Sofía ya es fiscal y Lesmes, el Rey Sol
Hay un poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control
Está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos
Elisa Beni
"Sin una total y plenaria resolución de este gran tema de la justicia administrativa, el Estado de Derecho es literalmente nada"
Eduardo García de Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder.
En esta semana, que Stravinsky no hubiera firmado como
primaveral, hemos conocido diversos hechos que consagran por un lado a
Sofía Marchena como fiscal y a Carlos Lesmes como el Poder Sol. Puedo
decirles ya que no hay en España nadie con más poder que Lesmes y sus
siete acólitos de la Comisión Permanente del CGPJ. Nadie tiene más poder
que ellos porque no hay nadie más en este Estado de Derecho cuyos actos
no puedan ser controlados o fiscalizados por nadie. Y ése es el
verdadero poder. Hoy voy a explicarles cómo estas ocho personas han
conseguido no responder sino ante sus conciencias, si es que las tienen o
están activas. Un poder sin control no es un poder democrático. Y, como
en los buenos relatos, todo está relacionado y al final les va a dar la
impresión de que encajan todas las piezas que durante meses hemos ido
atesorando.
Es obligación, ya les dije, de buen
periodista seguir las historias y, en la era del relato más que nunca,
el lector tiene derecho a saber en qué desembocan aquellas que
iniciamos. Por eso quería contarles que Sofía Marchena ya es la fiscal
35+1 de su promoción y que el Rey le ha hecho entrega esta semana de su
flamante despacho para comenzar su singladura, tras todo este culebrón
que conocemos, transformada inéditamente de la juez que no fue en la
fiscal que ya es. Me cuentan que, a pesar de ser la última a elegir,
dadas las extrañas conformaciones de su plaza, ha podido escoger aún
entre dos destinos y de ellos se ha quedado con Ibiza, desdeñando el de
Olot que también le fue ofrecido. Sofía Marchena ya es fiscal ibicenca
y, además, estos mismos días ha tenido la tranquilidad de ver como la
Sala Tercera del Tribunal Supremo archivaba la demanda
contencioso-administrativa interpuesta por la anómala forma en que
consiguió cambiarse desde la carrera judicial. ¡Llevaba razón ella!, me
dirán. ¡Todo era limpio y legal como proclamaban los tiralevitas de papá
Marchena! No lo sabemos, les respondo. Y no lo sabemos porque el
Tribunal Supremo se ha negado a estudiar el fondo de la cuestión. Lo ha
hecho en una resolución muy curiosa en la que la tradicional asepsia del
órgano se traiciona con un párrafo final que dice: "La inadmisión por
falta de legitimación no está pensada para evitar el examen de asuntos
feos o comprometidos, ni para mirar para otro lado, sino para impedir el
uso del procedimiento para fines distintos de los que le son propios.
Como bien dice el recurrente, no todo vale", escriben los magistrados
airados antes de clavarle el puñal de las costas a la asociación de
juristas que presentó la demanda. No es que estos no supieran que este
iba a ser el final, ni que no tengan preparados los dineros, pero que
los señores magistrados se han picado es obvio. Y el que se pica...
Lo
cierto es que ni la asociación de juristas catalanes que les irrita ni
las asociaciones judiciales, que lo hubieran hecho, ni nadie que no sean
las personas directamente perjudicadas pueden recurrir estos actos de
nombramiento. Simplemente con disuadir a los perjudicados o hacer que no
se enteren en plazo ya basta para consagrar la santa voluntad de un
nombramiento y esto es lo que se hizo en la operación Sofía Marchena, ya
que como rezaba la demanda y yo les he ido contando "se diseñó una
operación jurídica para posibilitar que la Sra. Marchena tuviera la
oportunidad de optar de nuevo entre la carrera judicial y la fiscal".
Por eso se publicó la resolución mollar el día de Nochebuena y por eso
cuando tras el escándalo de la publicación de estos hechos se hicieron
ofrecimientos a las perjudicadas, que figuran en el expediente, estos se
hicieron en fechas en las que ya había vencido el plazo de recurso y
por vías y de forma anómala, tal y como hemos visto en el expediente.
Todo eso ha quedado sepultado por un "no procede". Por eso a una de las
perjudicadas, la que me destapó la noticia diciendo en uno de mis
buzones: "Me llamo X (...) Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA
DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar
futuras irregularidades como esta". A esa perjudicada ya hubo quien se
ocupó de convencerla de que era un lío seguir por ese camino. Borró
hasta las cuentas de correo que usó para enviarme información. No hay
perjudicados o estos han sido convenientemente aplacados. A otra cosa
mariposa. Como si no le importara a nadie más o no tuviera que ver con
la carrera judicial o con la sociedad o con los principios democráticos
que pasen cosas así.
A veces Lesmes y sus siete
vocales colocan a los que quieren, pero sí hay perjudicados que le echan
redaños. Eso es lo que ha sucedido con los nombramientos de Enrique
López y Eloy Velasco, para la Sala de Apelaciones de la Audiencia
Nacional. La Sala Tercera ha anulado este apaño y le ha dado la razón a
los recurrentes que fueron perjudicados, pero Carlos Sol y sus chicos se
han pasado por la toga en la ejecución de la sentencia ese control,
dado que han decidido darle sus plazas a los que eran justamente sus
dueños y, además, dejar a los otros dos adscritos a esa Sala, que no les
pertenece, hasta que las ranas críen pelo. El control de sus actos ha
quedado invalidado así. Su voluntad prima sobre todas las cosas y todas
las instancias.
No es el único caso. En la Audiencia
de Cádiz sacaron una plaza y nombraron por escalafón a un magistrado,
pero resultó incorrecto y el TS anuló la convocatoria ¿Qué han hecho?
Dársela al propietario y dejar igualmente a Juan Sebastián Coloma,
nombrado indebidamente, adscrito a la Audiencia.
Todo
esto solo viene a demostrar que en una sociedad democrática hay un
poder, el Poder Judicial, cuya cúpula se escapa a cualquier control y
que está haciendo y deshaciendo, poniendo a los amigos, copando los
tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus
actos ya que, por vía de ejecución, ignoran a la Sala Tercera. Y viene a
demostrar también que mientras en la jurisdicción penal, en la que se
juegan cosas mucho más graves como la libertad, existe la legitimación
de la sociedad para actuar, a través de la acusación popular, en la
contencioso-administrativa no cabe de ninguna manera la denuncia de las
arbitrariedades sino por aquel que haya sido directamente perjudicado
por ella. Si éste no existe o desiste, la arbitrariedad se consagra. No
tiene sentido en una cuestión tan esencial para la democracia como es la
conformación de los órganos jurisdiccionales que impartirán justicia
para el pueblo. Ni siquiera las asociaciones judiciales, al no tener
reconocida la representación, pueden jugar el papel que juegan los
sindicatos en otros ámbitos de la Administración.
Por
eso, tengo que decirles que Carlos Lesmes, Rafael Mozo, Juan Martínez
Moya, Juan Manuel Fernández, Jose Ballesteros, Alvaro Cuesta, José María
Mazas y Pilar Sepúlveda son ahora mismo los nombres del poder en
España. Forman parte de una Permanente caducada, pero están dejando unos
tribunales a su antojo, con filias y nepotismos incluidos, sin que
absolutamente nadie pueda controlar en algunos casos sus actos. Ya saben
que el Cuarto Poder solo lo es de nombre y que un pobre escribidor a
veces grita y se desgañita sin lograr nada, allí donde nadie más
poderoso lo ha logrado. Aun así es nuestro debe señalar y el de otros
acabar con el atropello
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