LOS RECIBOS DE SU SEÑORÍA

Un vocal del Poder Judicial denuncia al presidente del Supremo por malversación

Gómez Benítez acusa a Dívar ante el fiscal general del Estado de gastar 5.658 euros de dinero público en viajes privados de fines de semana a hoteles de lujo

• Dívar, a EL PAÍS: "Tengo los recibos"
• GRÁFICO: Gastos de los viajes privados de Dívar
• Nota de Dívar tras la publicación de la denuncia
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• Comentario del blog:
• Ay, el Supremo. Ay, los nombramientos "políticos" del Supremo y sus secuelas. Ay, la ley. Ay, la constitución. Ehpaña está en un "¡Ay!" y eso es porque haber, no hay.  No hay dinero. No hay trabajo. No hay justicia. No hay ética. No hay vergüenza institucional. No hay políticos con formación moral suficiente, (ya lo decía López Aranguren, asustado y estremecido por el caso Gal y la venalidad del clan Monipodio del primer socialismo de la democracia en transición), ni tribunales capaces de cortar por lo sano ese tejido enfermo que parte del vértice del poder. De todo el poder. Ejecutivo. Legislativo . Y Judicial.  Hoy reaparece una noticia de ayer. Los gastos incalificables y camuflados de lagarterana del Presidente del Supremo, señor Dívar, que al parecer y según afirma el vocal del mismo Tribunal, Gómez Benítez, ascienden a 5.658.88 € empleados en hoteles y restaurantes de lujo en el malagueño Puerto Banús, donde el supermagistrado Dívar suele acudir con frecuencia a cenar protocolariamente todas las noches de los cuatro días que le duran los  finde de la fiestuki, siempre, qué curioso y chocante, con un solo invitado. Facturas que unidas a los 26.741, 85 € que se pagan a la escolta de seguridad, más los viajes de ida y vuelta  en el AVE, clase Club de la señoría en cuestión , más los tres coches oficiales de la escolta y el desplazamiento de ésta por carretera hasta Málaga desde Madrid, da el resultado de un pastón que, por supuesto, estamos pagando entre todos, los recortados presentes y los recortables venideros. Teniendo en cuenta la inutilidad de un Tribunal que consiente la exculpación de corruptos y quita de en medio a un juez "molesto" por exceso de empeño profesional, demasiada transparencia telefónica y antipatía generalizada entre las togas festivaleras, por querer abrir los armarios apolillados del franquismo, la verdad es que estos abusos del dinero público, siendo materia delictiva, según el artículo 433 de Código Penal que contemplan penas entre seis meses y tres años de suspensión de empleo, para este tipo de malversación de fondos públicos, explican por sí mismos todo el mundo tenebroso y cerril de la hipocresía "justiciera", y para nada justa en que estamos hundidos como sociedad ignorante y manipulada. 

     Y como ciudadana me pregunto ¿es necesario tener un tribunal elegido por ideas políticas y acuerdos apañados y con magistrados afines a las banderías políticas? ¿Están mental y emocionalmente preparados los políticos para elegir magistrados miembros del Poder Judicial con imparcialidad? ¿No se deberían elegir también esos magistrados en los comicios y según sean las cualidades gestoras y éticas de los candidatos? ¿Por qué la formación de ese Tribunal Supremo es tan oscura, desconocida y anónima? ¿Quién puede poner en evidencia las injusticias de un organismo "intocable" porque se sabe al dedillo la ley y la trampa? 

¿Por qué hay que poner escoltas a personajes públicos ?  ¿Por qué no van por la calle como todo el mundo, a su trabajo o a su casa? ¿Por qué tienen que vivir en palacios y no en una casa normal, como el 10 de Downing Street, en Londres donde vive el 1er ministro? ¿O es que el negocio del lujo y la seguridad paranoica que sube el ego de los gobernantes y arruina los bolsillos de los gobernados, es muy rentable para empresas de amiguetes?  ¿A qué y a quién tendría que temer un gestor público que es impecable en su trabajo. Que es justo, honesto y limpio en sus decisiones? ¿Por qué su seguridad tiene más valor que la de cualquier ciudadano si se vive en democracia?

En Valencia, hay diputados que van cada mañana en bici al Parlament. Y lejos de necesitar seguratas para protegerse de sus vecinos, gozan de toda su simpatía.  Aún recuerdo al President Lerma, hace años,  a eso de las nueve de la mañana caminando a mi lado o cruzándose conmigo sin protocolo alguno, como cualquier trabajador, por la calle Navellos hacia  el edificio de Les Corts. Oh tempora, oh mores! Diría Cicerón, una Mónica Oltra  transvasada al siglo II antes de Cristo, cantándole las cuarenta a Catilina, que era  un híbrido entre Camps y  Carlos Fabra en la Roma republicana.

Ya va siendo hora de ahorrar en pijadas y de depurar costumbres idiotas y carísimas. El jerifalte que tenga miedo a sus ciudadanos no debe gobernar ni ocupar cargo público alguno, porque o es un paranoico con manía persecutoria o es un sinvergüenza que teme represalias por las cerdadas  que comete y no tiene la conciencia tranquila. En ambos casos no debería pasar de oficinista anónimo o de subordinado sin responsabilidades fuertes.  Si no hay salud psicoemocional ni tranquilidad de conciencia en vez de cinismo, no se está capacitado para asumir ninguna responsabilidad de estado y micho menos que los ciudadanos le subvencionen sus caprichos y locuras particulares. 

De modo que quienes, en puestos de alta responsabiliad estatal, deseen servicios de seguridad, que se los paguen ellos mismos con su dinero. Como todo el que tiene miedo contrata esos servicios por su cuenta. 

Si no hubiese tanta prebenda, tanta ganancia enchufística y tanto privilegio, sólo los más decentes, responsables y generosos, los más válidos y honestos,  se dejarían elegir para desempeñar la gestión pública. Y eso sí que sería una verdadera democracia. Y no el chiscón de Rinconete y Cortadillo. Como sucede ahora. 

Si el magistrado en cuestión está en entredicho, sólo por eso, ya debería dimitir, si tuviese cualidades reales para desempeñar el puesto que tiene. Un juez que debe defenderse de las irregularidades que comete y dice que sus gastos extras "sólo son una miseria" , no puede juzgar a nadie con equidad.  El delito moral no es cuantitativo, no depende de las cuantía de lo defraudado, sino del hecho en sí. Con eso se demuestra que no sabe aplicar la ley, que debería aplicarse a sí mismo en primer lugar. La dimisión sería el gesto más honroso, en vez de picarse orgullosamente y querer salir    indemne cuando ya será siempre sospechoso con tal curriculum de facturas. 

Un alto cargo del Estado, además de ser honrado, debe demostralo con su impecabilidad en todos sus actos. y si no a casa y a pagar lo que haya gastado de más con el dinero público. Aunque sea la "miseria" de 5.658,88 €, con los que se podrían haber solucionado más cosas de las que su señoría se imagina, inmerso como está, en los mundos de Yuppy.