Nada más útil que un apagón estadístico
En el debate sobre el estado de la nación faltaron datos sobre la reforma laboral porque no existen
En el debate sobre el estado de la nación se dieron muchas cifras,
pero brillaron por su ausencia algunas de las imprescindibles para saber
qué está pasando en este país y cuál es el resultado real de las
reformas que se han introducido. ¿Qué efectos, detallados, está
suponiendo la reforma laboral? ¿Y las nuevas tasas judiciales? ¿Cómo
afectan a los pensionistas los pagos sanitarios?
Lo más grave es que esos datos no se utilizaron en el debate simplemente porque muchos de ellos no existen. Porque en este país los Gobiernos siguen utilizando el apagón estadístico como una forma de impedir que se pueda valorar, de manera científica, el resultado de algunas de sus políticas, o decisiones que se toman a bombo y platillo, y que jamás pasan, después, los necesarios controles públicos de eficacia. Apagón estadístico hubo cuando, durante el Gobierno de Aznar se interrumpieron las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales respecto a economía sumergida, o cuando, bajo el de Zapatero, se suprimieron datos oficiales sobre la evolución del precio de la vivienda.
Apagón estadístico hay hoy, y muy grave, según llevan meses denunciando numerosos especialistas, sobre las consecuencias de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Samuel Bentolila y Marcel Jansen denunciaron ya en abril del año pasado en Nada es gratis, el interesante blog de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que no se estaban publicando datos sobre algunas de las novedades introducidas por la reforma laboral y que se estaba suprimiendo “la oferta de datos imprescindibles para evaluarla”. Esta misma semana, Florentino Felgueroso, desde la misma Fedea, lamenta que la Encuesta de Coyuntura Laboral desapareciera a finales de 2012, cuando cumplía 16 años, como también dejó de realizarse en 2010 la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT).
La obligación de los organismos públicos de proporcionar el máximo de datos posibles que permitan la valoración independiente de las reformas legislativas es un rasgo de identidad de las democracias avanzadas. Y es extremadamente útil, porque permite corregir a tiempo los efectos no deseados, modificar los elementos insuficientes y potenciar aquellos que más beneficios supongan para los objetivos propuestos. Las autoridades españolas parecen siempre dispuestas a cortocircuitar los datos que puedan alimentar esa crítica independiente sin comprender, o despreciando, que suelen llevar aparejadas aportaciones enriquecedoras.
En el caso de la reforma laboral es evidente que la recopilación
exhaustiva de datos sobre los efectos que se vayan produciendo es un
requisito imprescindible. Encuestas que no solo registren las altas y
bajas, sino que acumulen información detallada sobre los nuevos
contratos, comportamiento de las empresas según tamaños, organización de
los trabajadores, sistemas de formación y promoción, discriminación de
género… Todo lo que ayude a comprender cómo está funcionando un mercado
laboral, que, con un 26% de paro, constituye, y va a seguir
constituyendo durante bastantes años, el principal problema de este
país.
No es un problema exclusivo del Ministerio de Trabajo, por mucho que en ese caso sea escandaloso. Lo increíble es que en España muchos de los datos que afectan a la vida de los ciudadanos son propiedad de los Gobiernos (nacional, autonómico o local) y que no hay manera de conseguir que se sistematicen y se hagan accesibles a nivel nacional (o federal, o como quieran llamarlo) tanto a esos ciudadanos como a los expertos. Lo ridículo es que en este país muchos especialistas se ven obligados a poner en pie sus propios sistemas de recogida de datos o a utilizar, de rebote, los servicios de estadística de otros países, que, naturalmente, nunca son tan potentes como los que pueden organizar las Administraciones públicas.
La única explicación es que los políticos tengan pánico a que los ciudadanos ejerzan su derecho a algo tan elemental como comparar. Comparar con datos es la manera de saber si las cosas van mejor o peor, no solo en las grandes cifras, sino en las más detalladas, que son las que reflejan, implacablemente, sus verdaderas condiciones de vida.
Lo más grave es que esos datos no se utilizaron en el debate simplemente porque muchos de ellos no existen. Porque en este país los Gobiernos siguen utilizando el apagón estadístico como una forma de impedir que se pueda valorar, de manera científica, el resultado de algunas de sus políticas, o decisiones que se toman a bombo y platillo, y que jamás pasan, después, los necesarios controles públicos de eficacia. Apagón estadístico hubo cuando, durante el Gobierno de Aznar se interrumpieron las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales respecto a economía sumergida, o cuando, bajo el de Zapatero, se suprimieron datos oficiales sobre la evolución del precio de la vivienda.
Apagón estadístico hay hoy, y muy grave, según llevan meses denunciando numerosos especialistas, sobre las consecuencias de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Samuel Bentolila y Marcel Jansen denunciaron ya en abril del año pasado en Nada es gratis, el interesante blog de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que no se estaban publicando datos sobre algunas de las novedades introducidas por la reforma laboral y que se estaba suprimiendo “la oferta de datos imprescindibles para evaluarla”. Esta misma semana, Florentino Felgueroso, desde la misma Fedea, lamenta que la Encuesta de Coyuntura Laboral desapareciera a finales de 2012, cuando cumplía 16 años, como también dejó de realizarse en 2010 la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT).
La obligación de los organismos públicos de proporcionar el máximo de datos posibles que permitan la valoración independiente de las reformas legislativas es un rasgo de identidad de las democracias avanzadas. Y es extremadamente útil, porque permite corregir a tiempo los efectos no deseados, modificar los elementos insuficientes y potenciar aquellos que más beneficios supongan para los objetivos propuestos. Las autoridades españolas parecen siempre dispuestas a cortocircuitar los datos que puedan alimentar esa crítica independiente sin comprender, o despreciando, que suelen llevar aparejadas aportaciones enriquecedoras.
La única explicación es que los políticos tengan
pánico a que los ciudadanos ejerzan su derecho a algo tan elemental
como comparar
No es un problema exclusivo del Ministerio de Trabajo, por mucho que en ese caso sea escandaloso. Lo increíble es que en España muchos de los datos que afectan a la vida de los ciudadanos son propiedad de los Gobiernos (nacional, autonómico o local) y que no hay manera de conseguir que se sistematicen y se hagan accesibles a nivel nacional (o federal, o como quieran llamarlo) tanto a esos ciudadanos como a los expertos. Lo ridículo es que en este país muchos especialistas se ven obligados a poner en pie sus propios sistemas de recogida de datos o a utilizar, de rebote, los servicios de estadística de otros países, que, naturalmente, nunca son tan potentes como los que pueden organizar las Administraciones públicas.
La única explicación es que los políticos tengan pánico a que los ciudadanos ejerzan su derecho a algo tan elemental como comparar. Comparar con datos es la manera de saber si las cosas van mejor o peor, no solo en las grandes cifras, sino en las más detalladas, que son las que reflejan, implacablemente, sus verdaderas condiciones de vida.
solg@elpais.es
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