Lavapiés se organiza contra la especulación y los pisos turísticos: "Hay una impunidad tremenda"
Inquilinos de siete bloques de viviendas se han organizado dentro de la iniciativa Bloques en Lucha para evitar ser expulsados del barrio cuando acaben sus contratos
Han recibido burofax anunciándoles que sus contratos no se renovaran o que se les subirá el alquiler más de un 33%
Denuncian que a los pisos que se quedan vacíos se les da un uso turístico, incumpliendo la normativa municipal
Un burofax y apenas dos meses de
antelación. Ese es el modus operandi con el que los propietarios de
edificios del centro de Madrid notifican a los inquilinos que deben
abandonar el piso o, en su lugar, asumir una cuantiosa subida del
alquiler. En Lavapiés, el penúltimo barrio en entrar en el proceso de
gentrificación de la capital, este tipo de situaciones se han disparado
en el último año, aunque en este periodo los vecinos han comenzado a
organizarse para hacerles frente.
Bloques en Lucha,
una iniciativa del Sindicato de Inquilinas, se extiende por toda la
ciudad -no necesariamente en la almendra central, también en Vallecas o
Carabanchel- en colaboración con colectivos vecinales. En Lavapiés
comenzaron a trabajar hace un año con los residentes de los edificios de
las calles Olmo 35 y Argumosa 11. En solo doce meses, ya son siete los
bloques de vecinos que se han declarado "en lucha" en la zona. Los
cuatro últimos, Toledo 77, Santa Ana 6 y 8 y Encomienda 18, cuyos casos
se presentaron este miércoles en asamblea en la plaza de Lavapiés.
"Mis compañeros de piso tienen miedo", avisa nada más
empezar Sandra, periodista freelance de 31 años que prefiere utilizar un
nombre ficticio. Ella vive en Toledo 77 con dos amigos desde hace seis
años. En 2016, les subieron el alquiler unos 100 euros y, aunque no han
recibido aún ninguna notificación, asumen que se tendrán que marchar, ya
sea por la renovación o por un nuevo precio que, prevén, no podrán
asumir. "No nos han echado todavía, pero lo harán. En octubre caduca el
contrato, y en agosto probablemente nos llegue el burofax", estima esta
vecina, que indica que ya ha visto "cómo se han empezado a ir vecinos y
amigos de todo el barrio porque no podían pagar".
Los propietarios de buena parte de los pisos de Toledo 77 y Santa Ana 8 son los cuatro hijos de la anterior dueña, Juana Couret, que falleció en febrero 2012.
El 23 de abril de 2014, cada hermanastro constituyó su propia sociedad
limitada para administrar las viviendas, previo reparto. Según consta en
el registro mercantil, la fecha de ampliación de capital es la misma
-25 de junio de ese mismo año- y el montante, casi idéntico, unos
625.000 euros. Entre medias, el 22 de mayo, se acordaba la escisión de
la empresa original, Arrendamientos Urbanos Couret, según consta en el BOE.
Cada
empresa cuenta con un administrador único. Los hermanos Marco Alfredo y
Álvaro José Piergili Couret están a cargo de Mundi-Quo Vadis y
Tealrenta, respectivamente; John Michel Alezander Couret, Tolesanta; y
su sobrino Roberto José Alexander del Pino, Yegucar 2000. Este último es
nieto de Juana Couret e hijo de Roberto Alexander Couret, quien fuera
concejal por la candidatura Foro Popular -ya extinta- en el ayuntamiento
de Hoyo de Manzanares (Madrid, 8.222 habitantes) entre 2011 y 2012.
Dimitió alegando "importantes motivos personales". El partido envió un
comunicado en el que lamentaban el "descontento" por los sueldos de "más
de 86.000 euros" de los concejales del PP en ese consistorio,
"demostrándonos que los gobernantes están muy alejados de los
sufrimientos que padecen el resto de los españoles".
