Entrevista Portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem en el Congreso
Joan Mena: "Los castellanoparlantes somos los principales interesados en el modelo de inmersión lingüística"
Paso a paso, la próxima ley de Educación (LOMLOE) va tomando forma con las enmiendas que el Congreso va introduciendo estos días a un texto redactado originalmente por el PSOE y que ahora se adapta a algunas exigencias de otros partidos, cuyos votos necesita el Gobierno para sacar adelante la ley. Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem (UP-ECP), se felicita en esta entrevista de los cambios introducidos por su partido, como la prohibición de ceder suelo público para centros concertados, el veto a los conciertos a colegios que separen a su alumnado por sexo o el (supuesto) blindaje del sistema de inmersión lingüística en Catalunya, del que dice que "los castellanoparlantes, como es mi caso, somos los principales interesados". "Todos estos temas de los que hablamos hoy ha sido gracias a las enmiendas de UP-ECP porque no estaban en la propuesta inicial del PSOE", afirma.
También admite Mena que se les han quedado cosas en el tintero: él cita la Religión y la fiscalización de los pagos que hacen las familias a la escuela concertada como ejemplos. También concede que la bajada de ratios era necesaria: "No renunciamos a ella", explica, aunque no han sido capaces de introducirla en la ley. Sí cree Mena que es el momento de restar peso a la concertada en el sistema ("es una anomalía que tenemos que corregir que mientras en Europa hay un 90% de escuela pública en España esté en el 67%") y lamenta que la derecha "utilice el comodín del Tribunal Constitucional cada vez que se queda en minoría".
Empezamos por lo más reciente. ¿Por qué era necesario eliminar la referencia al español como lengua vehicular si a priori no va a cambiar nada en las clases?
Creo que era necesario para proteger el modelo de inmersión lingüística y para evitar que el PP y Ciudadanos continúen politizando la lengua y el sistema educativo. Le hemos dado seguridad jurídica al modelo de inmersión en Catalunya, la misma que tenía antes de la LOMCE y por tanto de la incorporación por parte del ministro José Ignacio Wert de la definición del castellano como lengua vehicular, y lo blindamos con un compromiso constitucional: que los alumnos que salgan del sistema educativo tienen que conocer el castellano, la lengua oficial en todo el Estado, y las lenguas de los territorios. Evitamos así que se politice el modelo de inmersión en Catalunya y le damos seguridad jurídica a lo que se lleva aplicando en Catalunya desde los 80 con buenos frutos. Creo que hoy las personas castellanoparlantes, como es mi caso, somos los principales interesados en un modelo de inmersión que nos garantiza que al salir del sistema educativo somos bilingües y tenemos las mismas oportunidades que cualquier otra persona en Catalunya.
Pero sabe que media España, y no necesariamente solo los votantes de la derecha, cree que esto es un disparate, que relega el castellano.
Hay mucho ruido. Cuando Wert impuso aquella disposición adicional para que se le pagase un modelo de castellano como lengua vehicular en Catalunya [una norma que aprobó el Gobierno del PP por la que pagaría la matrícula en centros privados a quien quisiera estudiar en castellano en Catalunya], si no recuerdo mal solo lo pidieron unas 300 familias. La realidad es que el modelo de inmersión en Catalunya tiene un consenso político mayoritario, un consenso pedagógico muy importante y, lo más fundamental, un consenso social. Las encuestas dicen que en torno al 80% de los catalanes defiende el modelo porque no va en detrimento de ninguna lengua, sino en beneficio de garantizar una sociedad bilingüe, que es lo que tenemos.
PP y C's han anunciado que van a llevar la norma al Tribunal Constitucional. ¿Esperan que la derecha dé la batalla en los tribunales?
Ya sabíamos que las derechas lo iban a llevar. No están de acuerdo en el modelo de inmersión ni en que se eliminen los conciertos a las escuelas sexistas, ni en aumentar las plazas públicas como hemos aprobado, ni en incorporar la memoria democrática al sistema educativo... Creo que deberíamos intentar hacer entender a las derechas que no vale que cada vez que te quedas en minoría quieran utilizar el comodín del TC. Lo que hacen es deslegitimar un tribunal que hoy ya está profundamente politizado. No tiene sentido que lo lleven, porque creo que la propuesta está blindada constitucionalmente.
