¡Nombrad, nombrad, malditos!
El caducado Consejo General del Poder Judicial está en pleno maratón de nombramientos de altos cargos judiciales
Está en funciones pero, sin embargo, ha realizado ya la designación de 13 de estos puestos y tiene previstos realizar alrededor de 25 antes de irse a descansar en agosto
Algo tan grave pasa prácticamente desapercibido para la ciudadanía y puede que para algunos políticos que no terminan de ver la gravedad de lo que está sucediendo
Sede del Consejo General del Poder Judicial de Madrid
EFE
"Puede que no reconozca a un ganador al verlo pero, desde luego, me doy cuenta de quién va a perder"
'Danzad, danzad, malditos' de Sidney Pollack
El caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
está en pleno maratón de nombramientos de altos cargos judiciales. Está
en funciones pero, sin embargo, ha realizado ya la designación de 13 de
estos puestos y tiene previstos realizar alrededor de 25 antes de irse a
descansar en agosto. En este listado de puestos a cubrir, o a copar, se
encuentra la presidencia de la Audiencia Nacional y cuatro plazas del
Tribunal Supremo. Llevan prisa, mucha prisa, para ser un órgano que hace
medio año que cumplió su mandato y que estuvo a punto de ser renovado
si alguien no hubiera filtrado el mensaje de Cosidó, el de la puerta de
atrás. Eso si no es que se filtró por algún listo que pensó que aún les
iba a ir mejor manteniendo a un CGPJ de mayoría conservadora prorrogado
por tiempo aún indefinido.
La situación es tan
insólita y tiene tan mala pinta que no sólo obliga a cuestionarse si un
CGPJ con un mandato caducado puede asumir estas decisiones que amarrarán
durante cinco años a sus sucesores, en un órgano que tendrá mayoría de
sensibilidad progresista, sino también la anómala forma en que se está
haciendo. Algo tan grave, sin embargo, pasa prácticamente desapercibido
para la ciudadanía y puede que para algunos políticos que no terminan de
ver la gravedad de lo que está sucediendo. Algunas voces desde dentro
alertan de que este Consejo, por su organización y su composición, y su
actual deriva, "es maligno para la democracia y debe ser renovado
inmediatamente". No piensan lo mismo los que están partiendo y
repartiendo el bacalao, ni la mayoría de los que siguen disfrutando de
sus prebendas como vocales más allá del tiempo establecido.
Lo
cierto es que, como en un maratón agónico, quieren dejar cerrados todos
los nombramientos de altos magistrados posibles antes de que se
conforme nuevo Gobierno y se vuelva a iniciar el proceso parlamentario
para su renovación. Dejarán en los lugares estratégicos a quienes deseen
durante cinco años. Lesmes considera que, mientras tenga el mando,
aunque sea en prórroga, puede seguir actuando como lo hacía con el
mandato vigente. En un voto particular presentado por la vocal
Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU, ésta recogía la insólita
circunstancia de que el Poder Judicial no tenga las cortapisas que sí se
ponen al Gobierno en funciones: "lo lógico es que se estuviera a los
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para el Ejecutivo y
que en todo caso nos abstengamos de tomar decisiones que puedan
colisionar con las competencias del próximo CGPJ". A todo esto, Lesmes y
sus acólitos no le hacen caso alguno. Tienen prisa. Nombrad, nombrad,
malditos.
Pero es que aún hay más. Los 13
nombramientos realizados, y todos los que vendrán, se están rigiendo por
unas bases de convocatoria que han sido recogidas en un llamado
"documento interno" del Consejo que fue redactado por un grupo de
trabajo de cuatro vocales, sin haber oído siquiera a las asociaciones
judiciales, y posteriormente introducido en el acta del pleno del 8 de
mayo sin que se debatiera o se votara nada sobre él en ese pleno. Casi
de extranjis, vamos. En esta especie de reglamento paralelo, que también
contó con un voto particular de la misma vocal, no sólo se superan a
veces las consideraciones del reglamento existente sino que se omiten
otras consideraciones presentes en el mismo. Esto ha puesto en pie de
guerra a las asociaciones de jueces que están peleando en los propios
tribunales su anulación. Bueno, no todas, todas menos la conservadora y
mayoritaria APM que no ha solicitado la suspensión inmediata de los
nombramientos pendientes, ni ha recurrido los efectuados ya ni irá a la
Sala Tercera del Tribunal Supremo a intentar acabar con esto. Y es que,
como decía Raimundo Prado, el portavoz de la Asociación Francisco de
Vitoria: "no querríamos que se burle el espíritu de la ley con la
realización por parte del CGPJ en funciones de un baremo a medida de
personas concretas para los próximos nombramientos", que ya me dirán que
no es forma fina de decir que Lesmes se ha sacado de la manga un
reglamento paralelo con unos parámetros que le permitan nombrar a quien
desea, aun estando en funciones.
No es la primera vez
que les hablo de la falta de contrapesos al poder que atesora ahora
mismo el virrey Lesmes al frente de un gobierno de los jueces al que ya
le sonó el pito del fin del partido. ¿Y no se puede hacer nada para que
no se vaya dejando atado y bien atado el grueso del poder en los
tribunales colocando a quiénes desean ellos mismos y el partido y los
partidos que les auparon? Poco. Además de la acción emprendida por la
asociaciones judiciales, que no dará frutos a tiempo, nada en términos
jurídicos o legales. Sólo cabría la posibilidad de dejar sin coartada a
Lesmes, es decir, de dejarle al frente de un CGPJ inoperativo para estas
cuestiones. Tanto dentro como fuera del órgano hay quien plantea la
solución de que los vocales de sensibilidad progresista dimitan de sus
puestos en bloque. Tal gesto no sólo tendría una enorme fuerza moral
para impedir que se consume este plan, sólo puedo pensar que lo sea,
sino que de facto no les dejaría seguir nombrando cargos judiciales. Una
dimisión en bloque obligaría a poner en marcha el mecanismo de
sustitución, para lo que Lesmes debería dirigirse al Parlamento, y en la
lista de sustitutos ya sólo quedan cuatro personas. Ni siquiera serían
suficientes para cubrir a los dimitidos y mantener el quórum. En todo
caso es un proceso que podría terminarse antes de agosto.
No
es, desde luego, una solución que tenga visos de prosperar porque antes
de eso alguien debería convencer a los vocales de la necesidad de
impedir este abuso y no está fácil, las poltronas pesan y unos meses más
nunca amargan. La cuestión es que, si no se remedia, cuando llegue a
presidir el próximo Consejo de mayoría progresista, Marchena o quien
toque, se va a encontrar con todo el pescado vendido. Eso, y la
evidencia de que los altos tribunales llamados a controlar al poder
terminarán de ser copados por los conservadores. Ya saben, lo que viene
siendo la puerta de atrás.
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