Canarias La alcaldesa de Mogán comienza a sancionar a los hoteles que acogen a los migrantes llegados a la isla
Onalia Bueno ha cumplido su amenaza después de instar a Migraciones a reubicar a las personas migrantes, que se alojan en establecimientos turísticos, antes de fin de año o sancionaría a los establecimientos desde 30.000 hasta 300.000 euros.
madrid
Actualizado:La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha comenzado a sancionar a los hoteles que acogen a los migrantes llegados a la isla tras el ultimátum que envió al Ministerio de Migraciones para que reubicara a estas personas antes de fin de año.
Según adelanta la cadena SER, el Ayuntamiento ha empezado a denunciar a los alojamientos turísticos en los que duermen menores no acompañados.
La alcaldesa se acoge a la caída del turismo. Un hecho que atribuye a los migrantes que están durmiendo en algunos hoteles y no a que la mayor parte de Europa mantenga cerrada sus fronteras por la pandemia.
Lo que en principio era un amenaza ha obtenido el rechazo del presiente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al estimar que no caben exigencias de este tipo ante la "situación dramática" que entraña la actual crisis migratoria.
El Ayuntamiento de Mogán que se encuentra en el sur de Gran Canaria, donde se ubica el muelle de Arguineguín, había instado al Ministerio de Migraciones a reubicar en recursos humanitarios del Estado a las 3.471 personas migrantes que aloja en diez hoteles del municipio antes de fin de año o, asegura, sancionará con entre 30.000 y 300.000 euros a los establecimientos que cedan sus locales para fines humanitarios.
Entre las personas migrantes ubicadas en hoteles, se encuentran 496 menores no acompañados y un grupo de 90 personas que han dado positivo en covid-19,
a los que se suman otros 2.500 llegados en patera que están acogidos en
cuatro hoteles de San Bartolomé de Tirajana y entre los que no hay
positivos, según ha informado su edil de Turismo, Alejandro Marichal
(CC).
Torres ha pedido este viernes que se haga "un poco de historia" y se recuerde que durante el confinamiento al que llevó el estado de alarma decretado desde marzo en España, período en el que siguieron llegando pateras desde África, el Gobierno canario cedió colegios y albergues propios para que fueran utilizados para dar cobijo a las personas que arribaban a las costas de las islas en barquillas.
Sin embargo, para la alcaldesa "la solidaridad como negocio tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2020, porque el Gobierno tiene que actuar". Si bien, el concejal de San Bartolomé de Tirajana ha precisado que no apoya el ultimátum que anunció este jueves Bueno, ya que su municipio opta por dar unos días al Gobierno para que desaloje los establecimientos vacacionales que ocupa y ha avisado de que si eso no ocurre, el Consistorio se verá obligado a "valorar todas las opciones legales posibles" para recuperarlos.
Repunte migratorio en Canarias
Por su parte, el presiente de Canarias recuerda que con la llegada de la nueva normalidad el Ejecutivo regional tuvo que recuperar los espacios que había cedido para ayudar a absorber el repunte migratorio que afecta este año a las islas.
Fue entonces cuando se produjo "el colapso", dadas las carencias que presenta la red estatal de acogida humanitaria en el archipiélago, que quedó desmantelada tras la crisis de los cayucos de 2006-2007.
Por ese motivo, el Ministerio de Migraciones tuvo que recurrir a firmar contratos con establecimientos turísticos de las islas que tuvieron que suspender su actividad por el cierre de fronteras decretado para tratar de evitar la propagación de la pandemia en el archipiélago.
"La respuesta del sector empresarial entonces fue ejemplar, en el sentido de que reconoció la emergencia y urgencia de la medida, del mismo modo que expuso que debía ser temporal porque los espacios alojativos tienen otro fin, albergar turistas", ha resaltado el presidente canario.