"No hablamos directamente con el dueño"
En
el caso de Sandra, su piso es de Tealrenta. "Es todo muy opaco. No
podemos hablar directamente con el dueño, sino con el portero, que se
ocupa de la gestión, pagos y demás, así que no sabemos qué va a pasar",
lamenta esta vecina de Toledo 77, que les afea que "durante todos estos
años no han querido arreglar nada del piso, como las humedades". A su
lado está su vecina Ana, traductora de 36 año, que sí recibió un burofax
en el que se le indicaba que tenía que abandonar el edificio. Tampoco
pudo hablar con el propietario. Tuvo que comunicarse con el
administrador de la finca, que le dijo que el casero "no sabía si
renovar y subir el precio o echarnos, pero que fuéramos buscando casa
porque el aumento iba a ser muy alto", explica.
Dos
semanas después, recibió otro fax confirmando que no tendría que
abandonar el piso, sino pasar de pagar 1200 euros a 1600 al mes, un
33,3% más. "Y diciendo que tengo suerte, porque debería subirlo a 2000
euros, que es el precio de mercado. Parecía estar interesado en que me
fuera", agrega. Si nada cambia, deberá marcharse a finales de julio.
Esta inquilina y activista por los derechos relacionados reconoce "estar
sintiendo este miedo" y denuncia que hay "una parte de la que no se
habla", que es la "ansiedad y todos los efectos sobre la salud mental
que provocan estas situaciones".
"La solución tiene que venir desde el ámbito
legislativo", argumenta Ana, que recuerda que "la presión es esencial
para que se pongan límites". Han hecho un seguimiento del fenómeno y
presentado la denuncia correspondiente, ya que consideran que muchos
apartamentos se utilizan para fines turísticos y son ilegales pues,
entre otros requerimientos, no tienen un acceso independiente, como
establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 y el Plan
Especial para la regulación de uso terciario en su clase de Hospedaje
(PEH), aprobado hace unos meses.
"Llevamos meses con esto, han venido la Policía y el Ayuntamiento y no
han hecho nada", critica Ana, que no se muestra optimista respecto a la
respuesta institucional: "Esto ha ocurrido con Carmena, así que no me
quiero imaginar qué va a pasar ahora con Almeida".
Desde
Yegucar sostienen que no han "subido el precio de alquiler a nadie,
solo la actualización del IPC". "Reformarlo y volverlo a alquilar es una
política de empresa, porque son edificios muy antiguos, y no siempre
son para hacer pisos turísticos", explican. "Es así, al menos en esta
empresa. Si tienen pruebas de lo contrario, que lo demuestren", añaden.
Además, sostienen que "no hay ningún piso ilegal" porque hay "dos tipos
de licencia y la que nosotros tenemos nos permite hacer esto", en
referencia al acceso separado: si se alquilan menos de 90 días al año, no se exige este requisito. Este periódico ha intentado contactar con las otras tres propietarias, sin haber obtenido respuesta al cierre de estas líneas.
"Un barrio como un pueblo"
Cristina
Hernanz, una de las integrantes de Bloques en Lucha, que vive en
Lavapiés desde hace décadas, aunque no es afectada directa, porque es
propietaria, afirma que se ha involucrado "no solo por una cuestión de
solidaridad" sino porque quiere "seguir viviendo en un barrio que sea
como un pueblo, no que esté lleno de turistas y especuladores". Además,
afea que Madrid no tenga una ley autonómica en materia de vivienda, pese
a la ILP presentada por la PAH que PP y Cs tumbaron, que el
Ayuntamiento no ejerza el derecho de tanteo y retracto cuando se vende
un bloque, o que no se regule el precio máximo del alquiler como ocurre
"en ciudades tan comunistas como Nueva York o Berlín", ironiza. "La ley
protege la inhumanidad mientras que lo ilegal se permite, no hay ningún
tipo de actuación", denuncia.
En Santa Ana 6, con los
mismos propietarios que Toledo 77, la situación es idéntica. Un vecino
que quiere mantener su anonimato muestra cómo en uno de los buzones se
puede leer: "Portería. Comunidad de propietarios: Tealrentas, Tolesanta,
Yegucar, Mundi Quo Vadis".
