual la población inmigrante
solo merece consideración si económicamente aportan más de lo que
reciben de parte del Estado. En el actual contexto, un gobierno que se
autodenomine progresista no pude menos que afrontar una regularización
administrativa urgente de aplicación inmediata para las personas en
situación administrativa irregular. El movimiento de Black Lives Matter
ha generado con su movilización todo tipo de simpatías, es el momento de
demostrar que las vidas negras importan a miles de kilómetros, pero
también en los campos de Andalucía.
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Y ahí no acaba la cosa, desde Albacete nos llega más de lo mismo. Todos los seres humanos somos iguales en derechos y deberes. No puede haber amos y esclavos en el siglo XXI porque mande el dinero en vez de la conciencia y el instinto de rapiña suicida a medio y largo plazo, sobre la verdadera inteligencia colectiva.
MIGRACIONES
La realidad de los temporeros de Albacete que muchos medios de comunicación obvian
- “Es la primera vez que ha pasado algo así. La gente de Albacete sabe que los subsaharianos que vienen son gente de paz”
- “No
es lo mismo estar confinado en tu casa, con salario, comida y tele, que
decirles que no pueden salir de unos asentamientos que no tienen agua,
luz y colchones”
- “En una pandemia, la salud de los temporeros es la salud de toda la sociedad"
Fuertes con el débil, la crueldad, pero no con el poderoso, la valentía, tal y como anticipaba la obra sobre el famoso hidalgo de La Mancha. En cuartopoder, hablamos con algunas de las personas que desde organizaciones sociales llevan años trabajando en los asentamientos de los temporeros que llegan en verano a la capital manchega. Todos coinciden en algo: lo del domingo, después de más de 15 años en los que se dan estos asentamientos, fueron hechos aislados. “Es la primera vez que ha pasado algo así. La gente de Albacete sabe que los subsaharianos que vienen son gente de paz”, asegura Cissé Cheikhou, presidente del colectivo de apoyo al inmigrante ACAIM.
El foco, sin embargo, no está en el rato en los que este grupo de temporeros se saltó el confinamiento y salió a protestar el pasado domingo, el foco está en la situación en la que viven estos trabajadores del campo, en los contratos que los empresarios agrícolas les hacen, en las comisiones que se llevan las empresas de trabajo temporal intermediarias y en cómo, durante tanto tiempo, se permite a 300 personas vivir en asentamientos en los que, por ejemplo, tan solo hay un punto de agua potable. El problema se ha visto en Albacete en los últimos días, en los anteriores en Lepe, pero es estatal y afecta al Gobierno de España y a las comunidades autónomas. Muchas de las personas que durante el estado de alarma han realizado trabajos esenciales, como recoger las cosechas, que el resto no quería realizar, siguen hoy, en plena pandemia, sin una tarjeta sanitaria.
Idioia Ugarte es portavoz de la junta directiva de Médicos del Mundo de Castilla-La Mancha, conoce muy bien la situación en los asentamientos de Albacete y critica: “No se pusieron unas medidas preventivas, que veníamos solicitando desde Médicos del Mundo, para estos meses, cuando la población de los asentamientos aumenta mucho por las personas que vienen a trabajar a las campañas agrícolas, la mejor manera para minimizar los efectos de una pandemia es la prevención”. Aun así destaca positivamente la reacción que han tenido las administraciones involucradas en los últimos días.
Ugarte recapitula: “El jueves pasado nos llamaron de Sanidad, se había detectado el caso de un chico que dio positivo”. Este hecho, conllevó a que se hicieran PCR a los que habitan este asentamiento albaceteño y más de 20 personas dieron también resultado positivo en las pruebas. Estas, están confinadas en un instituto de la capital, mientras que el resto quedaron en cuarentena en el propio asentamiento. Según relata el presidente del colectivo de apoyo a las personas migrantes, “la mayoría no tenía información suficiente, vio a la policía y la ambulancia llegar y saltó la alarma”.
Conforme salieron más positivos y se imponía la cuarentena de 15 días, “la tensión empezaba a subir”. “No podían salir a trabajar, y los intermediarios y las empresas les deben dinero del trabajo de días anteriores y tampoco podían salir a cobrar ese dinero”, prosigue Cheikhou, que añade: “Además, tienen la presión social de su país, tienen que mandar dinero para las fiestas del cordero que son en unos días, todo esto ha caldeado el ambiente”. Continúa: “El conflicto se vivió, en primer lugar, en el propio asentamiento, algunos querían protestar, otros no querían polémica, un grupo salió a la protesta y solo unos pocos tuvieron ese mal comportamiento”.