"Lo que no se puede decir es que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si al final es el cinco de enero, ¿los mandamos a la calle?", pregunta Torres
Esos contratos expiran el 31 de diciembre y la intención de Migraciones es que las personas acogidas en esos hoteles estén por entonces "en otros espacios, que es lo que debe ser", ha aseverado Torres en referencia al plan presentado hace días en Las Palmas de Gran Canaria por el ministro José Luis Escrivá y que prevé realojar en breve en campamentos a los 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles para, posteriormente, albergarlos en otras 7.000 plazas habilitadas en inmuebles cedidos por Defensa, Bankia y algunas corporaciones locales.
"Eso es lo que están pidiendo los empresarios, a los que agradezco la colaboración que han tenido. Lo que me parece es que no se puede decir que tiene que ser el 31 de diciembre sí o sí, porque, si finalmente es el cinco de enero, ¿qué hacemos con esas personas, las mandamos a la calle?", ha aseverado.
El titular del Gobierno canario también ha aludido a la petición que ha formulado el Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que "cierre de inmediato" el campamento instalado desde el pasado mes de agosto en el muelle grancanario de Arguineguín, donde este viernes han amanecido 736 personas, según la Delegación del Gobierno en Canarias.
Torres ha informado de que tiene previsto reunirse con el titular en funciones del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien visitará Canarias la próxima semana, y ha recalcado que el Ejecutivo que preside ya había pedido con anterioridad al Gobierno español el cierre de este campamento.
No hay efectos sin causa...
La trama de compra de votos en Mogán alcanza ya nueve investigados y a Ciuca, el partido de la alcaldesa Onalia Bueno
No son tres, ya van por diez investigados. Y el décimo es el partido político local de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). La trama de la compra de votos en 2015 y 2019 en el municipio turístico del sur de Gran Canaria alcanza ya a empresarios de la talla de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín S.A., considerado uno de los sostenes de la alcaldesa investigada por delito electoral y contra la administración pública; al líder de la comunidad marroquí en la urbanización turística Puerto Rico S.A., Marzouk Ghalidi, o al coordinador de áreas Salvador Álvarez, funcionario municipal, que también jugó un papel importante en la anterior etapa de presunta corrupción moganera en el marco de la operación Góndola (2003-2007).
En las diligencias previas 3549/2015 abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (y reactivadas en 2019) no solo figuran investigados los tres detenidos el 17 de septiembre, la alcaldesa, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro (ambos del partido local Ciuca) y la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso (también de Ciuca), sino que otras seis personas también están implicadas en esta investigación de la Guardia Civil.
El nombre más relevante es el de Luis Oller Daza. Presidente de Aguas de Arguineguín S.A, una de las empresas de abastecimiento de aguas que operan en el municipio, se le ha vinculado siempre a intereses relacionados con el ayuntamiento presidido por la alcaldesa implicada, hasta el punto de que Oller, a través de una de sus sociedades, es el propietario de la vivienda donde reside el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, tal y como este mismo reconoció en 2016. En concreto, una de las líneas de investigación se centraría en el control que quiere seguir ejerciendo sobre el abastecimiento de agua que no está centralizado en Mogán, que ha crecido de manera desordenada por el turismo y cuenta con varios suministradores de agua de abasto.
El también propietario de la promotora Cornisa del Sureste SL pretende que el grupo de gobierno de Onalia Bueno le recalifique unos terrenos en Arguineguín, para que su uso pase de deportivo y cultural a comercial con el fin de poder construir un supermercado. Se trata de un espacio de suelo ubicado en Loma Dos de Arguineguín, cuya licencia de obra a favor del comprador del terreno, Lidl, ha quedado “suspendida” hasta que se ejecute una obra de acceso desde la rotonda de la antigua carretera general del Sur GC-500. En vez de dar por caducado el expediente, el grupo de gobierno de Onalia Bueno está “a la espera” de esa obra indispensable de acceso.
