¿Quién ha prevaricado?
En una de sus primeras
sentencias, la STC 6/1981, el Tribunal Constitucional dejó dicho lo
siguiente: "El principio de legitimidad democrática que enuncia el art.
1, apartado 2 de la Constitución es la base de TODA nuestra ordenación
jurídico-política". De TODA. No de una parte. Nada se puede explicar en
el ordenamiento del Estado Constitucional si no es a partir de este
principio de legitimación democrática.
Dicho principio
de legitimación democrática se proyecta en todo el ordenamiento
jurídico sin excepción, pero no lo hace por igual sobre todo él. Hay dos
momentos en los que se proyecta con una intensidad muy superior a como
lo hace en todos los demás: el momento de la elección de las Cortes
Generales y el de la investidura del Presidente del Gobierno.
La Constitución en la definición de la arquitectura del
Estado salta directamente del art. 1.2 : "La soberanía nacional reside
en él pueblo español...", al art. 66.1: "Las Cortes Generales
representan al pueblo español" y del 66.1 al art. 99, en el que se
regula la investidura del presidente del Gobierno. Lo mismo hacen todos
los Estatutos de Autonomía.
La conexión con el
principio de legitimidad democrática de las Cortes Generales y de la
Presidencia del Gobierno es diferente de la que existe respecto de las
demás instituciones. Las Cortes Generales son las únicas que tienen una
conexión directa, pero una conexión directa que, para ser efectiva,
tiene que expresarse en la investidura del presidente del Gobierno. Si
las Cortes Generales en el plazo de dos meses no son capaces de
transmitir la legitimidad democrática que han recibido directamente del
pueblo al presidente del Gobierno mediante su investidura, son ellas
mismas las que quedan disueltas. Bien lo sabemos los españoles.
Las
Cortes Generales y la Presidencia del Gobierno conjuntamente son, en
consecuencia, los órganos constitucionales que hacen real y efectivo el
principio de legitimidad democrática de manera inmediata y directa. Por
ello, son los encargados de la dirección política del país. Lo mismo
ocurre en las Comunidades Autónomas.
Esta relación con
el principio de legitimidad democrática es la que excluye la
posibilidad de que las Cortes Generales o la Presidencia del Gobierno
puedan prevaricar. La prevaricación tipificada como delito en el Código
Penal es la prevaricación judicial o la prevaricación administrativa,
pero no la prevaricación política. Esta última no existe. No puede
existir en el Estado Constitucional democrático.
Y las
Cortes Generales y el presidente del Gobierno no hacen nada más que
política. En cuanto órganos de naturaleza exclusivamente política no
pueden cometer nunca el delito de prevaricación.
En el
caso de las Cortes Generales no es necesario decir nada. En el de la
Presidencia del Gobierno tampoco debería ser necesario, pero a la vista
de sentencias como la de los ERE, está claro que resulta necesario
hacerlo.
El Presidente del Gobierno es una figura
bifronte. Por un lado, es un órgano individual que tiene atribuidas
funciones en cuanto tal. Por otro, es la cabeza de un órgano colegiado:
el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno.
En
cuanto órgano individual los presidentes de Gobierno, de la Nación o de
la Comunidad Autónoma, pueden hacer tres cosas: nombrar y separar a los
ministros o consejeros, presentar la cuestión de confianza y disolver el
Parlamento. El presidente del Gobierno de la Nación puede, además,
interponer el recurso de inconstitucionalidad. Esto es lo único que
pueden hacer. Se trata de actos políticos no susceptibles siquiera de
ser recurridos.
En cuanto presidente del órgano
colegiado dirige la ejecución del programa de gobierno con base en el
cual obtuvo la confianza del Parlamento en la sesión de investidura. El
núcleo esencial de esa tarea de ejecución del programa consiste en la
elaboración de los Proyectos de Ley y de Presupuestos, que tendrán que
ser remitidos a las Cortes para su debate y aprobación. La función
esencial del presidente del Gobierno es dirigir el órgano colegiado con
la finalidad de que las Cortes Generales puedan aprobar las leyes,
incluida la de Presupuestos, a través de las cuales se da respuesta a
los problemas con los que la sociedad tiene que enfrentarse. En esta
tarea no tiene cabida el delito de prevaricación.
Los
ministros o consejeros sí pueden prevaricar en la dirección de su
departamentos. No cuando actúan en el interior del órgano colegiado. El
Consejo de Ministros o de Gobierno no puede prevaricar. Un ministro o un
consejero sí puede hacerlo.
Esto es el ABC del
Derecho Constitucional. Las Cortes Generales no prevarican. El
presidente del Gobierno no prevarica. El Consejo de Ministros o el
Consejo de Gobierno no prevarica. Todos ellos se mueven en el terreno de
la dirección política, de la que está excluida la prevaricación.
En
la parte de la gestión administrativa de un departamento sí se puede
prevaricar. Pero el presidente del Gobierno está fuera de la misma. Es
responsable políticamente de la gestión de sus ministros, pero no puede
serlo penalmente. Un ministro o un consejero puede dictar una
"resolución injusta", que son los términos que utiliza el Código Penal,
art. 404, para definir el delito de prevaricación administrativa. Un
presidente del Gobierno, nunca. El presidente del Gobierno no es
protagonista nunca de un acto administrativo que pueda ser calificado de
prevaricador. Y no lo es por imperativo constitucional o estatutario.
Ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía permiten que esto pueda
hacerse.
Si se me ha seguido hasta aquí, se entenderá
por qué el expresidente Manuel Chaves no ha podido cometer el delito de
prevaricación. Su participación en la aprobación de un Proyecto de Ley
de Presupuestos no puede ser nunca constitutiva de tal delito. Y es así
porque el Proyecto de Ley de Presupuestos tiene un único destinatario:
el Parlamento. El Proyecto de Ley de Presupuestos no está dirigido a los
ciudadanos, sino única y exclusivamente al Parlamento, que puede
devolverlo, admitirlo a trámite tras el debate de totalidad y aprobarlo
tras el debate de las enmiendas de las que haya sido objeto. El Proyecto
de Ley de Presupuestos carece de valor jurídico alguno. Es un documento
de trabajo para que el Parlamento pueda actuar de manera solvente.
Jurídicamente lo único que existe es la Ley de Presupuestos. Todos los
trabajos preparatorios que hacen los ministerios o las consejerías en un
primer momento y el Consejo de Ministros o de Gobierno después, son
eso, trabajos preparatorios, que tendrán valor en la medida en que el
Parlamento los haga suyos. Y a partir de ese momento tienen valor como
voluntad del Parlamento exclusivamente.
En términos
jurídicos el Gobierno no tiene voluntad. Es un órgano que se limita a
posibilitar la formación de la voluntad general por parte del Parlamento
y a aplicarla con posterioridad una vez que esa voluntad general se ha
publicado en el BOE o en el BOJA. El Gobierno contribuye al proceso de
formación de una voluntad ajena, la del Parlamento y se limita después a
ejecutar lo establecido por dicha voluntad. En la Ley de Presupuestos
como en todas las demás. Por eso se le denomina poder ejecutivo.
Es
por tanto, imposible que la inclusión de una partida en los
Presupuestos sea constitutiva del delito de prevaricación. Es
constitucional y estatutariamente imposible. La forma en que el
principio de legitimidad democrática se proyecta en la arquitectura del
Estado Constitucional lo excluye de la manera más radical. Podrá haber
prevaricación en el gasto de las partidas, pero no en su inclusión en el
Proyecto de Ley de Presupuestos. Es sencillamente imposible.
Esto
es lo que desconoce la sentencia de los ERE dada a conocer el pasado
martes. La sentencia supone la negación del principio de legitimidad
democrática tal como está reconocido en la Constitución y proyectado en
la arquitectura constitucional del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
Al condenar al expresidente Manuel Chaves, y
a todos los demás, ya que la condena descansa en la inclusión en los
Presupuestos de una determinada partida con la que se financiaron los
ERE, el Tribunal está subvirtiendo la forma de gobierno constitucional y
estatutariamente definida.
La sentencia es un delito
de lesa democracia. Únicamente desde el desconocimiento más absoluto de
la definición del Estado democrático español en la Constitución y los
Estatutos de Autonomía, ha podido el Tribunal llegar a la conclusión que
ha llegado.
Al condenar por prevaricación de la forma
en que lo ha hecho, es el propio Tribunal el que presuntamente ha
prevaricado, es decir, el que ha sustituido la voluntad general por su
voluntad particular, quebrando con ello la cadena de legitimidad
democrática en que el Estado consiste.
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Nota del blogg:
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Nota del blogg:
Me parece importante aclarar qué es el delito de prevaricación. No todos y todas somos abogadas ni tenemos claros todos los términos concretos de la jurisprudencia.
Esto dice el Código Penal al respecto:
"Pevaricación es el delito cometido por los funcionarios públicos o por personas que ejercen una profesión directamente relacionada con la administración de justicia, delito que consiste en faltar maliciosamente a los deberes que impone su cargo o profesión.
En el derecho español no existe un delito de prevaricación unitario,sino tres figuras distintas, cada una de las cuales contiene diversos supuestos delictivos:
1) La cometida por jueces, cuyos supuestos pueden reducirse a las hipótesis siguientes:
a) Dictar conscientemente, o por negligencia o ignorancia inexcusables, sentencia o resolución injusta en favor o en contra del procesado; b) negarse a juzgar bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley; c) retrasarse dolosamente en administrar justicia.
2)La cometida por funcionarios públicos cuando dictan conscientemente una resolución injusta o cuando estando obligados a ello, y en función de sus cargos, intencionadamente, no persiguieron a los delincuentes.