Al subir a su piso,
comenta que ya son cuatro las viviendas que se han quedado vacías este
verano. "Hay pisos turísticos con cerraduras electrónicas en los que
entran con un código numérico", explica. "Escucho desde mi habitación
cómo teclean códigos. Este fin de semana, a las cuatro de la mañana, un
tío completamente borracho…", alcanza a decir antes de que abra la
puerta su compañera de piso, que tampoco quiere revelar su nombre. "Son
ciento y la madre dentro, les dan una llave, montan aquí la fiesta y
luego se pierden. Llegan de madrugada, tocan todos los timbres y no
saben ni en qué piso están", dice.
Ellos denunciaron otra irregularidad. "Tienen que tener
un registro obligatorio por ley, como en los hoteles, para hacer escáner
de pasaportes y entregarlo a la Policía, pero no lo hacen", comentan.
Denunciaron ante la Delegación de gobierno, que tomó nota de la
irregularidad y envió el caso a Comisaría. Este vecino muestra la
denuncia mientras señala la fecha de la carta, fechada el 15 de abril:
"Dos meses después no han hecho nada. Hay una impunidad tremenda".
Mudanzas a la periferia
César será el próximo en
abandonar el bloque. Ya está preparando la mudanza a Carpetana, en
Carabanchel, a cuatro kilómetros de Santa Ana, donde los precios "ya no
son asumibles". "Hasta que acaba Arganzuela, casi llegando a Antonio
López no baja nada de 950 euros por menos 50 metros cuadrados", expone.
La notificación le llegó en mayo, advirtiéndole que su contrato
finalizaba el 30 de junio y que no se iba a renovar. El administrador le
ofreció una renovación del contrato de un año, con una subida del
alquiler del 33%. La situación afecta también a personas que llevan toda
la vida en el barrio, como su vecina de 85 años, que prefiere no hablar
sobre el tema. "Sus hermanos viven fuera de Madrid , pero a ella le
queda solo su red social del barrio y no quiere irse", explica César.
A finales del mes pasado, el fondo Muflina Investments
compró el edificio número 8 de esta calle, que incluye 24 viviendas,
cinco locales y un bar, que también se han unido a Bloques en Lucha. Los
vecinos recibieron el burofax habitual en estos casos. Por ahora se
están asesorando para "intentar alargar lo máximo posible su fecha de
salida", aunque "la sensación de indefensión y el miedo a que tomen
represalias y acelere la expulsión está presente en todos nosotros".
Jacobo
es otro afectado por lo ocurrido en la calle Santa Ana, que también
afecta a comercios como el suyo. Queda algo menos de un año para que
acabe su contrato, y ya da por hecho que se tendrán que marchar. "Hace
un año, esta misma calle era una castaña pilonga: había coches aparcados
[la vía es estrecha, de un solo sentido y ahora hay bolardos que
separan acera de calzada], suciedad y mala iluminación, incluso
peligrosa a según qué horas", recuerda. Esta situación les llevó a crear
una asociación de comerciantes para pedir mejoras al Ayuntamiento, que
accedió a algunas de sus peticiones, haciendo la zona más atractiva y
revalorizándola. "Carmena nos ha dado cancha a comerciantes y vecinos,
pero te lo curras y luego se vuelve en tu contra", admite.
"Nos van a hacer un barrio para ricos"
Encomienda
18 es el otro ‘bloque en lucha’ que se ha integrado en la red vecinal
del mismo nombre. Daniel es agricultor y educador en temas ambientales.
Se para a la entrada de su edificio y señala unas grietas en la pared.
"Esto ha sido por las obras de al lado, que están montando ahora un
hotel", dice señalando a la parcela en la que estuvo, primero, el Teatro Encomienda y, luego, el cine Odeón.
"En el edificio nos conocemos casi todos", apunta mientras detalla que
todo el bloque "pertenecía a una persona que siempre ha vivido en el
edificio, pero el año pasado se lo vendió a otra gente". El nuevo
propietario es Pedro Luis Marijuan Alonso, administrador único de
Encomienda SA y hermano de María José Marijuan, la testaferro de
Francisco Granados que está siendo investigada en la operación Púnica.
En su caso, la subida propuesta era del 55%: de 900 a 1400 euros. Ya
ha visto en Airbnb el piso de su antiguo vecino "por hasta 500 euros la
noche". Y lamenta: "esto no tiene ningún sentido, nos van a hacer un
barrio para gente rica y lleno de pisos turísticos".
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