El programa de Domènech para el 21-D: 300 propuestas sociales, las olvidadas del procés
'Público' ha accedido al documento con las propuestas
de En Comú Podem para las elecciones catalanas, que debe ser ratificado
este domingo. El texto defiende establecer por ley un porcentaje mínimo
de inversión social, el fin de los conciertos educativos y un programa
piloto para avanzar en el camino hacia la instauración de una renta
básica.
Catalunya lleva meses
abriendo informativos y portadas, pero siempre con temas relacionados
con el procés; la inacción de Mariano Rajoy y su posterior recurso al
155 en su versión más radical; las idas y venidas de Carles Puigdemont,
desde Barcelona o Bruselas o la errática actuación del Parlament; todo
narrado en directo, casi 24/7, pero sin que lo social, los recortes o la
desigualdad en Catalunya fueran mencionados más que de forma
anecdótica. Visibilizar y revertir esta situación es una de las claves
del programa de En Comú Podem-Catalunya en Comú para las elecciones del
21-D, al que ha accedido Público y que todavía debe ser ratificado por su militancia en asamblea, este domingo.
"Durante los últimos años, detrás del
procés, se han olvidado las políticas sociales, y nuestra salida a la
situación nacional también debe permitirnos recuperar la agenda social",
asegura a este diario Marc Parés, coordinador del programa que
abanderará la candidatura de Xavier Domènech. Parés explica que
el documento se vertebra en siete bloques, a su vez estructurados en
"objetivos" -propuestas generales-, que aglutinan varias iniciativas
concretas. De las 170 páginas del texto, cerca de 40 se refieren al eje
social -'Recuperemos la agenda social'-, y se desglosan en
aproximadamente 300 iniciativas concretas -que coparán entre cinco y
seis puestos de las 25 medidas que sus bases designarán como
prioritarias.
Entre ellas, el coordinador de Programa de la candidatura de Domènech destaca la propuesta de fijar por ley un porcentaje de inversión social mínimo
en todos los Presupuestos de la Generalitat —"hoy se destina un 21% del
PIB, pedimos elevarlo hasta el 28%, la media europea"—; también la
iniciativa para implantar un sistema fiscal "más justo y solidario"
—sumado a la recuperación del impuesto de sucesiones o a la eliminación
de beneficios fiscales "a sectores más privilegiados"—, y la idea de
elaborar una "ley de arrendamientos urbanos catalana" —que permita
acotar también el poder de Airbnb y otras plataformas que contribuyen a
elevar los precios de los alquileres—.
"La educación es clave", sentencia, y
esto pasa por la "disminución progresiva de los conciertos" para
priorizar los centros públicos, y por doblar la inversión en educación
"para situarla en lo que prevé la Ley de Educación Catalana" —pasando
del 2,8% al 6% del PIB—. También avanza un plan de choque contra el paro
y la precariedad, y su propuesta de caminar hacia un marco de
negociación colectiva a nivel catalán para "garantizar los derechos de
trabajadores y trabajadoras".
"Queremos capacidad para poder regular y
legislar desde Catalunya", apunta Parés, que denuncia que los
Presupuestos vigentes en este territorio aún arrastran la losa de los
recortes de Artur Mas en 2011, cifrados en torno a los 2.300 millones,
sin que el Govern cesado de Junts pel Sí, apoyado por la CUP, "haya
puesto sobre la mesa las prioridades sociales". "Hay que hacer avanzar a
Catalunya en lo nacional, en la mejora del autogobierno, con
mayores competencias, mayor capacidad de financiación, en la relación
bilateral con España. Vamos a avanzar en esto, pero para que esto sirva
hay que dar respuesta a la agenda social", zanja.
De la eliminación de la religión en las escuelas a la tasa al deporte de élite
En materia educativa, la candidatura pide revocar la polémica LOMCE;
elaborar una nueva Ley de Educación de Catalunya, o revocar los
acuerdos en materia educativa con el Vaticano y con el resto de
confesiones religiosas, así como eliminar la asignatura de religión. Su
propuesta pasa por doblar la inversión en lo que hace referencia a la
igualdad en este marco, y por mejorar las condiciones laborales de
profesores y otros trabajadores del sector. El texto defiende aumentar
el número de becas universitarias, e implantar "progresivamente" un
sistema de tasas de matrícula proporcional al nivel de renta,.