3)También Pueden incurrir en prevaricación los abogados y procuradores cuando, valiéndose de su profesión, descubran los secretos de su cliente o le perjudiquen intencionadamente, o cuando defienden o aconsejan, sin consentimiento del cliente, a la parte contraria del mismo litigio."
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Según el Código Penal, nuestra querida justicia patria debería repasarse sus propios principios mucho más a menudo de lo que al parecer lo hace. Y si ya lo hace, y no se entera de qué va el asunto y llama prevaricación o currupción, a lo primero que se le pone por medio, y según quién y desde que sigla lo hace, es urgente ir al oculista cuanto antes por miopía y estrabismo exponenciales. O quizás al siquiatra para que le adecente la memoria, a lo mejor todo es el resultado de las prisas por juzgar "al enemigo" y rematarlo antes de que haya que abandonar los tribunales por los inevitables cambios de gobiernos y parlamentos, y dado que en España la separación de poderes es como es, se va procrastinando sin querer -¡vamos a ser optimistas!- en un luego inapetente, el repaso de las leyes que se manejan. Esperemos que sea solo eso y no, que sus señorías no sepan el significado de lo que leyeron y estudiaron -o si no se trató de másteres en la URJC I, o en la Harvard University de Aravaca, of course!, que en España todo es posible menos la normalidad de lo evidente, de lo sano, de lo que ya canta La Traviata estéreo.
A lo mejor todo se reduce a quitarle la venda de los ojos a la Justicia y llevar a revisión su balanza en el taller de la Ética para ajustarle el mecanismo de pesas, medidas y espadazos al buen o al mal tutún. Ains!
La tontuna patriótica tiene sus límites en la capacidad de despertarse a base de hostias y comenzar a juntar cabos entre puñetas, togas y gaviotas al ppairo del pparné, del ppostureo jetulio y del caché. O sea, causas y efectos. Que el marrón franquista nos dejase las neuronas en off durante cuatro décadas y la manzana paradisíaca de Silicon Valey con la ventana cibernética nos intenten dejar, otra vez, medio groguis para que nada cambie, con el cibercambio de herramientas, no significa que nos hayamos resignado ni que estemos dispuestas/os a seguir en Babia y tragando quina por los siglos de los siglos...xd;) ¿Hasta cuándo se aplazará el momento en que la justicia española comience a considerar delito el ultraje constante a la inteligencia del pueblo soberano? Esperemos que lo haga antes de que se derritan los polos y el agua, la tierra, el aire y el fuego se conviertan en plástico. Y que la justicia de hoy derive en una bolsa fósil-virtual no reciclable del cortinglés. No da para otra cosa más presentable en su actual nivel medioambiental.
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Según el Código Penal, nuestra querida justicia patria debería repasarse sus propios principios mucho más a menudo de lo que al parecer lo hace. Y si ya lo hace, y no se entera de qué va el asunto y llama prevaricación o currupción, a lo primero que se le pone por medio, y según quién y desde que sigla lo hace, es urgente ir al oculista cuanto antes por miopía y estrabismo exponenciales. O quizás al siquiatra para que le adecente la memoria, a lo mejor todo es el resultado de las prisas por juzgar "al enemigo" y rematarlo antes de que haya que abandonar los tribunales por los inevitables cambios de gobiernos y parlamentos, y dado que en España la separación de poderes es como es, se va procrastinando sin querer -¡vamos a ser optimistas!- en un luego inapetente, el repaso de las leyes que se manejan. Esperemos que sea solo eso y no, que sus señorías no sepan el significado de lo que leyeron y estudiaron -o si no se trató de másteres en la URJC I, o en la Harvard University de Aravaca, of course!, que en España todo es posible menos la normalidad de lo evidente, de lo sano, de lo que ya canta La Traviata estéreo.
A lo mejor todo se reduce a quitarle la venda de los ojos a la Justicia y llevar a revisión su balanza en el taller de la Ética para ajustarle el mecanismo de pesas, medidas y espadazos al buen o al mal tutún. Ains!
La tontuna patriótica tiene sus límites en la capacidad de despertarse a base de hostias y comenzar a juntar cabos entre puñetas, togas y gaviotas al ppairo del pparné, del ppostureo jetulio y del caché. O sea, causas y efectos. Que el marrón franquista nos dejase las neuronas en off durante cuatro décadas y la manzana paradisíaca de Silicon Valey con la ventana cibernética nos intenten dejar, otra vez, medio groguis para que nada cambie, con el cibercambio de herramientas, no significa que nos hayamos resignado ni que estemos dispuestas/os a seguir en Babia y tragando quina por los siglos de los siglos...xd;) ¿Hasta cuándo se aplazará el momento en que la justicia española comience a considerar delito el ultraje constante a la inteligencia del pueblo soberano? Esperemos que lo haga antes de que se derritan los polos y el agua, la tierra, el aire y el fuego se conviertan en plástico. Y que la justicia de hoy derive en una bolsa fósil-virtual no reciclable del cortinglés. No da para otra cosa más presentable en su actual nivel medioambiental.
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