Las
alertas han saltado entre quienes trabajan con la población más
vulnerable de Andalucía ante el pacto PP y Vox. En el ámbito sanitario,
las organizaciones están preocupadas por la posible exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares,
a quienes el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a garantizar el derecho a
la sanidad mediante Real Decreto el año pasado. Finalmente la extrema
derecha no ha logrado incluir en el acuerdo su propuesta de compartir
datos sanitarios de los inmigrantes con la Policía para expulsarlos,
pero el miedo hará que dejen de acudir al médico, alertan numerosos
colectivos.
El hecho de que los inmigrantes en situación irregular dejen de acudir a su médico de atención primaria pone
en riesgo “la salud individual y colectiva”, alerta REDER,
la plataforma que integran organizaciones como Médicos del Mundo o la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. A la
alerta se han sumado otras organizaciones como Amnistía Internacional y
la Coordinadora ONGD, pero también el colectivo médico.
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha dejado claro que su función, que es atender a las personas, no tiene que ver con el control migratorio.
Aunque
el pacto de PP y Vox no menciona explícitamente que los centros de
salud deban compartir sus datos con la Policía, sí que convienen en
“apoyar documentalmente” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en materia de control migratorio. Esta medida siembra muchas dudas y,
denuncian desde REDER, contradice lo establecido en la legislación
española en materia de protección de datos. Asimismo, el acuerdo entre
las dos fuerzas derechistas habla de acabar con “el turismo sanitario”,
una acepción que siembra “confusión” al confundir el uso que hacen las
personas migrantes con el que realizan las personas de origen alemán,
inglés o escandinavo.
Las
motivaciones de limitar la atención sanitaria a las personas migrantes
son “exclusivamente xenófobas” ya que no obedecen a ninguna lógica.
Según recuerda REDER, diversas investigaciones como la realizada por
el Observatorio Vasco de la Inmigración, demuestran que las personas migrantes
“aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio”.
Además, inciden en que “nuestro sistema sanitario se financia
exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que
vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los
impuestos indirectos que gravan su consumo”.
Estos son los motivos
por los que no es buena idea que los datos de las personas migrantes en
el sistema de salud sean compartidos con la Policía.
El “efecto disuasorio” es peligroso para todos
Es
probable que las personas en situación irregular en Andalucía dejen de
acudir al médico por miedo a que sus datos sean compartidos con la
Policía. Aunque la medida todavía no ha sido implementada, Vox ya ha
lanzado una idea que puede extenderse como un rumor y tener igualmente
un “efecto disuasorio”. Según alertan desde REDER, puede tener efectos
en la salud individual y colectiva. “Una persona puede prescindir de
vacunar a su hijo si tiene miedo”, pone como ejemplo Teresa González,
portavoz de Médicos del Mundo en comunidad autónoma.
Es más costoso para el sistema de salud
El
colectivo médico reivindica que todas personas acudan en la medida de
lo posible a la atención primaria y acudan a las Urgencias solo en casos
extremos. Esto evita costes innecesarios y evita que se colapse el
sistema de Urgencias. Si las migrantes solo acuden al médico en
situaciones de gravedad que se podrían haber solucionado con un
tratamiento sencillo, será mucho más costoso atenderles.
Provoca desconfianza en el sistema de salud público
En
España los datos que aportamos al profesional sanitario son
confidenciales. “Todas las personas sabemos que cuando acudimos al
centro de salud nuestra información personal está a salvo. La gente
acude siempre al médico porque tiene la certeza de que sus problemas no
van a salir de ahí. El problema es que se mina la confianza en el
sistema de salud”, denuncia González.
Los inmigrantes hacen poco uso del sistema de salud
Por
último, los inmigrantes que viven en España son en su mayoría “personas
jóvenes y sanas” que hacen un uso menor de los servicios sanitarios que
la población local, explica REDER. Es falso, por tanto, que colapsen el
sistema y restringirles el acceso podría tener graves consecuencias
tanto para ellos como para el conjunto de la sociedad.
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