¿Cómo es posible que la publicación de los nombres de propietarios de sociedades
offshore
desencadene un escándalo internacional y los ministros de Hacienda de
los países con ciudadanos implicados declaren que son legales? Si la
empresa del primer ministro de Islandia era legal, ¿por qué ha dimitido?
¿Por qué confesado Cameron su participación en una de estas sociedades,
después de haber intentado eludirla? ¿Por qué el hasta ahora intocable
rey de Marruecos está afrontando críticas por aparecer en esa lista?
Dejando a un lado la radical insolidaridad que supone sacar dinero del
propio país, ¿a quién se le ocurre mantener una sociedad opaca en la
otra punta del mundo y pagar impuestos escrupulosamente en España, ambas
cosas durante cuarenta años seguidos, como afirma haber hecho Pilar de
Borbón? Y mantener empresas sin actividad, pagando las minutas de un
bufete panameño, cuando a quien más y a quien menos nos cuesta una pasta
el asesor que nos hace la declaración, ¿qué sentido tiene? Si la
Agencia Tributaria tenía conocimiento del entramado de Panamá, ¿por qué
ha sido un grupo de periodistas quien ha sacado esta información a la
luz? ¿Por qué los inspectores de Hacienda no han podido investigar estas
actividades? ¿Por qué esta lista, después de hacer tanto ruido, no ha
abierto debate institucional alguno sobre la prohibición de los paraísos
fiscales? ¿Por qué los Estados perjudicados no se plantean ejercer
ninguna presión, económica, diplomática o legal, contra estos nichos de
ilegalidad flagrante? ¿Por qué tenemos paraísos fiscales dentro de la
propia Unión Europea? Es que si perseguimos a los ricos, se irán a vivir
a otro país, nos dicen. ¡Ah! ¿Y para qué queremos aquí ricos que no
pagan impuestos?
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Genial, Almudena. Íntegra y lucida. Decente. Gracias!
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