“El desencadenante son las condiciones en las que estas personas malviven en unos asentamientos que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, unas condiciones idóneas para que la pandemia campe a sus anchas”, añade la portavoz de Médicos del Mundo. Por su parte, Juan Francisco Zamora, secretario provincial de Políticas Sociales de CCOO, comenta: “Todos los veranos viene mucha gente, pero este año hay que sumar que, por la pandemia, algunos sitios de acogida de personas migrantes del Ayuntamiento han reducido las plazas para salvaguardar la distancia de seguridad”. “No es lo mismo estar confinado en tu casa, con salario, comida y televisión que decirles que no pueden salir de unos asentamientos que no tienen ni agua, ni luz, ni colchones”, añade el sindicalista.
Las autoridades de la Junta de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Albacete han dado respuesta tras lo acontecido el domingo. Ahora, adecentan un recinto de ferias y muestras de la Diputación donde los temporeros podrán pasar la cuarentena. “Allí tienen baños, agua y están poniendo las camas”, explica el presidente de ACAIM. Además, harán repartos de alimentos durante estos días.
Los asentamientos, todos los veranos, se llenan de personas que llegan a La Mancha para trabajar en las campañas del ajo y la cebolla. Luego, se quedan para la vendimia hasta septiembre y octubre. Antes, muchos han estado en Huelva, en la campaña de la fresa. Después, es el turno de Jaén, para recoger la oliva. La mayoría de los habitantes de este asentamiento son subsaharianos, de Mali o Senegal. En Albacete, también hay alguno de población rumana o portuguesa, que son europeos comunitarios, lo que no hace que tengan mejores condiciones laborales. Según relata Zamora, la responsabilidad de las condiciones en las que viven estas personas recae, en buena medida, en los empresarios agricultores que, según el convenio del campo, deberían facilitar viviendas dignas durante estas temporadas.
“Hemos visto a mutuas hacer reconocimientos médicos en los asentamientos, lo que es una paradoja, pues los realizan las empresas que, al mismo tiempo, deberían evitar que vivieran allí los trabajadores”, relata, y prosigue describiendo las condiciones laborales. “El convenio es de 8 euros la hora, en algunas ocasiones las empresas intermediarias de trabajo temporal se llevan la mitad”. “Hemos denunciado casos de abusos a mujeres por parte de los empresarios, les ofrecen dinero por servicios sexuales”. “Hace dos años denunciábamos que 300 personas estaban esclavizadas en una nave, cobrándoles 50 euros al mes por un colchón, sin agua y sin servicios”. “Algunos empresarios no les pagan al momento y se tienen que quedar aquí esperando para cobrar, y ni cobran aquí ni pueden ir a trabajar, mientras, en otra campaña”. Cheikhou, por su parte, critica que los empresarios contraten a trabajadores migrantes en negro, “porque luego no tienen las horas cotizadas para renovar sus permisos”.
El responsable de Políticas Sociales de CCOO afirma que estos empresarios están denunciados, igual que algunas de las empresas intermediarias de trabajo temporal. “La Inspección de Trabajo no da abasto, hace falta más inspectores de trabajo y más personal administrativo que tramitan las denuncias”, prosigue. También quiere poner en valor las buenas prácticas de algunas administraciones, como las ayudas de la Junta de Castilla-La Mancha al kilometraje y hospedaje a algunos de estos trabajadores y las de algunos consistorios: “Hay que resaltar que ayuntamientos como Balazote o Casas de Juan Núñez ya tienen la ordenanza de que los empleadores de temporeros están obligados a darles unas condiciones mínimas de habitabilidad y humanidad”.
Frente a esta situación, muestran su preocupación ante la respuesta de parte de la sociedad con las personas migrantes. Perfiles de redes sociales y algunos medios de comunicación aprovechan la coyuntura para expandir la pandemia de la xenofobia. “Determinadas situaciones y discursos dan alas a que la gente les vea como un mal, y más en la pandemia, en vez de valorar que gracias a ellos llega verdura y alimentos a nuestras casas”, dice Zamora. “Hay grupos políticos que intentan señalar siempre a los inmigrantes, a los subsaharianos, intentan transmitir que los temporeros traen la enfermedad, cuando en fiestas de jóvenes o en otros centros de trabajo se dan también positivos”, critica Cheikhou. “Los asentamientos no han sido nunca un foco de conflictos, usar esta situación para lanzar mensajes no reales que ponen el foco en las víctimas va en contra de los derechos humanos”, hace lo propio la portavoz de Médicos del Mundo.
La propia Ugarte valora positivamente las medidas que están tomando ahora las administraciones en Albacete y recuerda que “en plena pandemia, es un motivo de salud pública”. Por ello, reclama una tarjeta sanitaria para todas las personas, para garantizar el derecho a la salud, una sanidad universal. “En una pandemia, la salud de los temporeros es la salud de toda la sociedad, y también la salud de la economía, porque los contagios perjudican también a la economía”, recuerda. La realidad de los temporeros de Albacete es más compleja de lo que muchos intentan tapar.
"La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde", recoge la novela de Cervantes.
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