La renuncia del magistrado Orduña
Francisco Javier Orduña ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Tribunal Supremo del derecho europeo de defensa de los consumidores, mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos
Especialmente relevante fue su posición ante las ejecuciones hipotecarias que han ocasionado cientos de miles de desahucios de familias
Su presencia en el alto tribunal se echará en falta más que nunca en un momento de profunda transformación de la economía y de las relaciones sociales
La inesperada renuncia
presentada por Francisco Javier Orduña Moreno como magistrado del
Tribunal Supremo ha causado una seria preocupación entre las
asociaciones de consumidores y en medios jurídicos y académicos. El
profesor Orduña ha anunciado que volverá a su cátedra de Derecho Civil
de la Universidad de Valencia, donde proseguirá sus investigaciones
sobre el desarrollo de la teoría de la transparencia del que ha sido un
destacado impulsor en España.
Orduña, (Valencia,
1959) ha desempeñado un papel fundamental en la introducción en el Alto
Tribunal del moderno derecho europeo de defensa de los consumidores
mucho más protector de los ciudadanos frente a los poderes económicos
como el de la banca. Su labor ha quedado patente en relevantes
sentencias de la que ha sido ponente y en decisivos votos particulares
en los que expresaba sus disensiones de la mayoría de magistrados.
Orduña se ha inspirado en los estudios del filósofo y
constitucionalista estadounidense Ronald Dworkin y del ensayista polaco
Zygmunt Bauman. De este último ha tomado la idea de transparencia “como
ideal de lo justo en las relaciones marcadas por la desigualdad de las
partes y, por tanto, como un ideal de protección ética de la parte más
débil, ideal sólido que se aparta de la mera apariencia de lo que él
denominó como posverdad”, como ha señalado en su última obra, La transparencia como valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo.
Según
Orduña, para los españoles es incuestionable que la noción de
transparencia, como ideal o referente, ha arraigado en las aspiraciones
de cambio que reclama la sociedad civil. Señala que estas aspiraciones
comportan “un auténtico cambio de cultura acerca de los nuevos
paradigmas en los que los ciudadanos quieren asentar su relación con el
Estado (transparencia política); su relación con la Administración
pública, como administrados (transparencia administrativa) y sus
relaciones contractuales predispuestas o bajo condiciones generales,
como consumidores o clientes (transparencia privada o contractual)”.
Entre
sus resoluciones más relevantes destaca el voto particular de 25 de
marzo de 2015 en el que abogó por la devolución total de los intereses
indebidamente cobrados por la banca a los titulares de hipotecas con
cláusulas suelo. La redacción de este voto es un reflejo del talante del
magistrado al reconocer su propio error en una sentencia anterior de
mayo de 2013, “en la que yo mismo incurrí al ser firmante de la misma,
sin ninguna observación al respecto”. La devolución íntegra de los
intereses a los afectados por cláusulas suelo fue establecida en
diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
y ha beneficiado ya a más de medio millón de personas a través de
reclamaciones extrajudiciales (525.463) y 81.280 sentencias.
En
el asunto de las cláusulas suelo Orduña presentó nuevos votos
particulares a las sentencias del Supremo (3 de junio de 2016) en la que
ampliaba las reglas de transparencia a una profesional y 11 de abril de
2018, que consideró que las cláusulas suelo rebajadas seguían siendo
nulas. Sus argumentos han servido de base para la presentación de nuevas
preguntas al TJUE.
Mucho más relevante ha sido su
posición ante las ejecuciones hipotecarias que han ocasionado cientos de
miles de lanzamientos de familias. Se trata de un procedimiento de
efectos fulminantes que a partir de la cláusula de vencimiento
anticipado que permiten la ejecución hipotecaria por el impago de una
sola mensualidad. En este caso su voto particular de 23 de diciembre de
2015 señaló que la sentencia el Tribunal Supremo infringía la directiva
europea sobre cláusulas abusivas y que tras la declaración de abusividad
de la cláusula de vencimiento anticipado debía procederse al
sobreseimiento de la ejecución instada. Los razonamientos de Orduña han
sido tomados como referencia tanto por el abogado general Maciej Szpunar
como por la Comisión Europea en sus intervenciones ante el TJUE.
El asunto del vencimiento anticipado es de la máxima actualidad tras la reciente sentencia del TJUE del pasado 26 de marzo.
Hay más de 20.000 expedientes paralizados en las audiencias y juzgados
de primera instancia desde hace más de dos años a la espera de lo que
decidiera la Corte europea a las preguntas planteadas por varios
tribunales entre ellos el Supremo. Juzgados y Audiencias de toda España
están pendientes ahora de la interpretación que haga el Supremo de este
asunto que inexplicablemente no se ha pronunciado a pesar de la urgencia
manifiesta de las familias afectadas. Cuando han transcurrido más de
dos meses desde la sentencia del TJUE, resulta inexplicable que el
Supremo no se haya pronunciado. Su inacción resulta más sorprendente aun
si se tiene en cuenta que varios juzgados ya han interpretado la
sentencia europea y han decido archivar y sobreseer las ejecuciones
hipotecarias que estaban enjuiciando por estimar que el contrato puede
existir sin esta cláusula abusiva.
La renuncia del
magistrado Orduña será efectiva a partir del próximo 30 de junio. No
sabemos si antes de esa fecha el Tribunal optará por dictar la esperada
sentencia. Lo que sí sabemos es que su ausencia en el Supremo se echará
en falta más que nunca en este momento de profunda transformación de la
economía y de las relaciones sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario