Poner al rey en el lugar que se merece
Javier Pérez Royo
El vicepresidente tercero
de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Arias Moreno, ha sustituido en
su despacho un cuadro en el que se podía leer "Todos somos iguales ante
la ley" por una imagen del rey Felipe VI, argumentando que ya era hora
de "poner al rey en el lugar que se merece".
¿Anécdota
o categoría? ¿Se trata de un acto intranscendente al que no hay que
prestarle mayor atención o nos encontramos, por el contrario, ante un
mensaje político cargado de sentido con el que se reivindica la
trayectoria de la monarquía en la España constitucional?
La monarquía ha sido a lo largo de toda nuestra historia
constitucional el instrumento para la negación, domesticación o
devaluación del principio de igualdad, que en su proyección a través del
principio de soberanía nacional o popular es el principio de
legitimidad propio del Estado Constitucional, aquello que lo diferencia
radicalmente la monarquía como forma política. Porque la institución
monárquica puede formar parte de la arquitectura del Estado
Constitucional, pero el principio de legitimidad propio de la monarquía
no puede ser el principio de legitimidad del Estado Constitucional. No
es la monarquía, sino el principio monárquico como principio de
legitimidad lo que no tiene cabida en el Estado Constitucional y, sobre
todo, en el Estado Constitucional Democrático. La incompatibilidad entre
el principio monárquico y el principio de legitimidad democrático es
radical e insubsanable.
En nuestra historia
constitucional desde principio del siglo XIX hasta 1931, con brevísimos
paréntesis (el Trienio Liberal, algunos de los años de vigencia de la
Constitución de 1837 y los años del Sexenio Revolucionario) el principio
monárquico, en la forma de monarquía absoluta con Fernando VII, o en
la forma de principio monárquico-constitucional con las Constituciones
de 1845 y 1876, ha presidido la organización constitucional del país.
España no ha sido antes de 1931 un Estado Constitucional, sino una
monarquía constitucional, que es algo distinto. Por eso las
Constituciones del siglo XIX eran Constituciones de la monarquía
española. No del Estado o de la Nación española, sino de la monarquía.
España no podía no ser monárquica. El principio de igualdad ha sido,
por tanto, un principio "domesticado", subordinado a la institución
monárquica.
Desde 1931 ya no es así. Hemos sufrido una
negación brutal de la democracia por el régimen del General Franco,
pero no un retorno a la monarquía española. A finales del siglo XX, tras
la ola del constitucionalismo democrático en Europa posterior a la
Segunda Guerra Mundial, ningún Estado podía prescindir del principio de
igualdad, es decir, de la soberanía nacional/popular como principio de
legitimación del poder. Y en España tal principio se reconocerá en el
artículo 1.2 de la Constitución: "La soberanía nacional reside en el
pueblo español del que emanan los poderes del Estado". En el artículo 14
se reconoce el principio de igualdad, como presupuesto y límite de los
derechos fundamentales.
Ahora bien, si la Constitución
no descansa en el principio monárquico, tampoco lo hace desaparecer. El
principio monárquico condiciona el reconocimiento del principio de
soberanía nacional/popular. Frente a la fórmula europea que hace derivar
de la soberanía popular "todos" los poderes del Estado, en La
Constitución española, con ambigüedad calculada, derivan "los poderes",
pero no todos los poderes. Del rey no se dice que sea un poder del
Estado, pero tampoco que no lo sea.
Pero es que,
además, en la definición constitucional de las Cortes Generales se
introduce una "desviación calculada" del principio de igualdad en la
composición y fórmula de elección del Congreso de los Diputados y una
negación de dicho principio en la composición y elección del Senado. Hay
una devaluación de origen en la institucionalización parlamentaria del
principio de legitimidad democrática, diseñada para que no se acabe
poniendo en cuestión la Restauración de la monarquía.
No
estamos en la monarquía española anterior a 1931, pero tampoco estamos
ante una monarquía parlamentaria como las demás monarquías europeas. El
principio monárquico sigue gravitando sobre nuestra fórmula de gobierno
en detrimento del principio de igualdad y de su proyección en la
soberanía nacional/popular.
Esto es lo que ha
expresado el vicepresidente de Vox de la Asamblea de Madrid. El lugar
que ocupaba "la igualdad de los ciudadanos ante la ley", es decir, la
legitimidad democrática, es el lugar que se merece el rey.
Me temo que es lo que realmente piensa. Él y el partido al que pertenece.
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