Que esto se aclare, porfa. ¿Qué competencias tiene la Junta Electoral española para interferir en la europea? Si España es todo poderosa como para decidir por Europa, ¿para qué votamos en Europa, si la Junta patriotera va a imponer sus fijaciones como leyes hasta en Europa? Estos son los posos del café dictatorial y absolutamente obtuso. No es la UE la que depende de los criterios españoles, sino España la que debería aceptar las normas de la UE y va a su bola, siendo así ¿para qué votamos en Europa entonces? Si muchos españoles han votado como diputados a unos presos políticos condenados arbitrariamente por un tribunal de la inquisición exhumada, más bien será ese tribunal el que deba revisar sus criterios a la hora de descodificar qué es democracia y qué no lo es. Si no es ilegal votar a partidos como Vox totalmente partidarios de la dictadura, de sus métodos y su represión, cuya excelencia proclaman sin cortarse ni un pelo, e incluso se permite que uno de sus capitostes, que acaba de declarar la guerra a Francia por su cuenta, ejerza la acusación particular en el juicio a los presos políticos catalanes -(alguien se imagina en Alemania, un juicio contra demócratas porque no les dejan votar en su "land" y por ello acusados de golpistas por un neonazi "defensor de la patria"?)- como es el caso de los diputados catalanes, a los que hemos votado desde otras autonomías, agrupados en la propuesta electoral "Ara Repúblicas" Hay demasiada injusticia, opacidad y abusos amparados en los tribunales españoles. Y Europa no debería mirar para otro lado,sino proteger a la ciudadanía española y europea del rebrote franquista que sufre este desgraciado país. Si la CE y el BCE han tenido el poder de hundirnos la economía para salvar a los grandes productores, deberían usar el mismo poder para desativar el neofascismo franco-nazi, que en la España plurinacional ha encontrado su objetivo político violento y agresivo, intolerante y letal para la democracia, española y europea, con la resurrección de la peor historia vivida en el siglo XX en este país. La UE debe impedir estos peligrosos juegos impresentables, multando y penalizando semejantes disparates. Ya lo está viendo Francia con el episodio de Valls y c's...eso es solo un aperitivo para lo que significa la deriva del estado español "normalizando" lo que en Alemania o Francia estaría penalizado por las leyes. Otro caso demoledor es que mientras en Europa se condena justamente a Platini por corrupción, la constitución española otorgue a los reyes la impunidad, hagan lo que hagan, como es el caso de Juan Carlos I, que lleva haciendo lo de Platini años y años, acumulando un patrimonio fraudulento incalculable, sin que haya una ley capaz de responsabilizarle ni siquiera cuando ha dejado el trono. En fin, que esta Spain es demasiado different y la UE debería ayudarla a salir del pozo, negándose a admitir comportamientos vergonzosos y hasta delictivos en cualquier país medianamente normal

La Junta Electoral confirma que Puigdemont, Junqueras y Comín no pueden ser eurodiputados

Rechazado el recurso del expresidente catalán por no haber mostrado voluntad de acatamiento de la Constitución en persona en el Congreso

Anabel Díez

Javier Casqueiro-El País

Madrid 20 JUN 2019 - 16:33 CEST

Carles Puigdemont, el pasado 24 de mayo durante una rueda de prensa en Bruselas (Bélgica). EMMANUEL DUNAND AFP

La Junta Electoral Central ha ratificado este jueves por unanimidad que los dirigentes políticos catalanes nacionalistas Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Antoni Comín, que se presentaron en distintas formaciones independentistas a las pasadas elecciones europeas del 26-M, no pueden ser considerados eurodiputados porque no han acatado debidamente la Constitución española. La Junta rechaza así el recurso presentado por el abogado de Puigdemont y reitera que el expresidente de la Generalitat catalana no ha mostrado voluntad de acatar la Carta Magna en persona en el Congreso como exige la ley. Esos tres escaños quedarán por tanto vacantes.
El órgano regulador y controlador de los procesos electorales en España comunicará este jueves al Parlamento Europeo que no tiene razón de ser el recurso tramitado ante la JEC por el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Los tres dirigentes políticos no tendrán, por tanto, la credencial oficial como eurodiputados que debían obtener en el Congreso español y no podrán asistir como tales a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo prevista para el 2 de julio.
El expresidente catalán Puigdemont y el exconseller Comín son fugados de la justicia española y Junqueras está en prisión preventiva por su implicación en el proceso independentista y en la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La resolución de la Junta se basa en lo que establece el artículo 224.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG). En el mismo se fija que "los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central" tras cinco días de su proclamación y que si transcurrido dicho plazo no lo hace se "declarará vacantes los escaños correspondientes" y "suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento."
La Junta también interpreta de la ley que "el acto de acatamiento a la Constitución es de naturaleza constitutiva, de tal manera que no se adquiere la condición de miembro del Parlamento Europeo hasta que el mismo no se produzca. Y que debe efectuarse ante la Junta Electoral Central, lo que supone que el candidato electo debe comparecer personalmente ante dicho organismo para la realización de un acto que es de naturaleza personalísima". El organismo considera, por tanto, que ese acto es "indelegable, y no puede llevarse a efecto mediante cualquier mecanismo que pretenda elegir el propio interesado al margen de las previsiones legales al efecto".
En el rechazo al recurso del abogado de Puigdemont, la Junta recuerda también que no se puede ni debe esgrimir en este caso la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a "la flexibilidad con la que deben interpretarse las fórmulas que pudieren ser utilizadas para cumplimentar el requisito de acatamiento de la Constitución". Y se razona que ese argumento "sería aplicable en el caso de que los interesados hubieren acudido ante la Junta Electoral Central para emitir en esa sede la declaración de voluntad que tal acatamiento supone y en aras a decidir sobre la validez jurídica de la fórmula que eventualmente pudieren haber utilizado". Concluyéndose que esa doctrina "no es de aplicación cuando no han comparecido ante la Junta Electoral Central y no hay, por lo tanto, ningún acto de acatamiento de la Constitución sobre cuya eficacia jurídica pudiere proyectarse".
También se descarta un precedente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo usado por el mismo letrado para intentar dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictadas en relación con Puigdemont y Comín. La Junta remacha que "la circunstancia de que un candidato se encuentre voluntariamente fuera del territorio nacional para eludir la acción de la justicia no constituye causa justificada para proporcionarle un trato distinto del dado al resto de candidatos" y que lo mismo cabe afirmar del hecho de que decida no acudir al territorio nacional por ese mismo motivo.
Ni Puigdemont, ni Junqueras ni Comín cumplieron esos requisitos antes del pasado lunes a las doce de la mañana, que fue el plazo que fijó la Junta. Sí lo hicieron otros 50 electos de distintos partidos, eso sí con variadas fórmulas que fueron avaladas por la propia Junta. Incluida la manera que usó la representante de ERC, Diana Riba, esposa del candidato Raúl Romeva, que aprovechó su intervención para aludir a la situación de los afectados como "presos políticos". La Junta aceptó más tarde ese procedimiento con una votación de ocho frente a dos miembros, que votaron en contra.
Al que no han puesto ningún problema para aceptar su credencial ha sido al actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha acudido en persona este jueves a primera hora al Congreso a acatar la Constitución "sin ningún añadido", como ha subrayado más tarde ante la prensa.