Impunes y corruptos
La sospecha de que todavía hay mucho oculto hace necesaria la investigación judicial y policial
Hoy en España existe una sensación generalizada de que políticos de
todos los niveles, empresarios, jueces, miembros de la familia real,
esposas, hijos, cuñados, yernos y primos segundos, y en general
cualquiera con acceso la más mínima parcela de poder, hasta el pequeño Nicolás incluido, se consideran impunes a la hora de corromper y corromperse.
La ciudadanía clama contra tanto corrupto mangante con cuentas en
Suiza y paraísos fiscales, fruto de comisiones y acuerdos inconfesables.
No hay más que ver el barómetro de noviembre recién publicado del CIS
en el que un 63,9% de los españoles consideran la corrupción el
principal problema en España, frente al 42,7% del mes de octubre.
Al realizar el sondeo, había estallado la Operación Púnica, con más
de 30 detenidos entre alcaldes y cargos públicos como lo fuera Francisco
Granados, número dos de Esperanza Aguirre. Se conocieron
también los gastos en viajes del presidente extremeño, José Antonio
Monago, gastos que sugieren al menos una visión poco edificante sobre la
utilización de los fondos públicos. También se obtuvo la impresión de
que al presidente del Congreso no parecía importarle en exceso el
control de los gastos oficiales de los diputados.
Fue en estas circunstancias, un día después del señalamiento de la
ministra de Sanidad Ana Mato por el juez como partícipe lucrativa en el caso Gürtel
y ante la proximidad de unas elecciones municipales, cuando Mariano
Rajoy extrajo del baúl de los recuerdos 70 medidas de regeneración
democrática, la mayor parte atascadas en el Congreso por voluntad de la
mayoría absoluta de su partido, pero anunciadas ahora con alharacas en
un vano intento de recuperar la confianza de los españoles en sus
dirigentes.
Claro que el presidente no parece ahora el más indicado para
adoctrinar sobre regeneración democrática, a la vista de las tramas que
van aflorando en la mayoría de las cuales su partido no sale bien
parado. La impunidad ha reinado durante demasiados años en este país. No
se atajó en su momento; la Transición miró hacia otro lado, como en
muchos otros aspectos, y la cultura de la corrupción se afianzó de
manera “normal” a todos los niveles.
La reforma que ha anunciado
el Ejecutivo no pasa de ser
pura cosmética.
La sospecha de que hay todavía mucho más oculto que lo que ha salido a
la luz hace más necesaria que nunca la investigación judicial y
policial de las conductas sospechosas. Los jueces, por su parte,
proponen medidas de alcance estructural, organizativo y de gestión para
abordar de forma eficaz la lucha contra la corrupción. Frente a esto, la
reforma anunciada por el Ejecutivo no pasa de ser pura cosmética.
Medidas como la separación de procedimientos para evitar las macrocausas
devienen una trampa y constatan el desconocimiento de cómo funciona el
crimen organizado y de qué manera favorece a los corruptos; la
limitación del tiempo de instrucción sin dotar de medios materiales y
humanos es una quimera; la intervención de comunicaciones por el
Ministerio de Interior resucita una práctica olvidada incluso en temas
de terrorismo e introduce la sospecha y desconfianza en los jueces, sin
explicar las razones de esa medida, de dudosa eficacia y alto contenido
político.
En opinión de Transparencia Internacional, España no sufre una
corrupción sistémica, sino una gran cantidad de escándalos de corrupción
política de altos cargos en los partidos. La caída —no excesiva—
producida en los últimos dos años en su puesto del ranking de
países más o menos problemáticos, respondería, según TI al afloramiento
de muchos de los casos de corrupción, la coyuntura económica y la
conjugación paradójica de una mejora de los sistemas de control con la
sensación social de impunidad. No comparto totalmente esta afirmación de
TI, porque probablemente no toma en cuenta todos los antecedentes que
en materia de corrupción se han vivido en España y que sugieren una
tendencia permanente hacia la trampa y el aprovechamiento ilícito, desde
hace muchos años.
Por mi trabajo como juez, no me resultan extrañas las formas en las
que esta lacra se enmascara ni los múltiples tentáculos que desarrolla.
Me entenderán bien jueces, fiscales, peritos, policías y guardias
civiles si hablo de horas innumerables de trabajo ante una red de crimen
organizado indagando desde el extremo del ovillo, tirando con
delicadeza pero con mano firme para no alertar, pero a la vez cerrando
el camino con la urgencia de no permitir que la pista se diluya en la
ciénaga de los paraísos fiscales donde puede desaparecer para siempre.
En España la lucha contra la corrupción, o no ha existido o ha sido
siempre artesanal, antes y ahora. Desde la política y las instituciones
locales, provinciales, autonómicas y nacionales no se palpa una voluntad
diferente a la de la trampa y salir del paso, sin análisis ni
propuestas, o con tantas que solo valen para justificar conciencias y
parar imputaciones de inactividad. Falta un verdadero interés en
profundizar en las causas de la corrupción que se ha llegado a aceptar
como un hecho normal y algo a lo que se “tenía derecho” por el simple
hecho de ocupar el cargo que, a partir de la toma de posesión, pasaba a
ser “mi cargo”.
Las decisiones de combatir la corrupción duran en España el tiempo
exacto para olvidarlas y seguir haciendo lo mismo. Mientras, la profunda
desigualdad que la corrupción genera entre los ciudadanos y en el
propio sistema productivo ni se tiene en cuenta.
En estos tiempos de pingües beneficios de los de siempre, tarjetas black,
cuentas inconfesables, viajes de relax con cargo a lo público, resulta
intolerable que el presidente del Gobierno se limite a “pedir perdón”
por los casos que insistentemente señalan a su partido.
El ciudadano ha aprendido ya lo que es la corrupción y es por tanto
el momento de tomar un papel mucho más activo para combatirla, a nivel
nacional e internacional. Las tramas criminales de corrupción implican a
sindicatos, saquean bancos o trucan concursos y colocan familiares,
amigos o derivados en puestos de trabajo que carecen de explicación o
fondo… ante la parálisis institucional.
Hay que actuar desde la sociedad civil. De lo contrario continuaremos
en esta cultura sin escrúpulos y sin inteligencia que nos acosa.
Recuerdo una anécdota de corruptos que contaba el juez Giovanni Falcone,
asesinado por la mafia, sobre el interrogatorio del jefe mafioso Frank
Coppola. El juez sintió curiosidad y le preguntó: “¿Qué es realmente la
mafia?”. Coppola pensó unos momentos y respondió: “Señor juez:
actualmente son tres los magistrados que desean convertirse en
procuradores de la República. Uno de ellos es muy inteligente, otro está
apoyado por los partidos que forman parte del Gobierno y el tercero es
un imbécil. ¿Quién cree que será el elegido? Pues el imbécil. Esto es la
mafia”, explicó Coppola.
Hoy, Día Internacional contra la Corrupción, apuesto por un futuro
limpio con el esfuerzo de los ciudadanos, de los jueces y de los
políticos honestos que se escandalizan con la acción de sus colegas. Y
abogo por la educación. Definir una cultura de honestidad, de ética, de
transparencia, de servicio público y derechos humanos es el desafío. Esa
medida, señor Rajoy, sí es básica para la regeneración. Con ella,
daremos respuesta a tantos ciudadanos honrados que aborrecen lo que ven y
sufren todos los días por su país que los bandidos quieren repartirse.
Baltasar Garzón Real es presidente de FIBGAR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario