Supremo error
Las dimensiones del
catastrófico error que acaba de cometer el Tribunal Supremo, al
paralizar la exhumación de los restos del dictador Franco, se verán con
claridad conforme pase el tiempo. La Justicia española tenía ante sí la
oportunidad única de ponerse al día con los tiempos, la democracia y la
justicia en un solo gesto y en una sola decisión. Facilitar que un
gobierno democrático procediera a remover los restos mortales de un
golpista y un criminal como Franco, sin recompensar ni la mala fe ni el
obstruccionismo practicado por la familia del tirano, era un regalo del
destino para una justicia en mínimos de credibilidad, independencia y
eficiencia. Ha preferido tirar esa ocasión a la basura a cambio de
garantizar los derechos de una familia particular por encima de
cualquier otra consideración o bien jurídico.
Resulta
muy difícilmente discutible que, entre proteger el bien jurídico de los
intereses privados de la familia Franco y proteger el bien jurídico de
preservar la efectividad de los acuerdos y decisiones de un gobierno
legalmente constituido para administrar el patrimonio del Estado,
debería haberse impuesto el principio de proteger el bien jurídico
superior y, sobre todo, existente. No existe, ni para los Franco ni para
nadie, el derecho a estar enterrado con honores en un monumento
patrimonio de Estado. A los Franco no se les quita, suspende o priva de
ningún derecho. Al gobierno de todos sí: se le suspende el derecho a
administrar el patrimonio de todos de acuerdo con las necesidades y
demandas del interés general.
Resulta jurídicamente más discutible por qué Franco está
enterrado en un espacio patrimonio del Estado que el evidente derecho de
ese Estado a removerlo. Cuesta trabajo validar cualquier argumento
jurídico que sustente el derecho a estar enterrado en un bien patrimonio
del Estado porque, sencillamente, no existe tal derecho ni podría
existir. Resulta aún más incomprensible que se suspenda una decisión
gubernativa firme para amparar la apariencia de un supuesto derecho.
Alegar que se pospone para proteger los intereses del Estado, en caso de
una sentencia favorable a los Franco, compensa mal con el evidente
destrozo infligido a cualquier estado democrático al cual se suspenda de
su derecho a librarse de los tiranos después de muertos mientras se
analiza la validez de los derechos heredados de la tiranía.
Comparar
el caso de los Franco con el caso polaco y la anulación de la
arbitraria decisión de enterrar a los fallecidos en el accidente aéreo
de 2010 sin atender a las familias es, simplemente, un insulto a la
inteligencia. En Polonia no se dio audiencia a los familiares de las
víctimas, tal y como era y es preceptivo. Aquí no hemos hecho otra cosa
que garantizar hasta el ridículo todos y cada uno de los derechos de la
familia Franco.
Que uno de los magistrados que firma
la decisión del Supremo en lugar de abstenerse por pura prudencia, José
Luis Requero, sea padrino de una de las hijas del abogado de los Franco,
Santiago Milans del Bosch, añade ese toque bananero que tanto nos
recuerda que, en más cosas de las que pensamos, aún vivimos en la
Escopeta Nacional del maestro García Berlanga.
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