¡Pídele cuentas al rey!
A estas alturas, ya no debería sorprenderme casi nada. Pero no
es así, pues sigo llevándome las manos a la cabeza ante acontecimientos,
decisiones, reflexiones… que no alcanzo a comprender –la monarquía es,
en sí misma, una institución que me resulta incomprensible e
irracional–.
Y así, me sorprende todavía –cada día más, diría– todo lo que
está ocurriendo en torno a la Corona por razón de la investigación de
determinadas actividades de Juan Carlos I y lo que, debiendo producirse,
es dudoso que vaya a tener lugar.
Se sabe que la Fiscalía de Suiza inició investigaciones y que la del Tribunal Supremo las sigue hasta el momento,
tras recibirse los datos requeridos de aquella, acerca del supuesto
cobro de comisiones en cuantía más que relevante por parte de Juan
Carlos I por la construcción del AVE a La Meca, comisiones que habría
recibido de Arabia Saudí y que habrían sido depositadas en Suiza –para
empezar–, sin tributar en España –naturalmente–, y que esto habría
ocurrido hacia 2008 y puede que también se hubieran producido hechos
similares después de su abdicación en junio de 2014.
Sabemos también que Juan Carlos I estaría relacionado con la
llamada Fundación Lucum, además de con alguna otra, de la que sería
beneficiario Felipe VI, quien ya en abril de 2019 –según sus propias
palabras– habría acudido a una notaría para comunicar que había enviado
una carta a su padre renunciando a ello, para el caso de ser cierto. Y
esto lo sabemos porque el propio Felipe VI emitió un comunicado el
pasado 15 de marzo, en el segundo día del estado de alarma por la crisis
sanitaria, en el que relató estos extremos y añadió su "renuncia" a la
herencia de su padre –renuncia cuyo nulo alcance ya conocemos– y también
que Juan Carlos I dejaba de percibir desde esa fecha la asignación
fijada en los Presupuestos de la Casa del Rey. Presupuestos que se
nutren, también por previsión constitucional, de los Generales del
Estado, de modo que entre toda la ciudadanía se sostiene al Rey, su
Familia y Casa –las mayúsculas también son constitucionales–.
Por tanto, sostengo que, si parte de mis impuestos se destinan a tal fin, algún derecho tendré a decir algo al respecto.
De un lado, las decisiones de Felipe VI son insuficientes e
inefectivas, pero muy reveladoras de que algo muy grave está ocurriendo y
de que Juan Carlos I, quien, por así haberlo decidido el Gobierno en un
Real Decreto de junio de 2014, al abdicar, mantiene vitaliciamente el
uso honorífico del título de Rey, seguía hasta el pasado marzo
percibiendo asignación de los Presupuestos Generales del Estado, pues la
percibía de los de la Casa del Rey. No sé ustedes, pero esta decisión
la entiendo yo como la asunción de que el emérito no necesita ya dicha
asignación y que tampoco la merece.
De otro lado, no sé cómo terminará la investigación de la
Fiscalía ni si se abrirá una causa judicial al respecto, ni quiero
prejuzgar nada. Pero parece claro que lo que está en cuestión es la
"inviolabilidad" de Juan Carlos I y sus efectos sobre una posible
investigación penal. Esto es, si, de existir indicios de haberse
cometido algún delito, se abrirá procedimiento judicial o no en razón de
la previsión constitucional de que "la persona del Rey es inviolable y
no está sujeta a responsabilidad".
Soy consciente de lo mucho que se ha dicho y escrito sobre esta
cuestión, pero no me resigno a no decirlo yo también. En primer lugar,
esta afirmación de la Constitución viene inmediatamente seguida de otra
según la cual "sus actos estarán siempre refrendados", remitiéndose a
otro precepto según el cual ello lo será "por el Presidente del Gobierno
y, en su caso, por los Ministros competentes", quedando excluido de tal
refrendo únicamente el nombramiento y relevo de los miembros civiles y
militares de su Casa.
Dicho de otra manera, la lógica constitucional supone que, dado
que el jefe del Estado no puede realizar por sí mismo actos no
refrendados, es esto lo que hace que su persona sea inviolable y no
responsable, pues la responsabilidad recaería sobre quien refrendó los
mismos. Claro que, como es bien obvio, ello solo afecta a los actos
realizados como jefe del Estado y no a cualquier otro acto privado, que
no está sometido a refrendo ni, por tanto, en mi opinión, le excluye de
responsabilidad ninguna. Pensemos en cualquier actuación privada del Rey
que pueda ser susceptible de alguna reclamación, simple o no: pensemos
en que el Rey hubiera alguna vez cometido algún delito, por ejemplo,
conduciendo su moto y atropellando a alguna persona, o cualquier otro de
cualquier naturaleza. ¿De verdad alguien puede cabalmente sostener que,
en un Estado democrático y de Derecho, el jefe del mismo no responda de
tales hechos? Es cierto que en otros países –monarquías o repúblicas–
hay sistemas similares, pero en las repúblicas la inviolabilidad es
temporal, como el cargo de su jefatura, por lo que siempre llegará el
día de poder perseguir hechos semejantes –véase lo ocurrido en Francia
con Sarkozy–.
Pero, si esto ya afectaría al Rey, según yo lo entiendo,
respecto de hechos acontecidos durante el ejercicio de la Jefatura del
Estado, con mayor claridad habría de contemplarse su responsabilidad
plena en relación con actos realizados tras su abdicación, no
apreciándose ya ninguna razón para seguir aplicando tales previsiones
constitucionales a quien no ostenta ya tal Jefatura y cuyos actos ya no
refrenda nadie.
Veremos cómo lo interpreta la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo, en su caso.
Quien ya lo ha interpretado, con el aval de sus servicios
jurídicos, es la Mesa del Congreso, que rechazó, con los votos del PSOE,
PP y Vox, una Comisión de investigación sobre las actuaciones referidas
que había sido solicitada por Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu,
JxCat, Compromís y Más País. Y ello, con el argumento de que la
inviolabilidad del jefe del Estado es permanente y rige también tras
perder tal condición por su abdicación. Criterio verdaderamente
inasumible desde el punto de vista de la razón común y, desde luego,
desde la razón política y jurídica de una cabal interpretación
constitucional.
Pues eso, ¡pídele cuentas al Rey! Yo pago y yo se las pido. A
los dos Reyes inviolables y a quienes los sostienen en esta posición.
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