Menosprecio al municipalismo
La crisis sanitaria del Covid-19 y sus graves efectos sobre la
economía, han sacado a relucir la situación de precariedad en la que se
encuentra la autonomía y las finanzas municipales. Los municipios hemos
sido la primera línea de choque para hacer frente a la emergencia social
y económica.
Los ayuntamientos como administración más próxima y disponible
hemos tenido que prestar líneas de ayudas de emergencia a autónomos y
PYMES, a la hostelería, para la manutención de las familias más
necesitadas, de alojamiento para los sin techo y otras muchas de menor
cuantía. La ciudad de Valencia ha destinado, a día de hoy, más de 32
millones de euros extraordinarios para hacer frente a estos
imprevistos.
El Ayuntamiento de Valencia dispone de un remanente de tesorería
proveniente del superávit de 2019 de 60 millones de euros, del cual el
Ministerio de Hacienda solo nos ha permitido destinar un 20%, en nuestro
caso 12 millones de euros, para financiar las ayudas sociales
concedidas con motivo de la pandemia.
Tenemos que situarnos en el contexto de los últimos años, los
Ayuntamientos hemos hecho frente a las medidas de austeridad más
estrictas de la administración pública. Un 2 de septiembre de 2011 el
PSOE y el PP aprobaron en el Congreso de los Diputados la modificación
del artículo 135 de la Constitución, con nocturnidad y alevosía. Esta
deslealtad a la autonomía municipal se concretó, entre otras medidas, en
la imposición a las Entidades Locales de unos criterios de cumplimiento
de los principios de equilibrio y estabilidad presupuestaria, que iban
más allá de lo exigido por Europa para el conjunto de las
administraciones públicas.
En efecto meses después se aprueba la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la prioridad absoluta
del pago de la deuda frente al bienestar de la ciudadanía, lo que se
traduce en la obligación de destinar el superávit presupuestario a
amortizar deuda cualquiera que fuera el saldo de ésta, y en el
establecimiento de un límite en el crecimiento del gasto incluso con
superávit en las cuentas municipales y un volumen de deuda municipal
sostenible.
Este menosprecio continuó con la aprobación de la Ley de
Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local en
diciembre de 2013, con las competencias impropias, la tutela financiera y
el redimensionamiento del sector público local.
Y desde entonces nos encontramos en la misma situación,
superamos la anterior crisis financiera, hemos disfrutado de unos años
de crecimiento económico, en la que los municipios hemos aportado al
conjunto del Estado cifras enormes de superávit y llegó el Covid-19 hace
unos meses. Parece que ahora la Comisión Europea ha optado por recetas
bien diferentes que las de la anterior crisis, con un incremento nunca
visto del gasto público y facilidades para el endeudamiento para el
sector público y privado. El marco normativo actual, el de la anterior
crisis, nos limita a las entidades locales para hacer frente a esta
situación excepcional.
Quisiera coger la bandera de la Declaración Municipalista de
València de 2017 en la que los principales ayuntamientos del Estado y de
todos los colores políticos: del PP, PSOE, candidaturas del cambio,
fuerzas nacionalistas y regionalistas exigimos al Gobierno, entonces
capitaneado por Mariano Rajoy, la modificación de estas leyes y la
relajación de las medidas del control del gasto y de la deuda.
. Lo primero las
En este momento esta declaración está totalmente vigente y es
más necesaria que nunca para hacer frente a esta crisis y poder prestar
los servicios y ayudas que la ciudadanía se merece. Por todo ello exijo
al Gobierno actual que deje de ser cómplice de esta deslealtad a la
autonomía municipal de la que somos víctimas alcaldes, alcaldesas y el
conjunto de la ciudadanía desde septiembre de 2011.
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