Respecto a la inmersión lingüística, ERC, titular de Educació en Catalunya, decía que había que relajar la inmersión un poco si era necesario, flexibilizarla introduciendo más castellano donde pudiera hacer falta. ¿Hay que superar el modelo de inmersión, se ha quedado obsoleto?
La ley de educación catalana ya permite flexibilizar la inmersión. Yo he dado clase de lengua castellana en algunos centros y hay sitios donde el modelo se flexibiliza. La ley manda que cada centro tenga su plan lingüístico; evidentemente no es lo mismo un centro en un entorno con una mayoría lingüística o con otra. Es bueno que los sistemas educativos se adapten al territorio y sean flexibles, pero eso no es contradictorio con blindar el modelo, que ya permite esta flexibilización y que ya se da en algunos centros.
¿Entonces no hace falta cambiarlo?
Lo que necesitamos, y es lo que exigimos a Esquerra, son más recursos. Si no se flexibiliza más es porque se han despedido profesionales en los últimos años, lo han hecho tanto ERC como JxCat. Lo que tiene que hacer el gobierno de ERC y JxCat es apostar por la escuela pública, financiarla, y eso daría más recursos para flexibilizar el modelo, que estoy de acuerdo en que es una necesidad como lo es blindar la educación pública en Catalunya.
¿Cree que habría que explorar la posibilidad de dar clases de lenguas cooficiales en el resto del Estado?
De hecho, alguna vez hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso. Creemos que enriquecería el modelo plurinacional y plurilingüístico que tenemos en el estado. No es de sentido común que en algunos centros centros se pueda estudiar inglés, francés, portugués u otras lenguas europeas y en cambio no pueda escoger estudiar catalán si soy andaluz o gallego en el País Valenciá. Tendríamos que intentar dar esa posibilidad en el sistema, a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa de cuántos ciudadanos de otras comunidades están interesados en las lenguas que son oficiales también en algunas partes del Estado y seguramente nos cohesionaríamos todavía más desde el respeto a la plurinacionalidad y el plurilingüismo del Estado. Y con la lengua, la enseñanza de la cultura tiene que ir asociada.
Han pactado también eliminar los conciertos a los centros que segregan por sexo. Pero el Tribunal Constitucional avaló la medida cuando el PSOE la denunció en la LOMCE. ¿Temen que lo anulen?
Creo que no. La doctrina del TC estaba hecha después de la aprobación de la LOMCE, que permite que se subvencione con dinero público a centros que segreguen por sexo. Pero creo que en un sistema como el nuestro el principio de la coeducación debe estar blindado constitucionalmente. Hace no mucho hubo un debate en España sobre si se debería modificar la Constitución para darle un lenguaje inclusivo, del que carece. No puede ser que estemos casi consensuando que tiene que haber cambios constitucionales para garantizar un lenguaje inclusivo en la Constitución y en las escuelas estemos segregando alumnos en función del sexo. Creo que eso lo defienden muy pocas personas, no solo en España sino en los países democráticos del entorno.
Han aprobado crear más oferta pública de Educación Infantil. ¿Hasta dónde quieren llegar, se ponen un objetivo?
No solo de Infantil, de todo el sistema educativo. De Infantil hemos aprobado también una disposición adicional para un plan a cuatro años, porque es el principal déficit de plazas públicas en el sistema. Pero hemos defendido, en una enmienda propia de UP-ECP a la que hemos conseguido incorporar al PSOE, un aumento de la oferta de plazas públicas de todo el sistema. Partimos de una realidad que no nos homologa con el resto de Europa: somos uno de los países europeos con menos alumnos escolarizados en la red pública, porque la concertada es muy fuerte y tenemos que homologarnos a los principales países de la UE, que están apostando claramente por la Educación pública.
¿Pero le pone cifras a este aumento de la oferta pública?
La media de escuela pública varía mucho en España en función de las comunidades. Aquellas gobernadas históricamente por la derecha están en torno a 60% de escuela pública y 40% de concertada. La media de España ronda el 80%, pero la europea es 90% [es un 67,1% en la pública, 25,5% en la concertada y 7,4% en la privada, según los datos oficiales]. Esto es una anomalía que los poderes públicos tienen la obligación de modificar.