En materia cultural, y además del Pacto
Nacional por la Cultura, o de elevar las partidas presupuestarias hasta
que supongan cerca de 60 euros de inversión por habitante, el texto
desglosa iniciativas que hacen referencia a la industria y otras que
favorecerían el consumo por parte de las familias: pide potenciar el asociacionismo cultural,
elaborar planes de apoyo a las programaciones culturales municipales,
pero también un "Plan de Rescate para los artistas, los creadores y los
trabajadores de las empresas culturales", e instaurar un cheque cultural
para las familias con menos ingresos.
También apunta medidas para apoyar a las
creadoras, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en lo que afecta
al bloque sobre deportes. Aquí, además de abogar por impulsar el papel
de las mujeres en el mundo del deporte, defiende elaborar un protocolo
que promueva la erradicación de actitudes LGTBIfóbicas y
machistas en competiciones deportivas, e incluso instaurar una tasa
especial al deporte de élite, para que revierta en el deporte de base.
De la renta básica a la denuncia de la especulación con la vivienda
Las medidas incluidas en el apartado de
'Justicia Social y Políticas por la Igualdad' se asientan sobre el
mínimo de inversión social que propone el texto, y tienen un importante
componente económico. El documento defiende un programa piloto en
Catalunya para avanzar hacia la renta básica y la instauración de un tipo tributario del 50% para rentas superiores a los 100.000 euros.
En lo tocante a la vivienda, el texto persigue la elaboración de censos de pisos vacíos
para después incorporarlos al parque público de vivienda —mediante
cesiones temporales y otros mecanismos—, impulsar la creación de
convenios de cesión con la SAREB y otros grandes propietarios, y
establecer sanciones por los pisos que pasen más de dos años vacíos.
También propone crear mecanismos para denunciar la especulación con la
vivienda, y que cada pueblo o barrio disponga de un 15% de parque de
vivienda social en 2030.
Recuperar los 1.500 millones recortados en Sanidad
En materia sanitaria, el texto aboga por
recuperar "como mínimo" los 1.500 millones recortados por CiU y Junts
pel Sí en estas partidas, asegurar el acceso universal al sistema
sanitario a todas las personas que viven en Catalunya, y garantizar las
visitas al dentista a toda la población.
En última instancia, la candidatura de Domènech aboga por "desmercantilizar la sanidad en Catalunya, una de las comunidades con un mayor grado de privatizaciones", y por trabajar para reducir las listas de espera.
Un programa pendiente de ratificación
En ocasiones, en un mismo apartado, el
texto vincula políticas sociales con económicas —"el modelo del PP se
basa en el crecimiento económico sin redistribuir"—, pero también
con otras relacionadas con la tecnología o la igualdad. El domingo,
explica Parés, las bases de su partido podrán participar en talleres y
votaciones para priorizar medidas —sin hacer cambios en el documento
actual—.
Elegirán 25 propuestas, que después serán
destacadas en la presentación del programa y en la votación del texto en
su conjunto. Las iniciativas, recopiladas en las últimas semanas por la
acelerada convocatoria electoral —vía 155— provienen de distintos
territorios en Catalunya, y en su elaboración han participado también
militantes de Podem, la marca catalana de Podemos, además de "expertos
sectoriales", aclara Parés.
La España plurinacional y el referéndum pactado
La propuesta de celebración de un
referéndum pactado y la defensa del derecho a decidir cuentan con su
propio bloque. Grosso modo, y recordando que este apartado desarrolla
las ideas aprobadas en la Asamblea Fundacional de Catalunya en Comú, el
texto explica que su propuesta "nacional" se articula en torno a tres
pilares "interrelacionados" que podrían ejecutarse "en paralelo": el referéndum pactado,
la elaboración de un nuevo marco constituyente catalán de amplias
mayorías y la necesidad de reformar la Constitución para que incluya un
reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español y del
derecho a decidir.
Como ya han recogido algunos medios, esto
conllevaría también la aprobación de una Ley de Claridad que requeriría
del respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para
su aprobación, y marcaría los plazos y las formas en los que debería
desarrollarse el referéndum. En ultima instancia, la propuesta también
recoge un llamamiento a la liberación de los "presos políticos",
al abandono de la vía unilateral por parte de organizaciones
independentistas, el rechazo de Catalunya en Comú al 155 y una petición
para que éste deje de estar en vigor.
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