El problema no es el 21D, sino el 22D
Tras las elecciones habrá que comprobar si se puede formar gobierno
y, como consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de
excepción” que supone la aplicación del 155 o no
No cabe duda de que el
auto del juez Pablo Llanera dictado ayer, que el lector con seguridad
conoce, va a tener un impacto en la campaña electoral que comenzó apenas
doce horas después de que dicho auto se hiciera público.
Pero, en mi opinión, el impacto va a ser mayor a partir del 22D. Una
campaña electoral es una suerte de paréntesis, en el que se hace
política de una manera completamente distinta a como se hace el resto
del tiempo. Durante los días de campaña no se gobierna ni se hace
oposición. El enfrentamiento es puramente dialéctico. El impacto de la
prolongación de la prisión provisional de los dos exconsejeros y de los
presidentes de ANC y OMNIUM hará que la carga emocional de los
discursos, de la de todos y no solamente de la de los nacionalistas, sea
mayor, pero de ahí no pasará. La liturgia electoral se desarrollará
según lo previsto y el derecho de sufragio se ejercerá con normalidad.
Pero el 21 al caer la tarde se cierra el paréntesis y
hay que volver a hacer política a partir de la interpretación de la
decisión del cuerpo electoral. Ese es el momento de la verdad. En ese
momento habrá que comprobar si se puede formar gobierno y, como
consecuencia de ello, si se puede levantar el “estado de excepción” que
supone la aplicación del 155 o no.
Porque hasta que
no haya investidura del presidente de la Generalitat, se mantendrá la
aplicación del art. 155 CE, es decir, será el Presidente del Gobierno de
la Nación el responsable de la dirección de la Administración catalana.
El tiempo que se tarde para hacer la investidura no es irrelevante. Es
tiempo de prolongación de la suspensión de la autonomía y de la
ocupación de Catalunya desde el exterior.
Hacer una
investidura en estas circunstancias no va a ser fácil. Ya no lo está
siendo en estos últimos años. Ahí están las últimas elecciones catalanas
o las dos últimas españolas, por no hablar de las últimas alemanas. Y
sin autos de prisión ni querellas por delitos de rebelión ni embargos
vengativos.
Constituir gobierno y salir del 155 CE es
de una urgencia extraordinaria para recobrar una cierta normalidad que
permita vislumbrar un encaje de Catalunya en el Estado, que resulte
aceptable para todos. Cuanto más se prolongue el “estado de excepción”
más difícil va ser encontrar una salida.
Y negociar
la formación de un gobierno con políticos en prisión y bajo amenazas de
querellas por rebelión, si los resultados electorales son los que
pronostican las encuestas, no va a resultar nada fácil. La aplicación
del art. 155 CE es lo que ha conducido a que los miembros del Govern
hayan perdido el fuero y a que, como consecuencia de ello, el Fiscal
General del Estado pudiera soslayar al Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya a la hora de residenciar las querellas por rebelión. ¿Habría
admitido a trámite el TSJC una querella por rebelión como la que han
admitido la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo? ¿Habría adoptado
las medidas cautelares que han adoptado estos últimos?
Sé que es profundamente injusto para Miquel Iceta, pero esto es lo que
ha supuesto el recurso al 155 CE. Antes de apoyar el recurso al art. 155
CE, la dirección del PSOE debería haber exigido al presidente del
Gobierno que diera orden al Fiscal General de que no activara querellas
contra los miembros del Govern y de la mesa del Parlament y menos cuando
se pone en marcha un proceso electoral. La calificación de las
conductas como delito de rebelión y las decisiones de admitirlas a
trámite como tales y de ordenar la prisión provisional han sido del
Fiscal General y de la AN y TS, pero han sido Mariano Rajoy, Pedro
Sánchez y Albert Rivera los que las han hecho posible.
El Fiscal General y los magistrados de la AN o del TS no tienen que
participar en la negociación de la investidura del president de la
Generalitat. Pero el PP, el PSOE y Ciudadanos sí. Al haber posibilitado
la persecución judicial de sus adversarios políticos se han inhabilitado
para entablar una negociación con ellos.
El auto del
lunes, en la medida en que reafirma la calificación como rebelión de
las conductas de los exconsejeros y de los presidentes de la ANC y de
Omnium, uno de los cuales es candidato en la lista de Puigdemont,
consolida y profundiza la fractura que se ha producido a lo largo de
estos años en la sociedad catalana.
Es lo que suele
ocurrir con las decisiones judiciales. Una vez que se han producido, no
hay manera de negociar, de hacer política. Y hay problemas que solo se
pueden resolver haciendo política.
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