Irá en detrimento de la concertada, entonces.
La ley introduce una cláusula que dice que la escuela pública es la columna vertebral del sistema educativo. Todos sabemos por qué se introdujo la escuela concertada: en los 80, cuando se universalizó el derecho a la educación, el estado no tenía infraestructura para garantizar plazas en la escuela pública. Pero se hizo desde un punto de vista transitorio y subsidiario de la escuela pública, pero eso se ha pervertido en los últimos años con los gobiernos de derechas. La obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho a la Educación, y bajo nuestro punto de vista ese derecho se garantiza a través de la escuela pública.
Estas plazas públicas de Infantil, ¿serán también de gestión pública? Porque hay muchos modelos de gestión de escuelas infantiles.
Nosotros planteamos una escuela pública, gratuita y accesible. Entendemos que ahí está incorporada también la gestión pública. Es verdad que tenemos una realidad muy dispar en cuanto a la escuela infantil. Muchas escuelas dependen de ayuntamientos, están externalizadas algunas, otras pertenecen a gobiernos autonómicos... tenemos la obligación de ordenar el modelo. Se está vulnerando el derecho a la educación en Infantil porque al final solo pueden acceder a la etapa del 0-3 las familias con condiciones económicas que se lo permiten. Es una obligación de los poderes públicos revertir esta situación. Es un compromiso del Gobierno de coalición. En el último proyecto de Presupuestos, en trámite en el Congreso, hay una enmienda de 200 millones de euros para el 0-3 porque todos los informes pedagógicos demuestran que los alumnos que pasan al menos un año en el 0-3 luego tienen más rendimiento.
Cuando ustedes llegaron al Gobierno se encontraron con esta ley ya redactada, que han enmendado en parte. ¿Cuánto de la ley reconoce UP-ECP como propio?
Mucho de lo enmendado. Todo lo que hablamos hoy han sido gracias a las enmiendas de UP-ECP, porque no estaban en la propuesta inicial del PSOE. No estaba el tema de la escuela 0-3, ni prohibir la escuela que segrega por sexo, ni el blindaje de la escuela pública, ni prohibir la cesión de suelo público, ni estaba la memoria democrática, ni garantizar los derechos afectivos sexuales de los alumnos... Creo que la huella que hemos dejado UP-EPC es importante. También reconozco que no hemos conseguido incorporar elementos importantes para nosotros, como sacar la Religión fuera del curriculum y del horario escolar o fiscalizar más los conciertos porque pensamos que no hay la suficiente transparencia en el modelo de escuela concertada en el conjunto de las comunidades autónomas.
¿Fiscalizar cómo?
Tenemos informes, el último es de hace unos años de la OCU, que dice que 9 de cada 10 familias no saben que los pagos son voluntarios, no obligatorios. Pensamos que una de las obligaciones de las administraciones es informar a las familias de sus derechos y de que no tienen obligación de pagar un importe por llevar a sus hijos a la concertada que muchas veces queda disfrazado en conceptos extraños, por decirlo de alguna manera. Creo que se tendría que hacer una labor de fiscalización por parte de las administraciones educativas, y eso no hemos conseguido incorporarlo en la ley.
¿Por qué no se han bajado las ratios en la LOMLOE? Es una de las principales reivindicaciones de los profesores, bien lo sabe usted como docente.
También de UP-ECP. Se ha pretendido hacer de forma indirecta. El Estado destinó 2.000 millones de euros de los fondos COVID para Educación y nosotros pensamos que se tenía que haber aprovechado para hacer de eso una partida finalista y decir a las comunidades autónomas que eso tendría que ir a la rebaja de las ratios. La rebaja es una necesidad del sistema educativo, no solo por seguridad por la COVID, también por criterios pedagógicos. De todas maneras, no renunciamos a seguir presionando para que se pueda hacer. Es verdad que se podía hacer a través de la ley, pero también es cierto que se puede hacer a través de un decreto que despliegue la ley. Seguiremos intentando convencer al PSOE para que sea una realidad en las aulas.
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