Aparte de esta serie de intereses cruzados entre el grupo de gobierno de la alcaldesa y el empresario, el presidente de Aguas de Arguineguín tendría que responder ante el juez instructor y el fiscal sobre la supuesta compra de votos de 2015. Entonces, unas grabaciones publicadas por Canarias Ahora y que fueron incorporadas a la primera de las denuncias abiertas por pucherazo apuntaban a que habría contribuido a la campaña electoral de Onalia Bueno y Ciuca con 240.000 euros. La contrapartida sería, como suele ser habitual, contratos en el ayuntamiento que pasó a gobernar, desde ese año y hasta la fecha, Onalia Bueno.
Los expedientes y documentos requisados en los registros judiciales del pasado 17 de septiembre apuntan a esa línea de investigación. La Guardia Civil estaría siguiendo el rastro del dinero no solo de grandes empresarios que pudieran haber financiado las dos últimas victorias de la alcaldesa, como también sería el caso del líder de la colonia marroquí y empresario del ocio y la restauración en la urbanización turística Puerto Rico S.A., Marzouk Ghalidi Ahaouri. Sobre este investigado, las fuentes consultadas explican que “los marroquíes censados votan lo que él les diga”.
Otro de los implicados es Salvador Álvarez León, funcionario del Ayuntamiento de Mogán al que la alcaldesa le ha otorgado el cargo de “coordinador municipal”, con un rango de mando superior al del resto de concejales aunque no sea cargo electo. De Salvador Álvarez, que ya ha declarado en sede policial ante los agentes de la Guardia Civil como la mayoría de implicados, las pesquisas apuntan desde hace años que pudiera haber financiado a Ciuca a través de un familiar con 66.000 euros, y es conocido por haber estado implicado también el caso Góndola, la anterior operación policial contra la corrupción en Mogán.
Los otros tres investigados son el conocido colaborador de Ciuca José Monzón Trujillo, Pepe El Japonés, que ya en 2016 contaba en unas grabaciones cómo el partido de la alcaldesa había manipulado las elecciones de 2015 y había conseguido financiación de los otros implicados ya citados, y otras dos seguidoras de Ciuca y de la alcaldesa, que también han sido llamadas a declarar como investigadas, Carmen Lidia Caballero Arce y Yasmina Suárez Alemán.
Personarse como parte perjudicada
El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, no solo debe determinar si hay suficientes indicios de delitos cometidos por la alcaldesa de Mogán y el resto de los implicados, incluido su propio partido como entidad jurídica, sino si acepta que el Ayuntamiento de Mogán, dirigido por los propios investigados, se persone en la causa como parte perjudicada.
Así lo ha resuelto la Junta de Gobierno Local que preside la alcaldesa, el 13 de octubre pasado. Basándose en un informe de la letrada municipal y otro de la responsable de los servicios informáticos, en los que se detallan los registros y requisas de expedientes en soportes informáticos, en presencia del secretario judicial “y todo ello al amparo de la autorización judicial dictada en el marco del procedimiento de Diligencias Previas nº 3549/2011 (sic), sustanciado ante el citado juzgado”.
La actuación del 17 de septiembre, en la que el equipo judicial de la Guardia Civil, “al amparo” de la autorización del juez efectúa entrada y registros y las tres detenciones para que los registros se ejecutaran con todas las garantías legales de los detenidos, en presencia de sus abogados, fue cuestionada por la alcaldesa en su comparecencia del día siguiente, dando a entender que fue una acción policial arbitraria porque ella se ha dedicado últimamente a defender los derechos de los migrantes africanos.
Días después, medios afines publicaban que el fiscal del caso, Jorge López Tineo, se había opuesto a las detenciones de los tres políticos de Ciuca y Coalición Canaria. Lo cierto, es que el ministerio público no consideró necesaria esa medida, como tampoco lo que también pretendía la Guardia Civil: realizar más registros en domicilios particulares en busca de más pruebas y evitar la destrucción de las mismas.
El juez se decantó por la vía intermedia: autorizar el operativo del 17 de septiembre pero no en todos los términos planteados por la fuerza policial actuante. Desde entonces se está a la espera de que pasen a disposición judicial los detenidos y el resto de investigados, mientras la Guardia Civil sigue recabando información y procediendo a la apertura del material requisado en sus registros de las oficinas municipales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario